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Angelino Garzón, vicepresidente de la República. | Foto: Guillermo Torres

PAZ

“No creo que la justicia vaya en contra del esfuerzo de la paz”: Angelino

El vicepresidente defendió de nuevo el Marco Legal para la Paz, que tendrá que ser avalado por la Corte Constitucional.

29 de julio de 2013

El gobierno hizo una nueva defensa férrea al Marco Jurídico para la paz como la fórmula de justicia transicional más adecuada que permitiría la transición del conflicto hacia la paz.

Angelino Garzón, vicepresidente de la República, le dijo al fiscal general, Eduardo Montealegre, que particularmente, no cree que la justicia colombiana vaya a ir en contra del esfuerzo de la paz de la sociedad colombiana. Por el contrario, pidió al poder judicial “ser un gran aliado dentro de una política de estado por la paz”.

Sus palabras tienen un contexto. La Corte Constitucional debate si el Marco Legal para la Paz es ajustado a la Constitución, y de su pronunciamiento depende si se podrá aplicar la hoja de ruta trazada por el Gobierno para poner fin al conflicto.

El Marco Legal para la Paz contempla la suspensión de la acción penal para delitos cometidos por la guerrilla, pues establece mecanismos de priorización de máximos responsables y delitos cometidos de forma sistemática, que serán los que la justicia se encargue de investigar.

Garzón, durante el foro de SEMANA, hizo una reflexión más allá de la justicia. Y es que todos los procesos de paz exitosos se han hecho sobre la bases de “no odios ni rencores”, más allá del castigo judicial de los ilegales. 

Para eso recordó a Nelson Mandela. “En Sudáfrica no quedó un solo detenido en un régimen racista. Mandela no salió de prisión pensando en cómo llevar los blancos a la cárcel sino en trabajar para la reconciliación. Por eso, es el símbolo de la lucha por la unidad, la paz y la conciliación. El mundo entero no recuerda a los guerreristas”.

El vicepresidente recordó que todos los presidentes en Colombia han buscado la paz -y acabar con la guerrilla- combinando esfuerzos judiciales, militares y políticos, esfuerzos que en 50 años de violencia han dejado 220.000 muertos y miles de desaparecidos y desplazados. “Ha sido un mal negocio”.

Tras reconocer que lo más revolucionario es hacer la paz, Garzón aseguró que el proceso que el gobierno Santos adelanta en La Habana es abierto. En ese sentido, pidió a las FARC no salirse de la agenda trazada, y sobre todo, demostrar su verdadera voluntad de paz.

“El Gobierno ha puesto condiciones y la guerrilla tiene que entender que no puede seguir sus acciones ilegales contra el Estado. La guerrilla tiene el deber de no dispararle a la paz. Es decisión libre y soberana se ellos. La guerrilla tiene que saber que lo que más le conviene es el camino de la paz”.
 
Sergio Jaramillo, alto comisionado para la paz, defendió el Marco como la principal diferencia entre el actual proceso que adelanta el Gobierno con los que se han frustrado en épocas pasadas, precisamente por no tener esa “hoja de ruta” jurídica.

Jaramillo aseguró que el acto legislativo ha atendido todas las obligaciones constitucionales y respeta los acuerdos internacionales suscritos por Colombia. Sobre la discusión sobre si esta fórmula genera impunidad, el comisionado de paz afirmó que no hay impunidad si se produce la mayor satisfacción a las víctimas en materia de verdad, justicia, y reparación.

Jaramillo también dijo que la verdad es el principal reclamo de las víctimas y que será garantizada no sólo por las investigaciones de la justicia de los máximos responsables y los delitos cometidos de forma sistemática, sino con mecanismos extrajudiciales como comisiones de la verdad, las cuales darán respuestas a las preguntas que la justicia penal no responde.

El funcionario defendió la selección de los delitos al señalar que tras medio siglo de conflicto no se puede investigar caso a caso porque nunca se va a llegar al final del proceso y no se garantizarán los derechos de las víctimas.

“Si se investiga caso a caso, se está aceptando una impunidad de facto, porque sólo unas cuantas víctimas tendrán acceso a la justicia. Pero si se concentra en los máximos responsables, muchas más víctimas van a saber y conocer el patrón que siguieron los grupos ilegales en esos crímenes”.

Jaramillo agregó que el Marco impone condiciones a los miembros de grupos ilegales que lleguen a desmovilizarse, como la dejación de armas, la liberación de secuestrados, la disposición de reconocer a las víctimas y comprometerse con ellas, y la garantía de la no repetición de los delitos.

Finalmente, el comisionado de paz reiteró que el país está ante la mejor posibilidad de poner fin al conflicto y que en ese sentido, la responsabilidad del Estado es que en ese empeño se garanticen de forma efectiva los derechos de las víctimas.