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| 10/3/2015 10:00:00 PM

Justicia transicional: tremendo enredo

El anuncio de que Uribe podría ser investigado por el tribunal de justicia transicional no fue sino uno de los cañonazos que alborotaron el avispero.

La frase “no hay cuña que apriete más que la del mismo palo” definitivamente se está aplicando al proceso de paz en Colombia. Mientras el presidente Santos recibe ovaciones en el exterior como el hombre de la paz, en Colombia el asunto es mucho menos unánime. Según la última encuesta de Ipsos-Napoleón Franco, solo el 46 por ciento de los colombianos se siente optimista de que los diálogos llegarán a un acuerdo de paz y que la guerrilla se desmovilizará.

La controversia se profundizó la semana pasada con interpretaciones de todo tipo sobre el acuerdo de justicia transicional. Como era de esperarse el procurador y el fiscal dispararon los primeros cañonazos.

Para Alejandro Ordóñez ese acuerdo “es una comedia”, como dijo en el Congreso, donde se fue lanza en ristre contra las medidas anunciadas y manifestó que “algunos sectores están pretendiendo convertir lo que se acuerde en La Habana en un mecanismo de venganza”.

En cuanto a Eduardo Montealegre, afirmó que la Jurisdicción Especial para la Paz podría investigar a Álvaro Uribe. Y como el fuero presidencial establece que solo el Congreso puede juzgar a los mandatarios, ese planteamiento alborotó el avispero. Inmediatamente, tanto el presidente Juan Manuel Santos como Humberto de la Calle y Manuel José Cepeda aclararon que el fuero presidencial no estaba en tela de juicio y que en ningún momento durante las negociaciones se habló de juzgar expresidentes.

El problema es que esa aclaración no tenía nada que ver con lo que había dicho el fiscal. Este no había propuesto brincarse el fuero presidencial sino explorar una posibilidad en el ordenamiento jurídico colombiano. Así como los presidentes no pueden ser juzgados sino por el Congreso por actos realizados en el ejercicio de sus funciones, sí pueden ser llevados ante la justicia por cualquier acto anterior o posterior a sus gobiernos. Sin embargo, aunque el fiscal tenía razón en abstracto, el hecho de haber mencionado a Álvaro Uribe –y a Pacho Santos–, con nombre propio, como posibles investigados por la futura Jurisdicción Especial para la Paz fue una gran metida de pata.

La coyuntura no podía haber sido más inoportuna. En momentos en que una de las prioridades del gobierno era que la Colombia uribista dejara a un lado su escepticismo sobre la paz sucedió exactamente lo contrario. Se le dio munición al Centro Democrático para afirmar que se había creado una justicia para dejar libres a los guerrilleros y meter a la cárcel al expresidente Uribe y a su gente.

La realidad de ese enredo es que así como Uribe y Pacho Santos pueden ser llamados a esclarecer hechos anteriores a sus periodos, probablemente sería para oír sus versiones sin que les pase nada después de hacerlo. Igualmente podría ser llamado el presidente Santos a responder por los falsos positivos cuando fue ministro de Defensa. En tal caso, él se limitaría a decir que esos actos de barbarie tuvieron su origen en un decreto anterior a su llegada al Ministerio de Defensa y que lo único que se buscaba con esa norma era mejorar los resultados de las Fuerzas Armadas. Aclararía que en ningún caso se trató de incitar a los militares a homicidios fuera de combate y terminaría puntualizando que él, por el contrario, buscó erradicar esa práctica que nunca fue política oficial del Estado colombiano.

Aunque pueda producir rechazo, el espíritu de los procesos de justicia transicional es que todos los sectores de la sociedad participen para que en busca de la verdad se puedan oír las versiones de todas las partes. Lo más probable sería que la hipotética participación de algún expresidente acabara siendo más un aporte a un intercambio de información que un juicio penal. El país, sin embargo, todavía no ha asimilado eso, por lo que la declaración del fiscal Eduardo Montealegre hizo daño.

