Niegan indemnización de afectados del UPAC

La Corte Constitucional falló a favor de una tutela instaurada por el Banco de la República que obligaba a indemnizar a una de las 800.000 personas que, según cálculos, fueron afectadas por la UPAC.

La tutela que interpuso el Banco de la República buscaba revocar un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el cual el pasado 5 de agosto del 2010 lo obligó a indemnizar a Reynaldo Galindo. La razón, unas resoluciones emitidas por esta entidad permitieron que se produjera el descalabro que acabó con los sueños de muchas familias colombianas de una vivienda propia.

Con la victoria de Galindo se abrió la posibilidad para que otros perjudicados fueran indemnizados por el Banco de la República, lo que, de acuerdo con la directora de la Agencia para la Defensa Jurídica de la Nación, Adriana Guillén, produciría demandas por hasta 200 billones y un desmedro sin precedentes para las arcas de la Nación.

El Banco de la República había interpuesto recursos ante el Consejo de Estado y la misma Corte Constitucional. En esas ocasiones esa entidad rechazó la idea que se le responsabilizara por las consecuencias de un acuerdo que hizo un usuario de la UPAC con el Banco Central Hipotecario y con el Banco Granahorrar, no con el Banco de la República; sin embargo, sus recursos fueron negados.

El Banco de la República argumentó que se le vulneró el “derecho al debido proceso y al derecho de defensa principalmente”. Esa entidad agregó que no tuvo responsabilidad en este descalabro. “El Banco siempre ha actuado dentro del marco y las facultades de ley y no tiene responsabilidad alguna”.

Con este pronunciamiento para la Corte Constitucional, no existió responsabilidad del Banco de la República, el descalabro y en la pérdida de la vivienda, ya que la consecuencia fue la inflación, la cual hizo imposible para las familias que se pagarán las viviendas adquiridas

Así las cosas, estas 800.000 personas tendrán que buscar nuevamente ante un tribunal que se les dé la razón sobre la pérdida de sus viviendas. Igualmente el Estado salvó una millonaria indemnización que rondaba los 200 billones de pesos.