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"NO ESTOY CASANDO PELEAS"

SEMANA dialoga extensamente con el presidente Barco al cumplirse el primer año de gobierno.

31 de agosto de 1987

SEMANA: Señor Presidente, acaba de culminar el primer año de gobierno y no ha sido precisamente un lecho de rosas.
VIRGILIO BARCO: Quiero recordar que he participado en la administración pública desde la edad de 24 años. Acepté la candidatura con pleno conocimiento de la magnitud de los problemas que enfrentaba el país. Por eso, tengo más motivos de satisfacción con lo que se ha podido hacer, que perplejidades por las dificultades que se deben enfrentar en cada ocasión.

S.: Una de las críticas que se le hacen es que usted parece ver una especie de Disneylandia en el país, mientras que, para citar una frase del el presidente Pastrana, el país va hacia el abismo. ¿No será que usted tiene un exceso de optimismo?
V.B.: En todo momento analizo los problemas con realismo y sentido del deber. Además cada día tengo una mayor confianza en Colombia, en sus gentes y en su porvenir. Durante la campaña me acusaron de optimista, porque pronosticaba una gran victoria liberal. Ahora siento que el país, en medio de sus dificultades, que son muchas, trabaja, ha recuperado su fe y, por tanto, se empeña en construir su porvenir. Hay un nuevo dinamismo que no pueden ocultar ni los más implacables críticos del gobierno. Lo que pasa es que parte de la táctica de la oposición es poner en entredicho la capacidad del país de salir adelante.

S.: Señor Presidente, ya que hablamos de oposición, ¿cómo está funcionando el esquema gobierno-oposición?
V.B.: El esquema gobierno-partidos de oposición tiene por objeto que los partidos regresen a la emulación demócratica y se reconstituyan internamente. Fíjese usted, en esta segunda legislatura, los conservadores están más decididos a desempeñar su función de opositores mientras los liberales muestran más compromiso con el programa del gobierno y exhiben más disciplina. Las críticas al ejercicio de la facultad de libre nombramiento y remoción la hacen ahora los conservadores.

S.: ¿No le parece que casarle la pelea a los conservadores es contraproducente viendo que hay enemigos más serios y reales?
V.B.: En momento alguno mi objetivo ha sido casar peleas. Estoy cumpliendo con el programa electoral con el cual se me otorgó el mandato presidencial. No hay nada más peligroso para un sistema democrático que el unanimismo. Nada que desilusione más al electorado que la falta de coherencia entre los programas de la campaña y las acciones gubernamentales. Esto impide que las naturales diferencias y la inconformidad se puedan ventilar dentro de un marco institucional. Lo único que estamos tratando de hacer es restablecer un canal para la expresión del desacuerdo para que éste no se ventile por fuera de las instituciones.

S.: ¿Pero no le parece el momento inoportuno para plantear el esquema gobierno-oposición, cuando mucha gente se siente prácticamente en guerra civil?
V.B.: ¿Ustedes sí creen que estamos ante el peligro, así sea remoto de una guerra civil? Lo que parece necesario es procurar la reconciliación de la sociedad colombiana con los sectores marginados. La vía armada, como la única herramienta para hacer el cambio social y político debe ser totalmente superada. La profundización de la democracia en lo político, en lo social y en lo económico es la receta apropiada. Esa es la estrategia de cambio que hemos anunciado.

S.: La oposición afirmó que usted arremetió contra los conservadores en su discurso del 20 de julio. ¿No es esta una actitud camorrista?
V.B.: A lo largo de mi vida pública, siempre he sido tolerante con los adversarios políticos. El propósito de mi discurso fue reiterarles a los colombianos los postulados de una campaña que resultó victoriosa por abrumadora mayoría. La repetición, por capitulos, del mensaje al Congreso le permitió a la opinión pública formarse un criterio sobre el contenido y el estilo del discurso. Ya todo está claro.

S.: Pero le critican más el tono pugnaz que el contenido...
V.B.: Me atribuyen un tono pugnaz porque agredir y darse por agredido es una de las tácticas usuales de uno de los partidos de oposición. Esa es una posición retórica que pierde, bien pronto, impacto y eficacia.

S.: Señor Presidente, cambiando de tema, pasemos a hablar del proceso de paz. ¿ Cree usted que la UP y las FARC son la misma cosa?
V.B.: No, no son la misma cosa. Las FARC son grupos armados, al margen de las instituciones, con los cuales el gobierno pasado suscribió varios acuerdos que son de público conocimiento. La UP es un movimiento político debidamente inscrito ante el Consejo Nacional Electoral y reconocido por el mismo como un partido legal con todos los derechos y responsabilidades.

