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| 3/20/2010 12:00:00 AM

Negocios de familia

El ex personero de Bogotá, Herman Arias, es investigado por irregularidades cometidas durante su gestión en un contrato con el Pnud para administrar 35.000 millones de pesos.

Un nuevo escándalo está a punto de estallar en la Personería de Bogotá, esta vez no en cabeza de Francisco Rojas Birry, a quien la Fiscalía llamó a juicio el viernes anterior por sus supuestos vínculos con DMG, sino de su antecesor, Herman Arias Gaviria.

Durante su paso por esta entidad, entre 2000 y 2008, Arias ejecutó cerca de 35.000 millones de pesos a través de un convenio con el Pnud. Según algunas denuncias que están bajo investigación de la Fiscalía y de la Procuraduría, allí se creó una red familiar que terminó manejando miles de millones de pesos a través de contratos de prestación de servicio y órdenes de trabajo o estudios, entre otros. Estos dineros también pudieron haber alimentado una red en la que estarían implicados concejales, políticos y el mismo Arias, según los denunciantes. En este complejo entramado ya han sido asesinadas dos personas y algunos testigos han sido amenazados de muerte, incluidos las fiscales que llevaban la investigación.

El caso es tan delicado y sensible que el procurador general, Alejandro Ordóñez, tuvo que intervenir a finales del año pasado para evitar que el proceso terminara engavetado.

La polémica comenzó cuando Herman Arias, después de ser elegido personero de Bogotá, continuó el convenio que la entidad había firmado con el Pnud para el mejoramiento institucional, y que era coordinado por Nubia Capera. Esta mujer ya había manejado un acuerdo semejante a comienzos de los 90 en Favidi, cuando era gerente Hipólito Moreno.

Desde un comienzo, según se desprende del expediente, Capera desarrolló contratos de prestación de servicios con hermanos, cuñados, tíos, sobrinos, ahijados y amigos, en su inmensa mayoría sin estudios universitarios, que podían oscilar entre dos y seis millones de pesos. Estas personas tenían que entregarle, según todos los denunciantes, la mitad o más del pago. "Durante mi estadía en el proyecto me di cuenta de que el círculo de personas que allí trabajaban tenían un vínculo familiar o personal con Nubia Capera. Igualmente el personero Herman Arias tenía amigos o familiares conocidos de él", dijo a la Fiscalía uno de los vinculados.

Nubia Capera se apoyó en varios hermanos, especialmente Aleyra; en su amiga Érika Rodríguez Pérez, quien manejaba la contabilidad, y de Juan Carlos Rodríguez, quien era su asistente y terminó a cargo del programa en 2007. Además de esta red familiar, en el proyecto se creó otra red de contratistas a quienes Aleyda Capera y Rodríguez les armaban todos los requisitos con diplomas y certificados no genuinos. Se estima que estos pudieron ser más de 4.000. Y finalmente se generaban foros, capacitaciones sobre derechos humanos, seminarios, viajes y otros tipos de eventos y servicios de los cuales también se desviaban recursos. Incluso los familiares de Capera han dicho, bajo juramento, que Nubia Capera viajó con su familia a "Miami para celebrar el bautizo de la hija de Yohanna Capera, sobrina de Nubia. Ella y sus familiares estuvieron en Punta Cana, Puerto Rico, Argentina y hasta en un 'tour' por Europa bajo el supuesto de ser delegados del programa", dijo otra de las denunciantes.

Los recursos eran recogidos por la misma Nubia o por miembros de su familia, según los denunciantes. "En muchas ocasiones, a raíz de que yo me demoraba en el pago de dichos dineros, Nubia Capera me presionaba y me decía que me acordara que esa plata era para mi 'doc', ya que así le decía Nubia Capera al doctor Herman Arias… ella hablaba de la plata que tenía que repartir a los concejales, no sé los nombres porque Nubia nunca los mencionó pero ella hablaba de 10 concejales".

