Miércoles, 18 de enero de 2017

| 2002/10/06 00:00

No hay felicidad total

Aunque la Corte Constitucional aprobó la conmoción nada garantiza que hará lo mismo con el impuesto al patrimonio y las zonas de rehabilitación.

El gobierno de Alvaro Uribe se anotó un hit con el fallo de la Corte Constitucional que aprobó por ocho votos contra uno el decreto que declaró la conmoción interior. Pero todavía no es tiempo de cantar victoria.

Desafiando a los más pesimistas, la Corte respaldó al Presidente en que había razones de peso para declarar una conmoción interior.

Así los magistrados dejaron sin piso la idea que hizo carrera en el gobierno anterior de que ningún decreto de conmoción pasaría la cuchilla de la Corte y, de paso, soslayaron el impasse que surgió cuando un magistrado del Consejo de Estado admitió una demanda contra el decreto.

Esta demanda fue presentada por el columnista de El Nuevo Siglo, Hipólito Hincapié, quien recogió los argumentos que públicamente había esgrimido el ministro del Interior y de Justicia, Fernando Londoño, en el sentido de que la Corte Constitucional no era competente para estudiar este decreto. La decisión del magistrado amenazaba con crear una colisión de competencias que podría haberse tomado hasta siete meses en resolverse.

Por eso cuando, tras cuatro días de deliberación, salió humo blanco del Palacio de Justicia, se sintió gran alivio en la Casa de Nariño. Pero lo cierto es que mirada en detalle la sentencia permite anticipar que lo duro para Uribe hasta ahora comienza.

La razón es que el destino de las medidas expedidas al amparo de la conmoción no es claro. La corporación fue explícita en que su fallo "en ningún caso constituye un aval de la corporación a los decretos de desarrollo de la conmoción, los cuales serán juzgados uno por uno?".

La Corte definirá la constitucionalidad del impuesto del 1,2 por ciento al patrimonio en 15 días y cada semana después de esa fecha fallará acerca de las zonas de rehabilitación, la extinción de dominio por vía administrativa (ver recuadro) y el aumento de penas para el robo de gasolina, entre otros.

La alta corporación también hizo énfasis en que si bien esta vez pasó por alto los problemas de forma porque estaba de acuerdo con los argumentos de fondo, para el estudio de los demás decretos exigiría del gobierno una justificación específica para limitar los derechos de los ciudadanos. Por ejemplo, el decreto que crea las zonas de rehabilitación dice que en esos pueblos se podrá restringir la circulación de carros entre las 5 de la mañana y las 5 de la tarde. El gobierno tendrá que explicar, entonces, por qué es necesaria esta limitación para conjurar el problema de orden público, y si no lo consigue quedará sin piso esa restricción. Porque otra de las novedades de esta sentencia es que la Corte parece no estar dispuesta a tragar entero cualquier afirmación. Por ejemplo, no aceptó la de que "Colombia ha alcanzado la más alta cifra de criminalidad que en el planeta se registra", porque el gobierno no la pudo probar.

¿Que va a pasar?

Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta es que podría pasar cualquier cosa, aunque los que conocen a fondo la Corte coinciden en que no se volverá a ver la abrumadora mayoría que hubo la semana pasada para aprobar la conmoción.

Los magistrados Alfredo Beltrán Sierra y Clara Inés Vargas Hernández salvaron el voto, el primero en forma total y la segunda en forma parcial. Vargas cuestionó que el gobierno necesite una conmoción interior para modernizar a las Fuerzas Armadas y que por un lado diga que es urgente hacerlo y por el otro afirme que sólo gastará esos recursos en 2003. Su posición, unida la del magistrado Jaime Araújo Rentería, que fue el único que rechazó la totalidad del decreto, permite anticipar que de los nueve votos que necesita el gobierno para que le aprueben el impuesto al patrimonio ya tiene de entrada perdidos esos tres.

Beltrán y Vargas también manifestaron su inconformidad en relación con las motivaciones del decreto que mencionan la cooperación de la ciudadanía, lo cual podría afectar lo que tenga que ver con la red de informantes.

Por su parte el magistrado ponente, Jaime Córdoba Triviño, aclaró su voto en relación con el anuncio que hace el gobierno en el decreto de extender la responsabilidad penal de los miembros de las organizaciones terroristas hacia sus cabecillas. El considera que, por ejemplo, juzgar a 'Tirofijo' o a Castaño por un secuestro que cometa alguno de sus frentes violaría los tratados internacionales sobre derechos humanos.

En el estudio de estos decretos será definitiva la composición ideológica de la Corte. A partir de fallos anteriores se puede anticipar que los magistrados Rodrigo Escobar Gil y el presidente de la Corte, Marco Gerardo Monroy, votarán a favor de la mayoría de decretos. Ellos fueron los únicos que respaldaron la Ley de Seguridad del presidente Pastrana que hundió la corporación el año pasado. Y como son afines al gobierno de Uribe tienden a favorecer un mayor poder presidencial.

En el otro extremo están los magistrados Beltrán, quien como ex líder sindical es muy sensible a los derechos de los trabajadores, y Araújo, profesor de derecho constitucional, quien llegó a la Corte como candidato estrella del serpismo y se distingue por asumir posiciones independientes. Clara Inés Vargas es un voto impredecible pues tiende a fallar caso por caso y de manera no siempre consistente.

En el centro, con un enfoque menos ideológico y más pragmático, están Eduardo Montealegre, Jaime Córdoba y Manuel José Cepeda. Montealegre, especialista en derecho penal, fue viceprocurador. Córdoba fue el primer defensor del Pueblo y vicefiscal y Cepeda fue consejero de César Gaviria.

Esta experiencia los lleva a interpretar las normas más a la luz de la realidad que de los principios formales del derecho. Varios de sus fallos discuten los efectos prácticos de sus decisiones y, por ejemplo, incorporan plazos para permitirle al gobierno acomodarse a las restricciones presupuestales. Eso permite suponer que no tendrán posiciones radicales sino que fallarán teniendo en cuenta no sólo las normas sino las circunstancias reales. Es posible que sean ellos quienes terminen inclinando la balanza. Pero como no tienden a fallar en blanco y negro al gobierno le espera un mes de mucha ansiedad también en este campo.

¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.