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| 9/22/2003 12:00:00 AM

No al 4 del referendo

El referendo tiene cosas buenas. Pero la aprobación de este artículo podría poner en peligro la gobernabilidad del país.

Lo mas seguro es que 99 por ciento de quienes lean este artículo no sepan -ni les importe- cuál es el contenido del punto 4 del referendo. Quizá la mayoría, como lo indican las encuestas, votará favorablemente todos los 15 puntos como una manera de respaldar la gestión del presidente Alvaro Uribe y combatir la corrupción y la politiquería. Pero dentro del espeso follaje del texto del referendo, incomprensible para el común de los cristianos, hay una verdadera bomba atómica. Hace tic tac pero su indescifrable redacción jurídica impide que se vea el peligro inminente. El alcalde Antanas Mockus la oyó, la encontró, la analizó y, acto seguido, llamó escandalizado al Presidente para pedirle una cita. Una vez en el despacho del primer mandatario Mockus le expuso durante casi dos horas porqué el punto 4 del referendo no sólo podía dar al traste con todos los avances que se habían logrado en Bogotá sino que podía acabar con la gobernabilidad del país. El Presidente lo escuchó con atención.

Así, mientras en las calles los candidatos están en plena campaña y el gobierno promueve votar por el 'Sí', en algunos pasillos el tema del punto 4 del referendo tiene a varias personas rascándose la cabeza y midiendo el impacto del bombazo. En la últimas semanas ya han salido algunas columnas que advierten sobre el grave peligro de que se apruebe ese punto.

El tema es de por sí confuso, abstracto y técnico. Pero, además de Mockus, otros personajes tan respetables como Enrique Peñalosa, Antonio Navarro, Armando Montenegro, Juan Manuel Santos, Juan Camilo Restrepo o Jaime Castro no han ahorrado calificativos para decir que es un esperpento. ¿Pero qué tiene acaso ese tristemente desconocido punto 4 para poner en alerta a férreos contradictores políticos como Castro y Peñalosa, o a dos personas de orillas ideológicas tan opuestas como Montenegro y Navarro? Una cosa: el poder. Y a través de su instrumento más eficaz: la plata. El punto 4 define, ni más ni menos, quién y cómo se va a manejar el presupuesto de toda la nación. Tic, tac..

Todo comenzó con una noble causa. La idea del punto 4 buscaba acabar con los auxilios parlamentarios y volver más transparente y democrática la asignación de recursos. El punto, en una frase, dice que el presupuesto nacional ya no lo manejarían el Presidente, los gobernadores y los alcaldes sino los congresistas, los diputados y los concejales. Es decir, que si se aprueba el punto 4 del referendo los congresistas, los concejales y los diputados tendrían la última palabra a la hora de decidir a dónde va la inversión pública. Esto, previa consulta con la comunidad. Dice el artículo: "Los congresistas formularán los reclamos y aspiraciones de la comunidad" y participarán en la dirección y control sobre la inversión pública nacional y regional.

En teoría, pinta perfecto. Es más democrático: se escuchan las inquietudes de la comunidad. Es más transparente: se eliminan los auxilios ya que el Congreso decide sobre toda la inversión pública. Y es más realista: son los congresistas, los representantes del pueblo, quienes orienten la inversión pública y no unos yuppies de Planeación o de Hacienda. Todo encaminado dentro de la visión del Estado comunitario que viene enarbolando el presidente Alvaro Uribe.

Las caras del monstruo

Pero la política está llena de espejismos. Y la colombiana es más caliente que el Sahara. En la práctica el Niño Dios del punto 4, que muchos congresistas arrullan con cariño, no es sino un Frankenstein con ropaje de cuna. Hay siete razones que dan cuenta del peligro que puede representar este engendro para la democracia colombiana.

1 Primero, en vez de combatir la corrupción la estimula. Se busca desterrar los auxilios parlamentarios pero el punto 4 no es otra cosa que la institucionalización de los auxilios. Con un 'pequeño' agravante: que es con todo el presupuesto de los colombianos. El hecho de que un congresista pueda decidir la orientación de las partidas específicas del presupuesto es tan sublime en la teoría como peligroso en la práctica. "Los votos ya no se consiguen con puestos sino con partidas presupuestales o con opinión. El 70 por ciento de los congresistas consiguen sus votos así. Si eso es así hoy con unos pocos auxilios, ¿qué tal con todo el presupuesto?", dijo a SEMANA el senador Antonio Navarro. "Los que tenemos votos de opinión debemos denunciar cómo funciona este perverso sistema". Más grave aún si se tiene en cuenta que el punto 4 no sólo cobija a los congresistas sino a los concejales y a los diputados. En las regiones, para nadie es un secreto que muchos congresistas escogen a dedo a los contratistas para sacar tajada y financiar sus campañas. ¿Qué va a pasar ahora cuando congresistas, concejales y diputados tengan el poder de decidir a dónde van a invertir todo el presupuesto? ¿Será que ahora sí van a asumir su responsabilidad histórica? ¿O será que se abrirá aún más el boquete de la corrupción que tanto ha desangrado país?