Pero los problemas comenzaron, según todos los testigos, en 2007, cuando el concejal Wilson Duarte, del Polo Democrático, tomó la decisión de hacer un debate de control político y pidió toda la información. Esto, unido a otras denuncias y anónimos, empezaron a caldear los ánimos en el grupo familiar. Comenzaron a desconfiar los unos de los otros como autores de los anónimos, y a tener miedo porque algo grave iba a pasar. Mientras Duarte tuvo que insistir durante meses con sus colegas y con el mismo funcionario para realizar el debate, Érika Rodríguez, quien llevaba la contabilidad, empezó a ser presionada.

De hecho, archivos encontrados en su computador muestran mes por mes quiénes eran supuestamente los contratistas reales, los que eran ficticios y los supuestos compromisos de dinero o de cargos que el personero tenía con concejales y políticos.

Frente a los hechos, el Pnud exigió la salida de Capera, su hermana y su cuñado. Y el entonces personero anunció el fin del convenio en 2007, seis meses antes de vencerse. "El personero manifestaba que así no fuera funcionaria, Nubia tenía que cerrar el proyecto y es aquí cuando presionan a mi esposa a terminar un trabajo que le habían asignado porque un concejal quería saber qué dineros, peso por peso, se habían gastado en el proyecto", dijo a la Fiscalía Giovanny, esposo de Érika.

Días después, al llegar a su casa, Érika fue asesinada de varios disparos. Y según el concejal Duarte, a los pocos días recibió llamadas que le advertían que si no se detenía en sus denuncias iba a correr la misma suerte de Érika. "De inmediato denuncié todos los hechos ante la Fiscalía". También una de las personas, que curiosamente aparece mencionada en el proceso y trabajaba para un concejal, fue asesinada a finales del año pasado.

Durante dos años los testigos fueron amenazados de muerte y las pruebas, según fuentes de la Procuraduría, fueron recogidas de manera muy lenta por la Policía Judicial. De hecho hubo pocas investigaciones sobre el tema financiero o el enriquecimiento de la familia Capera. Finalmente, en diciembre pasado, la directora de la unidad de delitos contra la administración pública estaba enterada de que la fiscal del caso se encontraba lista para llamar a imputar a Nubia Capera y al ex personero, pero a la primera el vicefiscal, Fernando Pareja, le canceló su nombramiento en provisionalidad y la segunda fue trasladada de unidad y después removida de la entidad.

Según varios medios, la funcionaria fue desvinculada por tener una relación cercana con el concejal Duarte. Este último, sin embargo, dice que conoce a la fiscal porque durante dos años estuvo aportando pruebas con el fin de que se hiciera justicia. "Estamos en una inversión de valores, donde los denunciantes, los amenazados de muerte ahora somos los malos". Respecto a lo anterior existen decretos que demuestran que el vicefiscal, Fernando Pareja, y el director de Fiscalías, Germán Enciso Uribe, fueron personeros delegados de Herman Arias y fueron personas claves en su administración. Incluso la esposa del mismo vicefiscal también fue personera entre 2007 y 2008. Sobre el particular, el concejal Duarte cuestionó "por qué el vicefiscal no se declaró impedido. La Fiscalía debe ser amiga de los denunciantes, de las víctimas, y no de los malos".

Frente a todo esto, la Procuraduría decidió en diciembre tomar copia del expediente y comenzar una investigación disciplinaria contra Herman Arias. SEMANA intentó contactar a Nubia Capera pero no fue posible. Claro que en una entrevista en El Tiempo dijo que ella no había incurrido en ninguna irregularidad. "Nosotros no trabajamos con las leyes colombianas, tenemos nuestro reglamento. Y si yo tuviera la oportunidad de ayudar a mi familia, lo haría". Jaime Lombana, abogado de Herman Arias, le dijo a SEMANA que no hay ninguna relación entre todas las personas nombradas y que atestiguan en el proceso con el ex personero.

Mientras que el proceso penal quedó en manos de una nueva fiscal, hay una serie de interrogantes pendientes. El tiempo y la justicia tienen la palabra.
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