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| 10/3/2004 12:00:00 AM

No hay escape

La denuncia de País Libre ante la Corte Penal Internacional contra la industria del secuestro, busca terminar con la impunidad que ha imperado en Colombia ante ese delito atroz.

El doloroso asesinato de la niña Daniela Vanegas McLaughlin en Bogotá tuvo un efecto inesperado. Cuando se confirmó que sus captores la habían apuñalado tras un año de estar secuestrada, la Fundación País Libre decidió sacar a la luz pública la denuncia que interpuso el 14 de junio en la Corte Penal Internacional por el secuestro de 5.200 civiles y el asesinato de 300 personas privadas ilegalmente de la libertad.

El documento reposa en el despacho de Luis Moreno, primer fiscal de la Corte en La Haya, Holanda. En él figuran como acusados miembros de la cúpula de las Farc, el comando central del ELN, las Autodefensas Unidas de Colombia y las Autodefensas Campesinas del Casanare.

El hecho tiene una dimensión histórica indudable para Colombia, porque la Fundación debió probar no sólo el ataque sistemático y generalizado de los grupos armados ilegales contra la población civil sino también la inoperancia de la justicia colombiana para investigar y condenar a los responsables. La razón es que la CPI es un instrumento complementario de los sistemas nacionales de justicia, lo que le permite actuar exclusivamente cuando se demuestre que el Estado en cuestión "no puede o no tiene la voluntad de juzgar tales crímenes", según lo consagra el Estatuto de Roma que dio vida a la Corte.

La Fundación presentó un impresionante documento con la historia de 22.000 casos de secuestro, 2.200 casos de asesinato de personas en cautiverio y 150.000 casos de tortura síquica cometidos por los grupos armados en los últimos 20 años.

La prueba para demostrar la incapacidad del Estado para ejercer justicia y poner freno a un delito tan atroz fue firmada por el mismo Luis Camilo Osorio, fiscal general de la Nación. Un certificado compulsado por su despacho confirma que en estos 20 años se han proferido solamente cinco sentencias condenatorias contra 16 miembros de los diferentes grupos por el delito de secuestro y asesinato de secuestrados. Por tortura síquica no se ha emitido ningún fallo durante dos décadas.

La Corte Penal Internacional nació del Estatuto de Roma, un tratado internacional que busca establecer una instancia multilateral permanente con facultades para investigar y castigar a los individuos -no a los Estados- señalados como responsables de cometer violaciones de derechos humanos y atentar contra el Derecho Internacional Humanitario. Su nacimiento, que se consolidó en 2002, cuando lo ratificaron 97 países, fue saludado como un paso gigante contra la impunidad imperante en el mundo para esa clase de delitos. Estos son en concreto el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los de agresión entre Estados, que aún no están reglamentados, y los de guerra.

El 6 de agosto de 2002 el Estado colombiano, el mismo día que ratificó el tratado, hizo la salvaguarda de que la Corte no tendría jurisdicción sobre los crímenes de guerra cometidos en Colombia durante los siete años siguientes.

Sin embargo, esa salvaguarda no eximiría a los grupos armados ilegales de comparecer ante la Corte, si ésta así lo decidiera, porque esos 5.200 secuestros y 300 asesinatos cometidos entre el primero de noviembre de 2002, que es cuando entró en vigencia la competencia de la Corte, y mayo de 2004 hacen parte del grupo de crímenes tipificados en el Estatuto de Roma como de lesa humanidad. Ello excluiría la posibilidad de caracterizarlos como crímenes de guerra.

Este hecho sin precedentes tiene un significado importante en este momento crucial del país. El congresista Jimmy Chamorro, quien presentó la ponencia de ratificación del Estatuto de Roma, considera que esta denuncia ante la Corte es un mensaje claro para el gobierno en razón de la obligatoriedad del Estado de hacer justicia. "El Derecho Internacional Humanitario no puede estar ligado a los intereses políticos. Castigar a quienes lo violan es un deber, no un asunto negociable", dice.

La denuncia de País Libre también significa el punto de partida para que la sociedad empiece a hacer uso de las herramientas con las que cuenta cualquier ciudadano para exigir justicia. Los denunciantes esperan además que este hecho sirva de precedente para que el sistema de justicia colombiano empiece a funcionar como debe. Y, por supuesto, esperan que la Corte Penal Internacional emita un fallo sobre estos crímenes. No se sabe cuánto podría tardar eso. Pero no hay afán, porque el estatuto de la Corte también guarda su propio as bajo la manga: los procesos de la CPI son imprescriptibles.
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