La contrarreforma de Néstor Humberto Martínez

Eduardo Motealegre se indignó cuando el presidente  Juan Manuel  Santos no incluyó en la terna para fiscal a su número dos, Jorge Perdomo. No le faltaba razón. Perdomo hubiera protegido su legado, cosa que muy probablemente no sucederá con Néstor Humberto Martínez. Aunque ninguno de los protagonistas lo reconoce, sutilmente en ese organismo se puede estar dando una contrarreforma contra la reestructuración faraónica del exfiscal.

Así lo dejó ver Martínez en su discurso de posesión el lunes pasado en la Presidencia de la República. El jurista aseguró que cumpliría su promesa de convertir a la Fiscalía en el proyecto de gerencia pública más ambicioso de los últimos años. Y remató con el anuncio de que comenzaría a hacer en la entidad una “profunda e ingeniería institucional”.

Los primeros pasos de esa transformación comenzaron la semana pasada.  El lunes en la tarde nombró vicefiscal a la negociadora en La Habana María Paulina Riveros, y al abogado Fabio Espitia en el cargo de jefe de delegados ante la Corte Suprema. Ambos nombres comparten las mismas características: son técnicos, tienen prestigio académico y no son cuotas políticas. Con esta primera decisión dejó claro que, al contrario de las críticas que se le anticiparon, el liderazgo de la justicia no quedarán en manos –por ahora- de quienes lo apoyaron en la corte, ni de Cambio Radical.

El martes, el fiscal presentó un paquete de reformas que aterrizan esa reingeniería. El primero es una respuesta a la interinidad vivida después de que Montealegre y Mario Iguarán terminaron sus periodos. 

En el proyecto de ley, Martínez pide que el vicefiscal no quede al frente de la entidad cuando al fiscal culmine su mandato o falte de manera absoluta. En ese caso, propone que el presidente de la república designe un reemplazo, que a su vez debe ser aprobado por la Corte Suprema. Así mismo, obliga al presidente a presentar inmediatamente la terna para la próxima elección.

El segundo proyecto responde a la principal crítica contra Martínez durante el proceso de elección.  En ese momento se decía que por ser  un abogado con tantas relaciones en el mundo del poder podría tener conflictos de intereses al ejercer el cargo más poderoso del país después de la Presidencia. Antes de que esas críticas aparezcan, el fiscal presentó en el Congreso otro proyecto de ley para sortear esas eventualidades. Propone que  la Corte Suprema de Justicia designe en esos casos un fiscal ad hoc para los procesos afectados. 

El tercer proyecto es quizás el que tiene más alcance. Martínez propone crear un alto cargo que no sea nombrado por él, sino por la Corte Suprema de Justicia. Se trata del director de Control Interno, una especie de auditor de los multimillonarios presupuestos de la entidad. Este deberá presentar cada año un informe detallado de la administración de ese organismo.  

La propuesta tiene un trasfondo importante porque una de las principales críticas contra Montealegre fue su renuencia a rendir cuentas de esos dineros, en especial cuando el Congreso lo citó para ese fin. Como recordó Martínez en su posesión, gracias a la Presidencia el presupuesto de la Fiscalía creció un 60 por ciento, por lo cual ahora cuenta con más de 26.000 funcionarios. Hace dos años, Montealegre presentó esa reforma como uno de sus proyectos bandera. La renovación fue total. 

En resumen se trataba de que el Estado le entregara más de un billón de pesos adicionales al año a la Fiscalía, con lo cual se podían crear, entre otras cosas, puestos para 3.200 nuevos funcionarios, entre ellos 1.000 fiscales.

El tema no solo era de número, sino de contenidos. La investigación penal cambió y se incluyeron nuevas teorías como la priorización de casos y el contexto, que aún generan amplias críticas entre algunos juristas. Así, a la Fiscalía entraron muchos abogados y profesionales de otras carreras que llegaron a trabajar en temas diferentes al día a día de esa entidad. Eso generó resultados en algunas investigaciones, pero también un profundo malestar entre los funcionarios que llevaban décadas allí y que vieron cómo personas –según ellos sin experiencia– llegaron a tener más responsabilidades y mejores sueldos. Como la Fiscalía no ha podido desarrollar totalmente el concurso para sus empleados, todas esas personas nuevas hoy tienen cargos de provisionalidad, lo que quiere decir que no pueden ser despedidos sin justa causa. Así, el tiempo terminó por darle la razón al exfiscal Alfonso Gómez Méndez, quien se enfrentó a la reestructuración de Montealegre en ese momento y renunció
después de no aceptar firmarla como ministro de Justicia.

Martínez ha comentado en sus primeras reuniones que hay que ajustar ese modelo. Por ejemplo, con la reforma de Montealegre se concentraban en el vicefiscal muchas de las tareas de la entidad. Se sabe que el nuevo fiscal está trabajando para crear otros dos cargos de ese tipo: uno para la seguridad ciudadana y otro para la alta criminalidad. Se da por descontado que cuando eso suceda, María Paulina Riveros quedará como vicefiscal para los temas de justicia transicional, tema del que viene de trabajar y es experta.

También ha hablado de que los funcionarios de la entidad deben estar dedicados a ser fiscales a la investigación judicial, y no a cargos de asesoría. Hoy, por ejemplo, más de 600 fiscales no ejercen esas labores, pues tienen cargos administrativos. Por cuenta de esto, de los 3 billones anuales del presupuesto de la Fiscalía, más del 90 por ciento se van en gastos de funcionamiento. Hasta ahora se sabe que Martínez quiere hacer grandes inversiones. Por ejemplo, ha dicho en privado que quisiera construir un nuevo complejo judicial como el de Paloquemao, que podría costar varios miles de millones de pesos.  También anunció que eliminaría los embajadores que tenía la Fiscalía en diferentes países.

Los proyectos de ley que presentó esta semana no resuelven todas esas propuestas, pero sí dan puntadas importantes. Sin embargo, el tema que seguramente le preocupará a Montealegre es SaludCoop. En su momento, la denuncia de la excontralora Sandra Morelli, según la cual el entonces fiscal se habría beneficiado del descalabro de la EPS, pues era su principal asesor jurídico, y por eso no avanzaban las investigaciones, se convirtió en una de las peleas más álgidas vividas en el país. Por eso, en la posesión de Martínez sorprendió que el mismo presidente pidiera mover esa investigación. Como Santos suele ser bastante prudente, esa frase fue interpretada como una sacada de clavo. Al fin y al cabo la demanda que presentó Montealegre tumbó la reforma de equilibrio de poderes, una de las banderas del gobierno. El nuevo fiscal, en un desayuno con periodistas el pasado jueves, anunció que en un mes entregaría resultados. 

Todo eso ha dejado la impresión de que lo que está pasando en la Fiscalía no es una simple transición, sino que podrá venir un gran revolcón con espejo retrovisor a bordo.