Nicaragua celebra el fallo

Nicaragua amplió el lunes considerablemente su frontera marítima con el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Es tanta la dicha en ese país que tras la lectura de la sentencia, los miembros de la delegación centroamericana se mostraron efusivos. El presidente Daniel Ortega se anotó un éxito sin precedentes y anunció que en las próximas horas dará una alocución oficial.
 
Pro su parte, el embajador nicaragüense en Holanda, Carlos José Argüello, dijo que su país el Nicaragua se siente "satisfecho" con el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que ha redefinido de forma salomónica su frontera marítima con Colombia.

Para Managua el fallo significa que el país centroamericano "ha salido de la jaula del meridiano 82", precisó el abogado de la delegación de Nicaragua, Antonio Remiro, que también resaltó que la decisión haya sido adoptada de "forma unánime" por los jueces del alto tribunal de Naciones Unidas.

"A la vez se han reconocido los espacios marinos que corresponden a las islas colombianas", dijo el experto, que calificó el fallo de "inteligente y sabio".

El presidente de la CIJ, Peter Tomka, señaló hoy que los jueces de ese tribunal adoptaron un fallo que confirma la soberanía de Colombia sobre siete islas del archipiélago de San Andrés: Albuquerque, Este Sudeste, Roncador, Serrana, Quitasueño, Serranilla y Bajonuevo.

Los jueces también le concedieron la parte del mar Caribe en torno a Roncador, Providencia, Santa Catalina, Alburquenque y Este Sudeste.

Sin embargo decidieron que corresponde a Nicaragua las 200 millas de zona económica exclusiva de las aguas circundantes a los cayos de Quitasueño y Serrana, que quedan enclavadas en 12 millas náuticas de la soberanía colombiana.

"La Corte considera que se obtiene un resultado equitativo prolongando la línea fronteriza a lo largo de los paralelos hasta el límite de 200 millas marinas medidas a partir de la costa de Nicaragua", señala el fallo.

Con el fallo de la CIJ, que es inapelable, se pone fin a una controversia jurídica que ha durado once años pero que diplomática y políticamente se remonta a 1980, cuando Nicaragua dio por inválido el Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928-1930.
 
Con EFE