S.: Puede que desde el punto de vista legal sea como usted dice, pero en la práctica no se percibe así.
V.B.: La UP pretende ser la expresión de una apertura política, no circunscrita a los propósitos de las FARC. Afirma que quiere canalizar dentro de los marcos legales, la inconformidad de todos los ciudadanos que no encuentran afinidad con otros partidos políticos. El respeto a la vida y a la actividad de los militantes y dirigentes de ese partido es vital para el éxito de la reconciliación. Es indispensable que el desacuerdo se ventile en la plaza pública, en los medios de comunicación, en las corporaciones con ideas, con propuestas, con estrategias y no en el monte, ni en la guaridas urbanas, con balas, dinamita, secuestros, extorsión, boleteo. Si no creamos un clima favorable al ejercicio de la oposición, estamos poniendo en peligro las instituciones.

S.: Tirofijo afirma que el desarme no está contemplado en los acuerdos.
V.B.: Los acuerdos hablan explícitamente de la reincorporación a la vida civil y de la desmovilización de la guerrilla. ¿Cómo puede pensarse que un guerrillero ingrese a la vida legal con una ametralladora en la mano y usando prendas privativas de las Fuerzas Armadas?

S.: La crítica del doctor Alvaro Gómez al manejo de la paz de este gobierno es que ha dejado en manos de la guerrilla la decisión del cese al fuego y que lo ha parcelado geográficamente
V.B.: Ni lo uno ni lo otro. Alli donde se quebrante la ley, en ese momento, en ese lugar, se aplica todo el peso de la autoridad. Así ocurre en cualquier democracia y no podría ser de otra manera. La voluntad de preservar las posibilidades de reconciliación no está por fuera de la Constitución y de las leyes. La institucionalización y la normalización son presupuestos de la reconciliación.

S.: ¿No le parece contradictorio que el gobierno pida por un lado a la guerrilla que se desarme, mientras por el otro lado estimula la creación de "grupos de autodefensa"?
V.B.: El gobierno no está estimulando la creación de grupos armados de autodefensa. La polémica sobre ese tema ha sido, más bien de carácter semántico y sólo en cuanto a la interpretación de una ley sobre defensa nacional que no sólo no fue promulgada por este gobierno, sino que tiene más de 20 años de vigencia.

S.: Pero eso no parece ser lo que dicen dos de sus ministros, el de Defensa y el de Justicia, que se muestran como partidarios de ese tipo de organizaciones.
V.B.: Como lo acabo de decir ha habido confusión, imprecisiones de carácter semántico sobre el alcance de las respuestas de los ministros. Pero una cosa sí le puedo garantizar: todos los funcionarios de este gobierno actúan dentro del marco de la ley.

S.: La guerrilla denuncia que no hay mecanismos de verificación, y a eso atribuye episodios tan graves como el de la masacre del Caquetá. La verificación no forma parte de los acuerdos de La Uribe?
V.B.: Los grupos de particulares que en el gobierno anterior integraban las comisiones de verificación no tenían atribuciones legales ni instrumentos para hacerlo. La verificación en su aspecto legal tiene que ver con las violaciones de la ley, provengan de donde provinieren. Si alguien boletea a alguien está violando la ley y no los acuerdos de La Uribe. Y si la fuerza pública comete algún atropello también está violando la ley. La labor de investigar las violaciones de la ley le correspónde a los jueces y a las autoridades legalmente constituidas.

S.: Sobre la verificación legal no hay discusión. Es sobre la verificación política donde no hay mucha claridad.
V.B.: No puede pretenderse que sean verificables cosas que no lo son, como el derecho del Ejército de hacer presencia en todo el territorio nacional. Pero también se pretende reconocerle a las FARC un supuesto derecho de estar en sitios donde no puede estar el Ejército. La presencia del Ejército en todo el território no puede ser cuestionada por ninguna comisión de verificación y, además, las FARC no pueden reclamar para sí ningún territorio. Esto sería aceptar un principio de extraterritorialidad que va en contra de la Constitución.

S.: ¿ Usted hubiera hecho los acuerdos de paz diferentes si hubiera sido el responsable de negociarlos?
V.B.: No soy dado a hipótesis retrospectivas. Me correspondió heredar un proceso en curso y simplemente trato de darle claridad y un manejo responsable. Infortunadamente, la Presidencia de la República no se recibe con beneficio de inventario.

