NO DEJES PARA MAÑANA...

A los colombianos los tomó por sorpresa. Nadie esperaba que en los finales de un gobierno se produjeran tan radicales relevos en las Fuerzas Armadas. Pero lo cierto es que los implicados no fueron cogidos fuera de base. Los generales Nelson Mejía Henao y Jesús Armando Arias Cabrales, Jefe del Estado Mayor Conjunto y Comandante del Ejército, respectivamente, tenían indicios de que sus carreras militares podían terminar más pronto de lo esperado.

Dos meses antes de las elecciones del 11 de marzo, el gobierno pensó en la necesidad de adelantar una ofensiva contra las FARC. El grupo guerrilero había ofrecido una tregua preelectoral, pero la había violado con ofensivas militares principalmente en el Meta y Cesar. En una reunión del Consejo de Seguridad, al cual asiste el ministro de Defensa, Barco hizo saber su decisión. Era importante, según el Primer Mandatario, establecer una diferencia entre los grupos guerrilleros como el M-19 que estaba a punto de entregar las armas y el EPL que ya hablaba de desmovilización, y las FARC que seguían en plan de guerra.

El ministro Oscar Botero analizó las condiciones de orden público y dijo que el Ejército no podía comprometerse en esa ofensiva. Era posible contener el avance de la guerrilla, pero no tomar la iniciativa, pues las elecciones habían obligado a que el pie de fuerza estuviera disperso por todo el territorio nacional. Como si fuera poco, el problema del narcoterrorismo estaba en uno de sus puntos más críticos y una buena cantidad de efectivos se había destinado a la protección de los precandidatos y de los aspirantes al Congreso. Los argumentos fueron tan convincentes, que el Consejo acogió el criterio de Botero contener y no atacar frontalmente.

El ministro quedó con la misión de reunirse con sus generales para hacer les saber las conclusiones, y así se las comunicó a los responsables del mando directo de las tropas, los generales Mejía y Arias Cabrales.

Pero las cosas no habrían de que dar ahí. En privado, el general Mejía soltó la lengua y empezó a responsabilizar de los escasos resultados en la lucha contra la guerrilla, a la falta de voluntad política del gobierno, concretamente del Presidente de la República. Los comentarios de Mejía llegaron a oidos del Presidente quien, desde ese momento, supo que el general tenía que colgar su guerrera. Si no lo llamó a calificar servicios en ese momento, fue principalmente por dos razones. En primer lugar, porque el país estaba en vísperas de elecciones y un remezón a ese nivel podía ser peligroso. En segundo lugar, el gobierno quería esperar los resultados de la elección, para consultar la opinión del Presidente electo.
Por su parte, Mejía también supo que sus comentarios se conocían en el seno del gobierno. Por esta razón decidió salirle adelante a la posible decisión de su retiro y, sin pelos en la lengua, públicamente, dijo que el Ejército se podía tomar a Casa Verde, pero que no lo hacía porque no había la orden para hacerlo. La intención del general era dejar la impresión de que su salida, en el caso de darse, se debía a su posición de "duro", bien recibida en muchos círculos de opinión.

Pero también Mejía se jugó otra carta: la captura de Pablo Escobar. Atrapar al hombre más buscado de todo el país podía significar su tabla de salvación. Fue entonces cuando, después de las elecciones del 11 de marzo, ordenó una ofensiva del Ejército acantonado en Medellín. De esta manera, también, dejaba claro el compromiso del Ejército en la lucha contra el narcotráfico.

En cuanto al general Arias Cabrales, aunque se le conocían objeciones al proceso de paz, el gobierno lo consideraba leal. Sin embargo, pensaba que su presencia en el área de mando podía resultar perturbadora en las negociaciones con el EPL. De otro lado, tenía fama de duro. No sólo figuraba en su hoja de vida la dirección de la operación para tomarse el Palacio de Justicia, sino que su paso por la jefatura militar de Urabá le valió no pocas acusaciones, por parte de la UP y de otras organizaciones de izquierda, de que durante su gestión en la región, la situación de derechos humanos había sufrido un grave deterioro, principalmente a raíz de una serie de masacres de campesinos a manos de grupos paramilitares financiados por el narcotráfico. Para el gobierno, el problema de Arias no era, como parecía insinuarlo la izquierda, el de que amparaba las acciones paramilitares, sino el de que su acción había resultado ineficaz en el control de la situación de orden público, a pesar de su fama de gran táctico.

