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| 6/25/1984 12:00:00 AM

NO AL PARAQUAT

Después de que el Consejo Nacional de Estupefacientes autorizó el uso del paraquat, el Consejo de Ministros dijo no.

Cuando en Colombia todo el mundo parecía convencido de que finalmente el gobierno nacional iba a autorizar el uso del paraquat para erradicar los cultivos de marihuana, aprobado desde hace dos semanas por el Consejo Nacional de Estupefacientes, el Consejo de Ministros, durante la sesión del martes 22, decidió voltear la tortilla y dar un no rotundo al debatido herbicida, en lo que se refiere a su utilización extensiva.
La decisión, aunque sorpresiva, fue en general bien recibida al grado de que el diario El Tiempo, en un editorial del jueves 24, aplaudió la medida basado en que "la duda aconsejaba abstenerse de impartir la bendición oficial al paraquat". Otros comentarios de prensa, respaldando al gobierno, fueron apareciendo hacia el final de la semana: todo indicaba que la determinación del Consejo de Ministros no sólo había rechazado el paraquat, sino que, de algún modo, había abierto las compuertas que permitían el paso de las distintas corrientes de opinión opuestas al herbicida. Muchos de sus críticos habían guardado silencio sobre el asunto después de la decisión favorable del Consejo Nacional de Estupefacientes: quizá reinaba en el ambiente un cierto temor de oponerse públicamente a una medida que, de cualquier modo, parecía enmarcarse dentro de la lucha frontal contra el narcotráfico, guerra frente a la cual nadie quería aparecer, ni siquiera por razones ecológicas, defendiendo la vida de una sola mata de marihuana. Pero en el Consejo de Ministros, la sensatez pudo más que los sentimientos y el gabinete llegó a la conclusión de que envenenar vastas regiones, con todo y sus habitantes, era un costo que no se podía pagar, no importa cuál fuera el motivo.
No era ésta la primera batalla que el paraquat perdía en Colombia. Aunque su uso fue autorizado en el país hacia 1969, bajo los nombres comerciales de Gramoxone, y su venta se extendió años después con otras marcas como Herbiquat-240, Paraquat C1, Paraquat S-200, Agromoxone y Crysone, el ICA siempre limitó su utilización a que actuara sólo "como mata-maleza en los cultivos de banano y plátano, sin tocar la planta: como desecante en arroz, sorgo, maíz y caña de azúcar y como defoliante en algodón " y ordenó evitar "el contacto directo del producto con las aguas". Desde mediados de los años setenta, en plena bonanza marimbera, la idea de utilizar el paraquat en forma extensiva en la destrucción de cultivos de marihuana fue promovida por el gobierno norteamericano y respaldada por numerosos informes del Servicio Cultural e Informativo de los Estados Unidos, USIS. Pero un estudio de una comision especial instituída por el gobierno nacional para el caso decidió en 1979 no recomendar el paraquat como instrumento para acabar con la marihuana.
A partir de ese momento, el debate se extendió a todos los niveles, pero fue perdiendo importancia a medida que el país fue mirando con más y más indiferencia el establecimiento de los imperios mafiosos en distintas ciudades del país. Los opositores del herbicida se basaron en artículos de prensa como el publicado por la revista Newsweek,en julio de 1983,en el cual su uso en países como Colombia era calificado así: "Apenas unas pocas gotas de paraquat pueden producir la muerte y el número de víctimas crece progresivamente, sobre todo en el Tercer Mundo, donde las estrictas precauciones son generalmente olvidadas o imposibles de aplicar en condiciones de atraso y subdesarrollo". Sus defensores en cambio aseguraban que el paraquat podía usarse en forma extensiva en Colombia si, como en el caso de cualquier otro herbicida, se tomaban las precauciones del caso.
Esta vez, los primeros han vuelto a ganar. Y parece que la victoria obtenida por ellos durará un largo período. Sobre todo si se tiene en cuenta que el Consejo de Ministros optó por la aplicación contra la marihuana e incluso contra las plantaciones de coca de otros herbicidas que se consideran igualmente efectivos y que, si su uso es controlado, en nada deben afectar la salud de los campesinos, ni la calidad de tierras y aguas. El fin no podía justificar los medios, y menos si para lograr el mismo fin existían otros medios.
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