En resumen, si Montealegre fue inoportuno, Ordóñez se desbocó una vez más. Y lo grave de la confrontación entre ambos es que aumenta la polarización alrededor del tema, lo que opaca el hecho de que se llegó finalmente a un acuerdo. Además, se refuerza la percepción de que el fiscal es el jefe del antiuribismo y el procurador, el jefe del antisantismo. La percepción nacional de falta de neutralidad de cada uno ellos ahonda la falta de credibilidad en las instituciones.

Pero Montealegre y Ordóñez no fueron los únicos que crearon confusión. Lo mismo hicieron Timochenko e Iván Márquez. En la entrevista con Piedad Córdoba el jefe de las Farc se mostró bastante prudente pero también sembró un par de inquietudes. Aunque dejó claro que la guerrilla asumirá sus responsabilidades por los daños causados durante el conflicto (como ya lo hizo al asumir la responsabilidad por la masacre de Bojayá el año pasado), no fue bien recibido su pronunciamiento categórico según el cual él no tenía que pedirle perdón a nadie porque “cuando uno pide perdón es porque se arrepintió de haber hecho algo y yo no me estoy arrepintiendo de lo que he hecho”.

Tampoco tranquilizó a nadie Iván Márquez con un trino en donde dijo que “las sanciones restaurativas de la Jurisdicción Especial para la Paz no están condicionadas ni a arraigo ni a vigilancia, sino al cumplimiento laboral de la sanción”. Como la mayoría del país exige que la restricción de la libertad sea efectiva y tenga un elemento de reclusión real, Márquez dio la impresión de que la pena no va a ser más que un trabajo de boy scouts sin concentrarse en un lugar preciso y sin supervisión externa. Aunque su posición ha evolucionado al respecto, a esto se suma que tanto Timochenko como Márquez volvieron a describir a las Farc como víctimas y no como victimarios, lo que ha despertado indignación desde la perspectiva del Establecimiento.

El gobierno también tiene una dosis de responsabilidad en la confusión. Al anunciar el acuerdo en un comunicado de diez puntos dio a entender que existía un documento detallado más extenso disponible al público. Pero resultó que ese documento aún no está totalmente listo, lo cual ha dado pie a múltiples críticas. Hay quienes dicen que no se sabe exactamente qué se aprobó, mientras otros temen que haya elementos no revelados de mucho más alcance. Pero esos mismos temores surgieron en el momento en que salieron los primeros comunicados sobre los primeros puntos de la agenda de La Habana hace más de dos años, y fueron acallados cuando los documentos se hicieron públicos.

En este caso, probablemente sucedió que el anuncio del presidente fue algo prematuro para aprovechar la plataforma de la cumbre en La Habana con papa a bordo y la Asamblea General de las Naciones Unidas con gobernantes de más de 100 países. El objetivo era venderle al mundo la paz colombiana como una realidad. Esa operación de marketing sin duda alguna funcionó. Pero se hizo cuando aún le faltaban algunos ajustes y precisiones de interpretación para evitar ambigüedades, como explicó el propio Humberto de la Calle. Seguramente al publicar el documento final se calmarán las aguas.

De cualquier manera, aunque en el país todavía no hay consenso sobre el tema, a nivel internacional sí lo hay. Todos los gobiernos y todas las ONG con la excepción de Human Rights Watch aplaudieron el anuncio. En cuanto a los medios de comunicación solo hubo una voz disidente entre un mar de halagos: la de la columnista del Wall Street Journal Mary Anastasia O’Grady. Esta resultó aún más radical que Uribe, el procurador y Fernando Londoño, pues cerró su texto con una frase fuerte: “Colombia es una frágil democracia. Santos, con la ayuda de Raúl Castro, el papa Francisco y Obama están a punto de acabarla”.

Sin embargo, así como a nivel internacional solo una ONG y una columnista son escépticas, en Colombia casi la mitad de la opinión pública sigue sin estar convencida. La cercanía del final de la guerra y la presión internacional probablemente harán mejorar esas cifras a mediano plazo. Eso ciertamente será necesario pues el pueblo colombiano tendrá la última palabra en las urnas.
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