Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 2007/02/03 00:00

Ni juicio, ni limoná

El Presidente alborotó el avispero al hablar de un proceso al Estado por permitir el avance de los paramilitares, y ahora quiere calmarlo ¿Podrá?

Frente a los magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica, el presidente Álvaro Uribe esgrimió los argumentos que sustentan su tesis de la necesidad de hacer un jucio al Estado. Su discurso fue preparado con antelación y cuidado, pero según, él luego fue malinterpretado

En los días previos al viaje del presidente Álvaro Uribe a Costa Rica el pasado 26 de enero, el primer mandatario y algunos de sus asesores se reunieron en su despacho para discutir las ideas que tenía sobre el discurso que pronunciaría en ese escenario. Ante el Presidente estarían los magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el más alto estrado judicial del sistema hemisférico de justicia, que en los últimos años ha proferido varias condenas contra el Estado colombiano por acción y por omisión de hechos violatorios de los derechos humanos.

Uribe sabía la trascendencia de esa visita, y de esa reunión preparatoria surgió un documento que luego se convertiría en las palabras que el jefe del Estado pronunciaría ante tan especializado público. Allí defendió el concepto de la Seguridad Democrática, hizo el recuento de la entrega de las armas y de las desmovilizaciones que ha logrado su gobierno y comparó estos con los resultados de otros procesos de paz del pasado, especialmente el del M-19. A renglón seguido afirmó que los grupos paramilitares habían surgido por 'otras' circunstancias históricas "como una respuesta a un avance guerrillero contra la población que no tenía confrontación de parte del Estado".

Ese mismo día, el senador del Polo Democrático Alternativo Gustavo Petro, férreo opositor del gobierno, reiteró públicamente las amenazas que dice haber recibido su familia. Manifestó que éstas eran provocadas por las investigaciones que adelanta para un debate que dará en marzo sobre la penetración del paramilitarismo en el departamento de Antioquia durante la gobernación de Álvaro Uribe (1995-1997). Habló de hacer una especie de juicio al Estado representado en Uribe como gobernador y a miembros de su familia.

Fabio Valencia, alto consejero del Presidente, le contó a Uribe el contenido de las declaraciones de Petro y, según le contaron a SEMANA fuentes cercanas al primer mandatario, el jefe de Estado montó en cólera. Al otro día llegó al consejo comunitario de Pereira, con la idea de retomar, en palabras más coloquiales, la tesis esgrimida sobre el proceso de los paras y la aplicación de la Ley de Justicia y Paz a los jefes paramilitares desmovilizados que esgrimió ante los magistrados en Costa Rica. Allí habló de la necesidad de que se hiciera un juicio al Estado por el abandono del territorio y la falta de garantías.

Las reacciones a las palabras del Presidente no se hicieron esperar. Aunque las interpretaciones sobre la necesidad de este juicio histórico fueron variadas, una primó sobre las otras: el objetivo de Uribe era atacar a sus antecesores para responsabilizarlos del crecimiento y la penetración de los grupos paramilitares en el país. Los ex presidentes Alfonso López Michelsen, Ernesto Samper y Andrés Pastrana salieron en fila a fustigar al mandatario y poco a poco se fue armando un debate sobre el pasado y el presente, que tiene como telón de fondo el proceso que adelanta la Corte Suprema sobre la llamada para-política.

En la Casa de Nariño quisieron ponerle punto final a la discusión. Consideraron que las palabras del Presidente fueron mal interpretadas y mal entendidas. Y que aún no hay comprensión de los fundamentos filosóficos de la reflexión del mandatario sobre el proceso de la verdad y de las investigaciones de la Corte. Por eso, al llegar de Pereira y aterrizar en la base aérea de Catam, Uribe y su equipo de confianza -Bernardo Moreno, secretario general; Jorge Mario Eastman, asesor de comunicaciones, y su escudero José Obdulio Gaviria- se reunieron para analizar el alcance del debate que para esa hora ya se estaba dando en los medios sobre sus palabras. Llegaron a la conclusión de que era inconveniente que siguiera haciendo curso la idea de una retaliación a los ex presidentes. "Es cuestión de una preposición, no es contra el Estado, sino al Estado, y eso marca una profunda diferencia", aseguró a SEMANA Gaviria, quien siempre es el encargado de explicar, en sus palabras, las del Presidente.

Pero la sutileza no es fácil de entender. Sobre todo porque el Presidente habló en palabras coloquiales que no dejan mucho espacio a interpretaciones muy elaboradas. Si bien no habló de un juicio a los ex presidentes directamente y su intención puede no ser esa, es innegable su significado a la hora de escribir las páginas de la historia del país.

Si un jefe de Estado dice que: "El país había perdido la soberanía real, amplias regiones de Colombia, en ellas ya no ejercía el Estado su soberanía efectiva" y le agrega que "el poder efectivo lo habían asumido, primero guerrilleros y después guerrilleros y paramilitares, ambos terroristas, ambos financiados por el narcotráfico". Y remata con que "La circunstancia de que el país había perdido la soberanía real amerita otro juicio, el juicio al Estado. El Estado fue el que creó las condiciones para que todos estos terroristas se apoderaran de las regiones, porque el Estado ignoró la seguridad"; se está hablando algo más que semántica.

Según José Obdulio Gaviria, ni el país ni los formadores de opinión entienden aún la postura ideológica del Presidente acerca de la para-política. Esta se sustenta en que los jueces deben tener en cuenta las consideraciones de modo, tiempo y lugar en las que ocurrieron los hechos, a la hora de juzgar a los particulares que resulten inmiscuidos en procesos judiciales por vínculos con los paramilitares o con paraguerrilleros, como él llama a las milicias de las guerrillas.

"No se pueden convertir en culpables unas personas que pueden haber sido víctimas" explica, porque el estado de indefensión puede haberlos conducido a cohonestar actos ilegales para salvar su vida. Para el gobierno, según esta explicación, se trata de que se tengan en cuenta las 'circunstancias' en las que se produjeron los hechos investigados y que eso sea un atenuante que tenga en cuenta la justicia. Pero eso sí, sacando siempre a colación que en el pasado, los procesos de paz anteriores fueron demasiado laxos al permitirles a ex guerrilleros llegar incluso a "aspirar a la Presidencia".

Con estas tesis, el Presidente quiere llevar el debate a que el país entienda que está terminando la época de la llamada solución política negociada al conflicto. Según Uribe, ese es el camino a la permisividad de unos actos que no pueden ser calificados como delitos políticos y muestra como ejemplo la Ley de Justicia y Paz, como la opción de una verdad sin impunidad.

La complejidad del debate y los ánimos que exaltó Uribe con sus palabras demuestran lo lejos que aún está Colombia de asimilar y de entender cuál es el norte del proceso que está atravesando. Según cuentan en la Presidencia, en los últimos días al presidente Uribe se le ha oído hablar mucho en su círculo cercano sobre la necesidad de contener la rabia: no la causada por la mordida de unos perros que la semana pasada cobró la vida de unas personas, sino la rabia que produce el deseo de la venganza y que hace que no se logre una sanación de la sociedad.

Detrás de los deseos de finiquitar el debate actual existiría el propósito de no utilizar el mazo de la justicia para determinar quién en el pasado hizo o dejó de hacer, incluido él mismo.

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