Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

×

| 11/12/2011 12:00:00 AM

No hay derecho

La Corte Constitucional tiene en la mira a los órganos de control y al gobierno por las graves condiciones en que están los desplazados del país.

Pocas veces son llamados al tablero, al mismo tiempo, la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría y los principales ministros del gobierno. La semana pasada tuvieron que hacerlo ante la Corte Constitucional, que los citó a una audiencia para ver qué han hecho para cumplir la sentencia T-025 que profirió en 2004, que fue motivo de enfrentamiento permanente con el gobierno anterior, pues lo obligó a invertir un presupuesto específico y a reordenar las instituciones para atender a los cuatro millones de desplazados de Colombia, que se encuentran, en su mayoría, en la pobreza extrema.

Aunque la Corte le dio un margen al nuevo gobierno mientras presentaba la nueva Ley de Víctimas y rediseñaba su andamiaje institucional, la situación de los desplazados no da espera. Por eso le pidió un informe al nuevo gobierno y citó a una audiencia la semana pasada a los organismos de control, porque según el auto 219 de la Corte de 2011, hay componentes de la política "en los que no hubo avance alguno o incluso hubo retrocesos importantes".

El balance presentado por los órganos de control es preocupante. La Contralora Sandra Morelli dijo que el Estado ha invertido más de ocho billones de pesos en mero asistencialismo, pero no dio cifras exactas sobre los procesos de responsabilidad fiscal, excepto uno por 1.500 millones al Incoder, por haber vendido tierras con sobrecostos injustificados. El procurador Alejandro Ordóñez dijo que desde 2008 hay 126 investigaciones disciplinarias y solo un fallo sancionatorio en segunda instancia contra un funcionario. El balance de la Fiscalía aún no se conoce, porque la fiscal general no asistió a la audiencia, lo que incluso podría interpretarse como desacato por la Corte, porque el acceso a la justicia de los desplazados pasa primero por esta entidad.

Como dijo el magistrado Luis Ernesto Vargas, el número tan abrumador de tutelas es evidencia de que persiste un grave problema estructural. Muchas de las tutelas, reconoció el procurador, son porque los personeros o procuradores no los incluyen en el registro. Según Clara Elena Reales, investigadora de la Universidad de los Andes, estas podrían duplicarse cuando se implemente el Registro Único de Víctimas, contemplado en la nueva Ley, porque solo considera como causal de desplazamiento el conflicto armado, lo que deja por fuera otras causas, como el desplazamiento intraurbano, que sí son reconocidas por el derecho constitucional e internacional.

Pero el registro no es el único problema que persiste para los desplazados. En los últimos dos años han interpuesto miles de tutelas contra Acción Social, la entidad encargada de la asistencia humanitaria para ellos a través de programas como Familias en Acción. La Contraloría detectó que en Tumaco, Mocoa y Apartadó, por ejemplo, cuando los desplazados van a reclamar su subsidio, ya los han cobrado otras personas.

También hay tutelas por la dificultad de acceder a viviendas dignas, recuperar sus tierras y poder hacer efectivos los créditos bancarios. La Contraloría encontró que 30.000 desplazados aún no han podido acceder al crédito de vivienda, porque el Estado les exige que pongan una contraparte y no tienen ni para la escritura. Cuando sí lo obtienen, a veces se encuentran con que las casas son inhabitables. El propio gobierno reconoció ante la Corte que hay más de 500 proyectos de vivienda rural y más de 200 de vivienda urbana siniestrados, es decir, mal construidos. La ministra de Vivienda y Desarrollo Territorial, Beatriz Uribe, afirmó que había una lista negra con 125 constructoras que no podrán volver a contratar y más de 60 municipios sancionados que actualmente no pueden recibir recursos para vivienda por malos manejos.

Con la nueva Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y las instituciones que acaba de crear, el gobierno tiene una oportunidad para corregir el rumbo. La Corte estará vigilante de que así lo haga.
¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 1839

PORTADA

Odebrecht: ¡Crecen los tentáculos!

Las nuevas revelaciones del escándalo sacuden al Congreso y al director de la ANI. Con la nueva situación cambia el ajedrez político al comenzar la campaña electoral.