2 Segundo, puede resultar bastante antidemocrático. El presupuesto, una vez en el Congreso, éste deberá oír las recomendaciones de la comunidad. Pero, ¿qué se entiende por comunidad? ¿Cómo garantizar que quienes van a las sesiones y hacen sus recomendaciones son representantes de toda la comunidad? La experiencia demuestra que, en su mayoría, esos 'voceros' son grupos de presión con intereses específicos. Para no ir más lejos, hay que recordar las audiencias públicas de la zona de despeje. Es muy fácil que las minorías ruidosas se impongan sobre las mayorías silenciosas.

3 Y esto lleva al tercer argumento: se hiere de muerte el voto programático. Al darle el poder de asignar los recursos al Congreso, los concejos y las asambleas queda sin piso la posibilidad de que los candidatos a las alcaldías y gobernaciones puedan cumplir con sus programas de gobierno. Y, también, con la posibilidad de que éstos puedan ser revocados por el incumplimiento de su programa. ¿Cómo puede un mandatario cumplirles a sus electores si no tiene el control de sus recursos? En últimas, se quiebra el eje medular de la democracia: elector-programa de gobierno-mandatario, ya que los congresistas, concejales y diputados son quienes decidirán en últimas para dónde va la plata. Esto, sin duda, desbarata cualquier posibilidad de rendición de cuentas ante la opinión. O, peor aún, el Ejecutivo tiene que rendir las mismas cuentas pero frente a un poder que no va a tener.

4 Cuarto, se atomiza el manejo del presupuesto. El artículo plantea que se acaban las partidas globales de los presupuestos nacionales, departamentales y municipales. Esto quiere decir que ya no habrá rubros que digan 'hospitales' o 'colegios' sino que cada rubro de inversión deberá estar detallado, hospital por hospital, colegio por colegio. Esto, en teoría suena bien, pues podría dar más transparencia. Pero, en la práctica, cada congresista, concejal o diputado no aprobará la construcción de un parque o un puente mientras no se haga una inversión en su zona de influencia política, aun si no tiene los estudios ni sea una prioridad. Por lo tanto, el presupuesto se dispersaría en miles de pequeños proyectos, generalmente cortoplacistas y con fines electorales. Así quedaría un Ejecutivo cojo, manco y ciego para los proyectos nacionales como la justicia, la seguridad, la cultura o las comunicaciones. "Cuando yo fui director de Planeación ningún representante regional solicitó jamás partidas para la Troncal del Magdalena, el Dane o Telecom", dijo Armando Montenegro. "Todos eran proyecticos". ¿Qué congresista va a autorizar la construcción del Túnel de la Línea si sabe que esa magna inversión puede ir en contra de una pequeña partida para su región?

5 Quinto, el Ejecutivo pierde margen de maniobra y el Legislativo aumenta su poder de chantaje. El punto 4 señala que cualquier modificación del presupuesto que haga el Presidente, el alcalde o el gobernador debe ser aprobado por el Congreso, el Concejo o la Asamblea. Esto tiene una gravísima consecuencia en la eficiencia del gasto y la capacidad de gestión de los mandatarios. Si hoy los concejos, con argumentos o sin ellos, tienen la posibilidad de bloquear proyectos, con el punto 4 si un alcalde decide que la cancha de fútbol de un colegio se debe hacer en otro colegio, debe ir al Concejo para tener el visto bueno. Esto tiene dos problemas delicados. Uno, que vuelve más ineficiente una inversión social de por sí escasa y rodeada de vampiros ávidos de presupuesto. Y dos, que estimulará las dádivas y el clientelismo entre el Ejecutivo y el Legislativo para que les agilicen sus proyectos o modificaciones. El alcalde y el gobernador ya no gobernarán para la ciudadanía sino para el Congreso, el Concejo y la Asamblea. En Bogotá, por ejemplo, la revolución urbana se logró gracias a la independencia entre la Alcadía y el Concejo, que fijó el Estatuto de Bogotá. Con el punto 4 el Alcalde Mayor queda a merced de inagotables procesos de cabildeo y a la permanente posibilidad de negociaciones clientelistas con los concejales. Peligra el 'milagro' de Bogotá, o de Pasto, de Buenaventura y obstaculiza los que pueda haber en el futuro.

