NI CHICHA NI LIMONA

El martes de la semana pasada, después de ocho intensos debates en Senado y Cámara, el Congreso de la República aprobó la extradición de nacionales. En medio de un ambiente caldeado por las opiniones encontradas tanto de defensores como de detractores, la decisión fue adoptada por 119 representantes, que dijeron sí a la extradición pero sin retroactividad, contra 38 que prefirieron votar por la incondicionalidad de la norma.En esta oportunidad la aplanadora de parlamentarios leales al gobierno no escuchó las sugerencias de los ministros del Interior, Carlos Holmes Trujillo, Relaciones Exteriores, María Emma Mejía y Justicia, Almabeatriz Rengifo, y prefirió revivir el mecanismo de extraditar a los nacionales pero con la condición de que dicha herramienta "no procederá cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad a la promulgación de la presente norma".Pese al esfuerzo de los ministros y de los gremios económicos, que hasta última hora hicieron lobby para sacar adelante la norma sin condicionamientos de ninguna clase, lo cierto es que para algunos analistas quedó la sensación de que el gobierno debió emplearse realmente a fondo desde un principio si pretendía convencer a los parlamentarios de las ventajas de la extradición con retroactividad. Es un hecho que el gobierno no se mostró convincente a lo largo de todo el proceso, sobre todo al comienzo del mismo, y que ello influyó a la hora de la decisión final. "Mientras Samper decía que la extradición no era tema de la agenda, el entonces ministro de Justicia, Carlos Medellín, afirmaba que sí y 10 veces sí a la extradición", dijo un analista a SEMANA.¿Lo que sigue?El presidente Ernesto Samper llamó al resultado una derrota decorosa. Este calificativo refleja sus sentimientos sobre el desenlace. La estrategia del jefe de Estado era quedar bien con Estados Unidos sin que le tocara aplicar a él la extradición. Lo segundo lo logró, lo primero a medias. Es un buen balance. En el fondo el Presidente fue un maestro en el manejo de todo este proceso. La verdad es que él nunca fue partidario de la extradición y menos con retroactividad. Esto no obedecía necesariamente a compromisos con los Rodríguez Orejuela. Podían existir desde razones filosóficas hasta consideraciones de tipo puramente jurídico. Sean cuales fueren los motivos es evidente que nunca ha querido extraditar a los Rodríguez Orejuela. El asunto de la extradición jamás ha podido definirse en blanco o negro. La realidad jurídica es que la extradición no es una pena sino un procedimiento, por lo tanto su aplicación retroactiva no viola el principio universal del derecho penal sobre la favorabilidad para el reo. Pero en la práctica los narcotraficantes consideran la extradición como la pena capital. Aunque la figura de la extradición siempre será polémica lo cierto es que el manejo de las relaciones exteriores de Colombia en la coyuntura actual exigía su implantación. Con esta presión encima Samper se vio obligado a asumir posiciones públicas cada vez más contundentes en contra de sus convicciones iniciales. Algunos de sus más poderosos aliados, comos los 'cacaos' y varios de sus propios ministros, estaban a favor de la extradición con retroactividad y tenía que hacerles el juego. La estrategia del primer mandatario consistió en ser contundente a favor de la extradición en los pronunciamientos públicos y discreto en las reuniones privadas. Exactamente lo contrario de lo que ha hecho cada vez que ha tenido que 'ferrocarrilear' una iniciativa suya en el Congreso. Como los congresistas cercanos a él eran los más recalcitrantes enemigos de la extradición bastaba con dejarlos en libertad para garantizar el hundimiento de la retroactividad. El único lujo que no se podía permitir el gobierno era que se hundiera la extradición completa. Y esa batalla sí la libró a fondo. Cuando los futuros historiadores, alejados del calor de la inmediatez, registren este episodio sin duda considerarán que la "derrota decorosa" de Ernesto Samper fue en realidad una de sus más grandes victorias políticas. Estados Unidos, obviamente, no está satisfecho pero no tiene argumentos para crucificar al Presidente ni al país por un resultado que, como ellos mismos reconocieron, es un paso hacia adelante aunque modesto. Samper lo único que tenía que buscar era que Estados Unidos no tuviera una justificación para imponer sanciones económicas. Una descertificación más no es mortal y los colombianos ya se acostumbraron a vivir con ella. Las sanciones económicas sí hubieran sido funestas para el país y para la imagen del jefe del Estado. Aunque nadie sabe qué va a suceder a este respecto los pronósticos son optimistas. Imponer sanciones económicas al terminar el gobierno de Ernesto Samper sería contraproducente para Estados Unidos. Equivaldría a castigar al gobierno entrante por las culpas del saliente. A estas alturas no tendría posibilidades de producir la caída del Presidente pero sí podría terminar consolidando a Horacio Serpa al convertirlo en el beneficiario directo de un sentimiento masivo antiyanqui. Por todo esto lo más probable es que vaya a haber más presión, más amenazas pero no sanciones.