En estas condiciones, llegaron las elecciones presidenciales. Elegido César Gaviria, éste se reunió con el presidente Barco para analizar el tema. Se acordó, entonces, la salida de Mejía y de Arias. Cabía dentro de los planes del próximo Presidente, pues durante su campaña había insistido en la necesidad de una reestructuración de las fuerzas de seguridad del Estado. Más que una solución a posibles problemas de este gobierno, ya en sus postrimerías, era una forma de allanarle el camino al próximo.

Con los movimientos que se hicieron, en el Ejército sólo quedan ahora dos generales de tres soles: el actual ministro de Defensa, que probablemente pasa a retiro con el cambio de gobierno, y el general Luis Eduardo Roca, quien seguramente se hará cargo de la cartera en la administración Gaviria. De esta manera, el nuevo Presidente tiene un as en la manga: los generales que van a tener el mando de la tropa en el futuro serán ascendidos por él, lo que garantiza mayor lealtad y, por consiguiente, mayor compromiso con la reestructuración que se propone Gaviria.

Los relevos, que en la jerga militar se conocen como "corrida,, y que generalmente se producen en diciembre, a los pocos meses de inaugurado un gobierno, se produjeron esta vez antes del 7 de agosto. Esto se hizo posible gracias a la fórmula del gobierno de partido y a que Gaviria era producto de sus mismas entrañas, y es lo que le permitirá al Presidente electo ganar tiempo y evitarse el desgaste de sus relaciones con los militares. Y, como si fuera poco, se acorta para los coroneles su carrera hacia el generalato. Ante la escasez de generales, los que son coroneles serán llamados, antes de lo que esperaban, a hacer curso para ascender. Lo que se perfila, entonces, es que Gaviria tiene en sus manos la posibilidad de lanzar toda una nueva generación de generales, con los que sería posible realizar los cambios estructurales de las instituciones armadas.

Pero la idea de la reestructuración no es sólo de la propia cosecha de Gaviria. La administración Barco la tenía como tema desde hacía más de un año, y el Presidente, el año pasado, en una conferencia en la Escuela Superior de Guerra les había pasado a los militares una especie de cuenta de cobro. En esa oportunidad no sólo les habló de la política de derechos humanos en las Fuerzas Armadas, sino que les recordó los recursos que el gobierno les había destinado, para concluir que el problema no era presupuestal, sino más de fondo: de estructura.

Si Barco lo tenía tan claro, la pregunta que surge es por qué no emprendió este gobierno esa tarea. La respuesta está dada en los hechos. El año había sido muy difícil en materia de orden público, especialmente por la ola de violencia narcoterrorista que prácticamente no daba tregua. No se podía en esas circunstancias, cuando se necesitaba todo el concurso de la fuerza pública, arriesgar con cambios la lealtad y la eficacia de las instituciones armadas.

El debate que privadamente se daba en el interior del gobierno, cobró nuevas dimensiones con unas declaraciones del expresidente Alfonso López Michelsen, con las cuales ponía el dedo en la llaga. Cuestionaba la efectividad de los organismos de seguridad en la lucha contra el narcotráfico, y planteaba la necesidad de su reorganización. Para darle patente de corso al debate público del tema, el presidente Barco, con un saque de banda, le dio el espaldarazo a López cuando dijo que en una democracia era legítimo discutir la política de seguridad y la eficacia de las Fuerzas Armadas. Era otro toque de alarma para los dos generales que estaban en salmuera. Obviamente, el triunfo de Gaviria facilitó las cosas y definió su salida.

Por lo pronto y tal como están planteadas las cosas, lo que puede esperarse, entonces, del próximo gobierno, no es un ministro de Defensa civil, como muchos han especulado, sino la reestructuración del sistema de seguridad nacional. El diagnóstico está hecho, por ahora, en el papel. A partir de agosto, la voluntad política se pondrá a prueba en el terreno de las acciones.-