6 Sexto, guste o no, se mandan señales equivocadas a la comunidad financiera internacional. Una vez el Banco Mundial, el Fondo Monetario o las firmas calificadoras de riesgo descubran el Frankenstein no van precisamente a saltar en una pata sino a salir corriendo. Para ellos el tema de la confianza y la eficiencia en el gasto es un leitmotiv. ¿Qué crédito de inversión haría el Banco Mundial a sabiendas de que su plata va a entrar en una mecánica política que no se ha caracterizado precisamente por su pulcritud? Sería lamentable que después de semejante apretón de cinturón para cumplir sus metas fiscales en una situación social explosiva claven a los colombianos por este artículo.

7 Séptimo, se judicializa y burocratiza la inversión social. Hoy la justicia no se mete en el tema presupuestal pero con el punto 4 los tribunales y las cortes podrán recibir demandas de cualquier ciudadano que considere que esta o aquella partida es global. Es decir, que la flexibilidad que tenían el gobierno, los alcaldes y los gobernadores -que eran las partidas globales- serán ahora susceptibles de ser demandadas. Los tribunales de todo el país entrarán a supervisar el tema presupuestal. Conociendo el mapa político colombiano de odios, pugnas y venganzas no es difícil vislumbrar la anarquía que se puede desatar en lo estrados judiciales mientras la gente espera a que le llegue la platica a la escuela o el hospital.

Entre lo malo y lo peor

Muchos defensores del punto 4 dirán que quienes lo critican le tienen miedo a más democracia y que no quieren entrar en la nueva ola de la filosofía política contemporánea. Dardos de utopistas ingenuos. La política, al final del día, es el arte de lo posible y no el destello de sueños imposibles. Sobre todo cuando el embrujo de esos sueños suele llevar a las puertas del infierno. La situación económica y social del país es hoy tan frágil como preocupante y no se puede dar el lujo, en momentos en que camina al borde del abismo, con una guerra que se salió de madre, con tantos millones de pobres y con unas finanzas públicas endebles, de ponerse a jugar con el escaso presupuesto que tanto han sudado los colombianos.

Es cierto que el manejo actual no es el mejor. La torta presupuestal está en manos de una tecnocracia que muchas veces no interpreta las realidades locales y regionales. También es verdad que no siempre se ha manejado con la debida pulcritud. Pero en la real politik del trópico casi nunca se escoge entre lo regular y lo bueno sino entre lo malo y lo peor. Y, sin duda, es peor que el presupuesto quede en manos de los congresistas, los concejales y los diputados que en las de los técnicos de Planeación y Hacienda. Y aún así, los congresistas influyen, presionan, recomiendan y sugieren.

Todo lo anterior con un gobierno fuerte y con un Presidente con un altísimo grado de legitimidad y credibilidad entre los ciudadanos. Y bajo este prisma hasta podría mitigarse el coletazo del punto 4. Pero la actual luna de miel no es la atmósfera normal de la política colombiana. Y no se sabe cuánto dure. ¿Qué pasaría con el famoso punto 4 con un gobierno tan débil como el de Andrés Pastrana o tambaleante como el de Ernesto Samper? ¿En qué quedaría la repartición del pastel cuando la sartén la tengan por el mango los parlamentarios?

Hoy por hoy el Congreso tiene un gran poder de fiscalización sobre el Ejecutivo: puede tumbar ministros, bloquear proyectos, reformar la Constitución, debatir prioridades, y destapar escándalos de corrupción. Pero su visión mezquina y cortoplacista ha impedido que esté a la altura de su responsabilidad histórica. Basta con recordar el juicio a Samper. Ahora con el punto 4 el país se debate entre entregarles la espada Excalibur y demuestren que los colombianos han vivido engañados o que, con esa misma espada, se hiera de muerte la frágil gobernabilidad del país.

Muchos dentro del gobierno comentan sotto voce los peligros que se avecinan pero asienten con la cabeza una respuesta oficial cuando se les pide hablar públicamente. Para éstos todo se va a solucionar en la reglamentación de la ley. Con lo que quizá no cuentan es que esa ley tiene que pasar por el Congreso. O si cuentan, piensan con el corazón. Y, no hay que ser Nostradamus para saber que los congresistas no van a legislar contra ellos mismos. No sólo tienen instinto de conservación sino ambición de poder. Y esta 'papaya' no la van a devolver. O quién sabe a qué costo.

Es tan delicado lo que el punto 4 plantea que borra con el codo las virtudes de otros puntos del referendo. Por eso el 25 de octubre quienes salgan a votar el referendo deberán saber la enormidad que está en juego en el punto 4. Y por eso lo deben votar en contra.


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