S.: Señor Presidente, y ahora hablemos de economía. ¿Cómo ve la situación económica?
V.B.: La situación económica va muy bien. En esto, las cifras son más importantes que las opiniones. Sin entrar en muchos detalles, y limitándonos a cuatro parámetros, puedo decir que el desempleo ha disminuido, que la producción ha aumentado, que las exportaciones han subido y que la reservas internacionales están bien a pesar de la caída de los precios del café. Tal vez más importante: hay unas reglas de juego claras, y esto produce confianza en los inversionistas.

S.: Pero eso viene del gobierno pasado, según los conservadores. Dicen que es herencia de Betancur, que es poco lo que se ha cambiado y que no hay política propia.
V.B.: Nadie puede desconocer que la reactivación económica es el resultado de una reforma tributaria diseñada y defendida por la actual administración hasta obtener su aprobación por el Congreso, no obstante los para entorpecer la reforma. Lo mismo ocurre con el clima favorable para los inversionistas y los estímulos a las exportaciones. Yo no soy de los que creen que hay que cambiar las cosas por cambiarlas. Hemos cambiado lo que había que cambiar y hemos impulsado los procesos positivos que venían de atrás: esto constituye una política.

S.: Señor Presidente, hablemos un poco del Plan de Rehabilitación y del Plan para erradicar la pobreza absoluta. La oposición dice que no les ve mucha carne y hueso a estos proyectos y que tampoco ve de dónde va a salir la plata.
V.B.: Los dos objetivos, el de rehabilitación y el de la lucha contra la pobreza absoluta se complementan y se refuerzan mutuamente. El Plan de Rehabilitación cuenta ya con recursos del orden de $ 80 mil millones para el presente año, para obras que están en ejecución y su financiación futura, en buena parte, se hará con crédito externo. La lucha contra la pobreza absoluta se refleja en todas las prelaciones de inversión pública, esté o no localizada en las zonas del Plan de Rehabilitación, el cual tiene una concepción regional.

S.: ¿ Y de dónde salen los recursos para los programas de lucha contra la pobreza absoluta?
V.B.: La lucha contra la pobreza absoluta es un concepto más amplio que la simple movilización de recursos financieros. Debe ser, además, la movilización y organización de los recursos humanos y de las energías comunitarias en todas las entidades territoriales sin excepción alguna. Todos los sectores de la producción, los obreros, los empresarios, aceptan hoy la bondad y los beneficios de esta política. En lo financiero, estamos reorientando el gasto público y creando, de esa manera, una nueva estrucura de distribución de recursos. Esto tiene un aspecto muy importante. Es el soporte económico más sólido que se les da a los municipios.

S.: ¿Pero entonces, no se trata de recursos adicionales si no más bien de una reorientación?
V.B.: Claro que hay recursos adicionales y cuantiosos. De los $1.060 millones de dólares que se están contratando, 600 millones estarán destinados a este objetivo. Además, como consecuencia de la reforma tributaria, las grandes empresas del Estado están pagando impuestos y transfiriendo dineros adicionales al presupuesto central. Con estos fondos se están financiando las obras de contenido social. Por ejemplo, Ecopetrol ha transferido cuantiosos recursos para la construcción de las carreteras en zonas hasta ahora históricamente olvidadas y marginadas. Basta mencionar las troncales del Magdalena Medio y la llamada Troncal de los Llanos,desde la frontera con Venezuela hasta la frontera con el Ecuador.

S.: ¿Y entonces, Presidente, con qué va a hacer Ecopetrol la refinería de que se ha hablado?
V.B.: Por ahora lo importante es hacer estas obras de interés, que hacen parte de las prelaciones de esta administración.

S.: Presidente: Asumiendo que no hay problemas de recursos, ¿no ve usted problemas de ejecución?
V.B.: Me parece que ustedes le quieren buscar el pierde a todo. La administración pública siempre encontrará dificultades especialmente por la anticuada y absurda tramitología. Y no pretendemos que podemos superarlas de la noche a la mañana. De lo que sí estoy seguro es que la claridad en las metas y la voluntad política inducen niveles de eficiencia administrativa superiores, y créame que esas dos cosas las tenemos de sobra.

S.: Una última pregunta sobre un tema totalmente diferente. ¿No cree usted, Presidente, que se le fue la mano con la tanda de televisión después del discurso del Congreso?
V.B.: No creo, pero si es la crítica que tienen para mostrar, no dudo que vamos muy bien.