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| 6/11/2013 12:00:00 AM

“No celebré ningún contrato con Julio Gómez”

El embajador ante la OEA, Andrés González, respondió a los señalamientos en su contra sobre el ‘carrusel’.

Hace unos días, el embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Andrés González, fue señalado en el escándalo del ‘carrusel’ de la contratación en Bogotá. “Las acusaciones salpican al exgobernador de Cundinamarca con contratos superiores a los 100.000 millones de pesos, para la construcción de la nueva sede de la Empresa de Licores de Cundinamarca, escuelas y plazas de mercado”, aseguró un testigo a la Fiscalía, según reveló Caracol Radio.

González no dudó en responder. No solo porque quiere limpiar su nombre, sino porque la vinculación en ese escándalo pone al Gobierno en una encrucijada. Se trata, ni más ni menos, del mayor escándalo de corrupción de la capital. El diplomático habló con Semana.com y aclaró que los contratos mencionados fueron licitados y adjudicados, dos años antes de que él fuera gobernador.

Este medio pudo establecer que en dos de los contratos que referenciaría el testigo, se presenta como representante legal el polémico contratista Julio Gómez, implicado en el ‘carrusel’ y quien por estos días colabora con la justicia a cambio de beneficios jurídicos.

Semana.com: ¿Cuál es la historia de los contratos en los que lo mencionan?


Andrés González: En varias ocasiones he aclarado sobre estos contratos, que datan del 2006. Son contratos que recibimos de la pasada administración. Los tuvimos que controlar y vigilar, así como requerir a los contratistas para que cumplieran. También adelantamos acciones legales para que ellos respondieran por los daños causados por cuenta de los incumplimientos con el departamento, y acudimos ante las compañías aseguradoras.

Semana.com: ¿Cuáles son los contratos?

A. G.:
Se trata de tres contratos del 2006 y dos del 2007.

Semana.com: ¿Por qué fue tan polémico el contrato celebrado entre la Empresa de Licores de Cundinamarca y el consorcio P&P Licorera?

A. G.: Los señalamientos vienen por no poner en funcionamiento la nueva sede de la Licorera. Tuvimos que explicar que no se podía recibir esa obra hasta que estuviera hecha a cabalidad y por ejemplo, los pisos estuvieran reparados. La contratación de esa bodega se hizo en el 2006 con un anuncio público de convocatoria, y las obras se terminaron antes de que fuera gobernador. Yo no tomé esa decisión. Bajo mi administración no se contrató, no se adjudicó, no se financió, no se firmó y no se entregó el anticipo de ese contrato. Mi responsabilidad era tomar todas las medidas del caso para que el contratista cumpliera.

Semana.com: ¿Cuál es el valor de ese contrato?

A. G.: 60.000 millones de pesos.

Semana.com: ¿Qué ocurrió con los otros contratos?

A. G.: Sobre los otros contratos, que se refieren a innumerables plazas de mercado o colegios, hemos explicado que esas obras, que no fueron adelantadas en mi administración, quedaron con fallas. No las planificamos ni las contratamos. Muchas de esas obras no se pudieron ejecutar porque no tenían la licencia ambiental, el lote del terreno no era propiedad del departamento, o los diseños no eran los apropiados. Los señalamientos venían de la comunidad y los entes de control.

Semana.com: ¿Y qué se hizo con todos esos enredos?

A. G.: Mi responsabilidad era verificar el cumplimiento de los contratos. Tras heredarlos, hubo multas, peritazgos de la Universidad Nacional, declaraciones de incumplimiento, demandas, reportes a entidades de control, todo lo que estaba diligentemente a la mano, junto a un grupo especial de abogados que acompañó este proceso. Ante la cantidad de contratos que encontré, me tocó hacer borrón y cuenta nueva. Acabé con la Secretaría de Obras Públicas de la administración anterior y cree un nuevo instituto.

Semana.com: ¿Por qué cree que lo relacionan ahora con esos contratos tan atropellados?


A. G.: Desconozco la investigación. No sé cuál origen tenga y cuál intención. Todo lo que conozco es esa declaración en la que aparece Andrés González vinculado a unos contratos de esa cuantía. Obviamente quisiera saber quiénes son los testigos, pero lo fundamental es tener todos los elementos de juicio y dejar en absoluta claridad el hecho, que es verificable y fácilmente comprobable. Nunca me ha llamado algún ente judicial por el ‘carrusel’. Además, bajo mi administración no invertí ni un peso en plazas, no estaba dentro mi política. Lo invertí todo en acueductos, carreteras, colegios.

Semana.com: El contratista Julio Gómez es el representante legal en dos de los contratos. ¿Usted lo conoce?

