Negocio enredado

El 16 de diciembre del año pasado, el Consejo Nacional de Estupefacientes aprobó una negociación en la que se permitió que una deuda bancaria se pagara con uno de los bienes que están en proceso de extinción de dominio. Esto no sería noticia si no fuera porque es la primera vez en la historia de la incautación de los bienes al narcotráfico que se utiliza esta figura, permitida por la ley, para pagar una deuda crediticia. Pero no es sólo eso. Cuando la maniobra financiera se les planteó a los 10 miembros del Consejo para su visto bueno, el negocio ya estaba hecho.

Aunque SEMANA no tuvo acceso al acta de esa reunión en donde se discutió la negociación, ésta consistió en entregarle a Megabanco una propiedad incautada al Grupo Grajales en octubre del año pasado, para saldar una deuda que tenían con la entidad siete de las empresas filiales al conglomerado. La propiedad que se entregaba era Frucosta, que operaba en un terreno de ocho hectáreas más 10.000 metros de bodega, en el municipio de Malambo, en Atlántico. La exposición del negocio la hizo Osvaldo Pérez, asesor de la Dirección de Estupefacientes y al mismo tiempo depositario de todo el emporio empresarial, que en su mayoría opera en el municipio de La Unión, en el Valle del Cauca.

Pérez fue convincente en sus argumentos. Les dijo a los miembros del Consejo que se trataba de reducir las deudas bancarias de las empresas filiales al Grupo para darles mayor solidez . Sostuvo que la deuda era de 3.160 millones y que sobre ese valor se constituiría por un año, un patrimonio autónomo a través de una fiduciaria. Bajo esta figura, se entregarían en dación de pago el terreno y las bodegas de Frucosta, avaluados por una oficina privada en 4.514 millones de pesos. También les dijo que si Megabanco llegaba a vender el bien por un valor superior, antes del año, se comprometía a entregar la diferencia a la Dirección de Estupefacientes. Con esta fórmula, según el asesor, se pararía un 'taxímetro' de intereses con Megabanco que desangraba financieramente al Grupo Grajales y se le podía garantizar la estabilidad laboral a sus más de 2.200 empleados.

Ninguno de los 10 miembros del Consejo de Estupefacientes, integrado por cinco ministros y los titulares de la Procuraduría, la Fiscalía, el DAS, la Policía y Estupefacientes, se opuso a la operación financiera. Lo que ninguno sabía era que Pérez ya había hecho el negocio 15 días atrás. El 30 de noviembre firmó una escritura con Juan Carlos Páez, en representación de Megabanco, ante el notario quinto de Bogotá, Jaime Arteaga. De eso no se habló en la reunión. Lo que sí les dijo el asesor era que ya contaba con la autorización del fiscal 13 especializado, Fabio Ramos, quien lleva el caso Grajales, para hacer la negociación. "Eso no es cierto -le dijo el fiscal a SEMANA-, yo le envié un oficio a Juan Carlos Vives, el director de Estupefacientes, el 29 de noviembre, en el que le decía que autorizaba el negocio siempre y cuando estuviera aprobado primero por el Consejo Nacional de Estupefacientes. Esa reunión fue en diciembre y la resolución en la que levanté el embargo del bien se la envié el 24 de enero de este año".

La escritura del contrato dice en la cláusula sexta que se le garantiza a Megabanco que el inmueble está libre de embargos. "Eso tampoco es cierto. Yo no voy a permitir que utilicen a la Fiscalía en eso. Aquí hay una falsedad en documento público porque el bien estaba todavía embargado. En el fondo, yo estoy viendo una corrupción y si hay que reversar el negocio, lo hago ", dijo el fiscal Ramos.

Frente a todas estas dificultades en el manejo de los bienes incautados, surgen inquietudes sobre la conveniencia de la norma jurídica que permite este tipo de negociaciones. Esta es la primera vez que se paga una deuda con un bien que estuviera hasta ahora en el proceso de extinción de dominio. Ni siquiera se han pagado las deudas con la Dian, ni se han resuelto los inmensos problemas laborales que se han presentado o las deudas privadas con bancos por préstamos o hipotecas de bienes inmuebles. Por eso, este caso podría abrir una compuerta para que todos los deudores reclamen sus derechos con la misma fórmula que en este caso benefició a Megabanco.

En un tema tan complejo como el manejo de los miles de bienes incautados, la presencia de los fiscales en los negocios de procesos tan delicados que podrían torpedear su labor investigativa, se presta para malos entendidos y para reclamos de las contrapartes interesadas. En el caso del Grupo Grajales, el fiscal Fabio Ramos tiene la responsabilidad de dirigir la investigación jurídica de 250 bienes, de los cuales 180 son inmuebles rurales productivos, los cuales está obligado a coadministrar con Estupefacientes. Y se complica aún más su situación cuando tiene que aprobar negocios como el de Frucosta y Megabanco, cuando aun no tiene las sentencias ejecutoriadas.

Así mismo no se entiende, después de las amargas experiencias que se han conocido en otras administraciones de esta entidad, que Osvaldo Pérez sea al mismo tiempo asesor de la Dirección de Estupefacientes y depositario de los bienes incautados y administrados por dicha entidad. Es arte y parte. Por algo, le reconoce a SEMANA que la que está cumpliendo "es una dualidad perversa".