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La sala plena de la Corte Suprema de Justicia no se puso de acuerdo para elegir el relevo, en propiedad, del Fiscal Mario Iguarán. Le corresponderá al gobierno de Juan Manuel Santos modificar o ratificar la terna propuesta por Álvaro Uribe y que fue calificada de víable por los magistrados.

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Y no hubo Fiscal

La Corte Suprema de Justicia decidió aplazar, una vez más, la elección del nuevo Fiscal general. Si en la próxima sala plena no lo hace, el presidente entrante tendrá que pronunciarse si mantiene la terna de candidatos o si la modifica.

3 de agosto de 2010

Sin ‘humo blanco’ terminó este martes la sala plena extraordinaria que la Corte Suprema de Justicia convocó para la elección del Fiscal General de la Nación. Fue la décimo séptima sesión en la que ninguno de los integrantes de la terna final, presentada por el presidente Álvaro Uribe, alcanzó los 16 votos necesarios para obtener esa dignidad.

Ni Margarita Cabello, ni Marco Antonio Velilla, ni Jorge Aníbal Gómez obtuvieron, en siete meses, el favor de las dos terceras partes de la sala plena de la Corte. Por lo tanto, el periodo interino en la administración de la Fiscalía General tendrá que extenderse.

La próxima semana, en Cartagena, en un encuentro de jueces, la sala plena se reunirá y abordará el tema, en la que sería la última chance para decidir el nombre del relevo de Mario Iguarán, quien el 31 de julio de 2009, terminó su periodo.

¿Se insistirá en la misma terna?

Si la Corte no toma una decisión,  será el presidente entrante Juan Manuel Santos quien se pronuncie sobre la elección del Fiscal. La Constitución advierte, en el artículo 249, que el Fiscal General será elegido de terna enviada por el Presidente de la República.

En ese sentido, según el constituyente Armando Novoa, ese artículo faculta al presidente entrante Juan Manuel Santos a ratificar o modificar la terna propuesta por el presidente Álvaro Uribe. “Es discrecionalidad del presidente Juan Manuel Santos, a partir del momento de su posesión, postular la terna de candidatos a Fiscal General”.

Javier Revelo, investigador de la corporación DeJusticia, advierte que el nuevo presidente sí puede cambiar la terna. "El poder nominador del presidente está muy poco desarrollado en la Constitución y la Ley. Sin embargo, en derecho hay un principio y es que las cosas se deshacen como se hacen, es decir, por la misma vía jurídica. Así, por ejemplo, un presidente nuevo puede derogar un decreto anterior. Un Congreso nuevo una ley anterior". 

El también constituyente Jaime Castro dice que ni la ley ni la Constitución señalan que el nuevo gobierno debe enviar una nueva terna en caso de que no se haya elegido Fiscal. Pero considera que los ternados (Margarita Cabello, Alberto Velilla y Jorge Aníbal Gómez) están obligados, el próximo 7 de agosto, a renunciar a su postulación. Eso “habilita a Juan Manuel Santos a presentar una nueva terna o modificar la existente”.

Según Castro, el hecho de que la terna haya sido enviada por el Ejecutivo no significa que los actuales candidatos gocen de la confianza del nuevo presidente, por lo que están obligados a renunciar.

Ese sería el camino que se advierte para que la Fiscalía salga del periodo de interinidad que se extendió desde el primero de agosto de 2009, fecha en que se retiró Mario Iguarán Arana.

El otro interrogante que deja el más dilatado proceso de elección de Fiscal, en los casi 20 años que lleva desde su creación, es si el periodo que deberá cumplir el próximo Fiscal General será de cuatro años completos o sólo para completar el que se inició con Guillermo Mendoza Diago, quien ya lleva un año como fiscal general encargado.

La pregunta parece sencilla, pero ha obligado a varios expertos constitucionalistas a revisar las leyes orgánicas de la administración de justicia, para establecer si el periodo del Fiscal general es personal o institucional.

El jurista Javier Revelo considera que el periodo será de cuatro años porque el  del nuevo fiscal no ha iniciado. "Mendoza Diago no está completando un periodo constitucional".

El ex fiscal Alfonso Valdivieso señala que, en el caso del Fiscal General, el periodo es personal y no institucional, y como no ha habido elección, el periodo del próximo Fiscal empezará a correr a partir del momento en que sea elegido por la Corte Suprema de Justicia.

Dice Valdivieso que la Fiscalía no es un órgano de control cuyo periodo dependa de otros poderes, como pasa con el Contralor General de la República, que es elegido por el Congreso y cuyo periodo coincide con el del legislativo.

Prueba de ello es que Valdivieso fue ternado por el presidente César Gaviria, y elegido por la Corte Suprema de Justicia, en reemplazo de Gustavo de Greiff, quien cumplió su edad de retiro forzoso cuando había cumplido tres años como Fiscal General.

Valdivieso renunció al tercer año de su periodo, y su reemplazo, el ex fiscal Alfonso Gómez Méndez, fue el primero en cumplir el periodo completo consagrado en la Constitución.

Estos hechos modificaron el periodo del Fiscal, que desde Alfonso Valdivieso, se desempeñaba un año en un gobierno, y el resto de su periodo en el siguiente.

Pero la reforma a la Constitución de 2004, que permitió la reelección inmediata del Presidente de la República, obligó a que el Fiscal General coincidiera con el periodo del mismo gobernante que lo postuló.

Esa circunstancia, dice Armando Novoa, es una prueba de la independencia de la autonomía del máximo organismo investigador, consagrada en la Constitución, sobre todo “en una coyuntura en la que funcionarios del resorte del presidente Uribe están siendo investigados por la Fiscalía”.

Un año sin fiscal en propiedad

En los 20 años que está próxima a cumplir la Fiscalía, nunca se había presentado un periodo de interinidad como el actual, que lleva más de un año.

Quizás, el enfrentamiento del presidente Álvaro Uribe con el poder judicial fue una de las causas.

El 4 de julio de 2009, Uribe envió su terna de candidatos en la que no había ningún experto en derecho penal. En principio, la conformaron el ex ministro de Defensa Camilo Ospina, el ex consejero de Estado Juan Ángel Palacio y la ex asesora del ministro de Transporte, Virginia Uribe.

Ángel renunció luego que la Corte suprema declarara inviable la terna. Y lo hizo tras una denuncia en su contra por presunta corrupción en el Consejo de Estado. Virginia Uribe, renunció a la postulación a finales del mes de noviembre.

La terna con la que empezaron las discusiones en 2010 fue modificada con los nombres de la procuradora Margarita Cabello y el del jurista Marco Antonio Velilla.

Camilo Ospina, a quien muchos señalaban como el más cercano al presidente Uribe optó por renunciar el pasado mes de mayo. Fue sustituido en la terna por el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Aníbal Gómez.

Aún así, la Corte Suprema siguió el proceso de elección. Ninguno de los candidatos alcanzó el respaldo de las dos terceras partes de su Sala Plena.

El futuro de la Fiscalía estará en manos del próximo Presidente, quien anunció que uno de sus primeros actos de gobierno, será el diálogo con las altas Cortes. Probablemente, haya solución para que en la Corte, en materia de Fiscal, por fin haya humo blanco.