A. G.: Sí lo conozco. Con ocasión del requerimiento que se le hizo al saber que aparecía en esos contratos. No sabría decir cuándo exactamente lo conocí, pero sí sé que fue en los primeros meses de mi administración, con el fin de establecer el estado en el que se encontraban dichos contratos. Normalmente, cuando hay obras que no avanzan, trato de requerir a las personas que deben responder. Así fue con él y los demás contratistas. Solo esa vez vi a Julio Gómez. Bajo mi administración no se celebró ningún contrato con él.

Semana.com: ¿Alguna vez Julio Gómez lo buscó para hacerle una propuesta?

A. G.: Julio Gómez no me ha buscado nunca. Todos los contratos de mi administración fueron por concurso público y él no se presentó a ninguno, que yo sepa. Bajo mi administración se adelantaron más de 1.000 contrataciones. No hay ninguna que, hasta el momento, haya sido expuesta a controversias e investigaciones. Es la mejor demostración de la manera cómo se hacen las cosas. Aunque ninguna de esas licitaciones recayó sobre personas que estén en este momento cuestionadas, no estoy exento a que pretendan vincularme con hechos que carecen de fundamento y tienen que ser totalmente esclarecidos.

Semana.com: ¿Conoce al otro controvertido contratista Emilio Tapia?


A. G.: No lo conozco. Cuando empezó a enunciarse el tema de los Nule se hizo un balance para saber cuáles contratos estaban vinculados a esa firma, y se detectaron cerca de cuatro o cinco de carreteras. Se reportaron ante la Contraloría, y se les adelantó un proceso para identificar cuál era su estado. Todos estos contratos fueron adjudicados en la administración anterior.

Semana.com: Usted también fue señalado en el escándalo de DMG, ¿qué ocurrió con ese caso?


A. G.: Siendo gobernador, fui de los primeros que previno a la gente de no caer en ese espejismo. Con nadie de DMG tuve ningún tipo de encuentro, y menos aún, compromisos. A ninguno de sus directivos lo conocí. De pronto, en un encuentro de gobernadores me crucé por segundos con David Murcia.

Semana.com: ¿Cómo se siente ante estos señalamientos?


A. G.: Me parecen sumamente delicados y dolorosos, porque es muy duro que aparezcan esos cuestionamientos sobre alguien cuyo gran patrimonio es ético. En la vida pública se tienen tantas dificultades de estas, que lo más importante es la reacción inmediata y presentarse ante los medios para dar las explicaciones del caso. La vida política es un terreno minado. Siempre hay que proceder con la verdad y exponer la aclaración pertinente de las cosas, como lo he hecho.

Estos son los contratos que habría señalado el testigo:

Contrato 026 del 2006. 3 de marzo. Celebrado entre la Empresa de Licores de Cundinamarca y el consorcio P&P Licorera, integrado por la Sociedad P&P Construcciones S. A., José Alonso Prieto Garzón, Olga Pinzón, Coopmunicipal, y Fundación Funarkgo ONG. Valor: Más de 60.000 millones de pesos.

Contrato 096 del 2006. 20 de octubre. Contratista: Consorcio de municipios, integrado por las firmas Cooperativa Coopmunicipal, J.E. Jaimes Ingenieros S. A., Universidad La Gran Colombia y Constructora Arkgo Ltda. Representante legal: Héctor Julio Gómez González. Valor: 11.012 millones de pesos. Trató sobre los diagnósticos, los estudios, los diseños, la construcción y el mejoramiento del parque de Fusagasugá.

Contrato 220 del 2006. 27 de diciembre. Contratista: Consorcio de plazas de Cundinamarca, integrados por las firmas Constructora Inca Ltda., Sociedad Obras y Diseños S. A. y Hugo Fernando Robayo Poveda. Representante legal: Héctor Julio Gómez González. Su objeto es el mejoramiento de plazas de mercado y la construcción y el mejoramiento de parques en varios municipios de Cundinamarca. Valor: 7.544 millones de pesos.

Contrato 240 del 2007. 15 de agosto. Contratista: Consorcio de obras educativas, integrado por las firmas Obras y Diseños  S. A., Constructora Inca Ltda. y Víctor Armando Cortez Torres. Sobre la construcción, la adecuación, el mantenimiento y la ampliación de las instituciones educativas oficiales urbanas y rurales de Cundinamarca. Valor: 11.658 millones de pesos.

Contrato 243 del 2007. 17 de agosto. Contratista: Consorcio de obras de infraestructura, integrado por las firmas Obras y Diseños S. A., Constructora Arkgo Ltda. y Armando Cortez Torres. Trató los diagnósticos, los estudios, los diseños, la construcción y el mejoramiento de la infraestructura para el fomento del mercadeo agropecuario en Cundinamarca. También menciona parques, educación y turismo. Valor: 9.482 millones de pesos.
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