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| 4/11/2004 12:00:00 AM

"No hubo robo en el Andino, la plata está ahí"

SEMANA logró que el banquero ecuatoriano Nicolás Landes, acusado hace cinco años y pedido en extradición por el gobierno colombiano como cómplice de un supuesto dolo en el Banco Andino, dé su versión de los hechos.

Durante cinco años, el gobierno colombiano ha acusado al banquero ecuatoriano Nicolás Landes de ladrón. Era el accionista mayoritario del Banco Andino, intervenido por la Superintendencia Bancaria colombiana en mayo de 1999. Luego, el gobierno de Andrés Pastrana lo demandó a él y a otros directivos del Andino ante la Fiscalía porque supuestamente sacaron dolosamente dineros del banco hacia una agencia filial del Banco Popular en Miami y de ahí, hacia el Popular del Ecuador, cuyo socio principal también era el ecuatoriano. En septiembre del mismo año, la Dian presentó una demanda similar ante una corte federal en Miami, alegando que los 64 millones de dólares de impuestos que tenía el banco al momento de su liquidación habían sido robados por sus directivos.

Si bien la demanda en Estados Unidos fracasó, en Colombia la Fiscalía los acusó. El juez que lleva el caso, que se espera falle en mayo próximo, solicitó al gobierno pedir la extradición de Landes y de uno de los acusados, Gregorio Obregón. Y el gobierno de Álvaro Uribe le dio trámite al pedido.

Sin embargo, tres hechos recientes han puesto en duda la firmeza de estas graves acusaciones y dejan entrever la posibilidad de que con Landes y los demás funcionarios bancarios se haya cometido una gran injusticia.

El primero fue la investigación detallada que hizo del caso el periodista Alberto Donadío, famoso por sus denuncias a banqueros, en su libro Los farsantes, Banco Andino: el fraude que nunca existió. Como lo sugiere el título, su conclusión es que nunca hubo robo. El segundo fue la columna de D'Artagnan publicada hace dos semanas en El Tiempo en la que también pone en duda la veracidad de las acusaciones. Y el tercero, y más contundente, es el último informe del liquidador del Banco Andino que muestra que ya ha entregado el 80 por ciento de los dineros a ahorradores y a la Dian. Por lógica, si el liquidador logra devolverle la plata a todo el mundo, como parece ser que lo hará, ¿cómo pudieron habérsela robado, y menos en las cantidades que fueron acusados? ¿Cómo, si los activos del banco valían aproximadamente 211 millones de dólares, podía haberse llevado 64 millones de dólares de la Dian, y 111 millones de dólares de los depositantes, y que al liquidar el banco no se note ese enorme faltante?

Estos hallazgos llevaron a SEMANA a entrevistar a Landes para que por primera vez el país conozca su versión detallada de los hechos. Se consultaron los archivos del caso en la Dian, y se verificó la existencia de varios de los documentos que Landes presentó para respaldar casi todas sus respuestas.

Este banquero, de 53 años, descendiente de inmigrantes estadounidenses que llegaron a Ecuador, perfeccionista y 'trabajadicto', vive obsesionado con limpiar su nombre. Economista de Brown University, con un MBA de Harvard, hizo carrera en el Citibank y luego compró el Banco Popular del Ecuador, que era pequeño y estaba en crisis. Según le dijeron a SEMANA fuentes en Ecuador, en unos años Landes lo convirtió en un banco próspero con 800 empleados, muchos de ellos socios. El banco se expandió y alcanzó a tener bancos en Venezuela (Fivenez), Colombia (Andino) y una agencia en Miami. Al cierre del Popular se calcula que la inversión de Landes allí, a pesar de la crisis, valía 43 millones de dólares. Luego lo perdió casi todo. Landes asegura que desde entonces, él y su familia viven de la venta de una casa de recreo que tenían en Florida por la que obtuvieron más de seis millones de dólares.

La opinión tiende a confundir el caso del Banco Andino con el del Pacífico, también cerrado en 1999 y cuya casa matriz estaba también en Ecuador. Landes no tiene nada que ver con el Pacífico, pero como lo explica él en esa entrevista, puede ser que las decisiones del gobierno colombiano de acusarlo tengan que ver con ese otro banco ecuatoriano.

SEMANA: Cuando la Superintendencia Bancaria de Colombia intervino el Banco Andino encontraron evidencia de que se pretendía borrar la información de los computadores de seis ejecutivos. Eso disparó las sospechas.

Nicolás Landes: Quien trabaje en una oficina guarda en su computador información personal que cuando sale de la empresa se la lleva. La información oficial del Banco Andino la administraba la IBM y jamás hubiera borrado archivos oficiales del banco. Además, el Andino estaba vigilado estrechamente por la Superbancaria que hacía reportes de movimientos diarios de caja. Prueba de que nada fue borrado es que ni la Super ni el liquidador encontraron archivos faltantes o vacíos contables.

SEMANA: También una funcionaria sacó cajas con documentos del Andino poco antes del cierre, lo que la Fiscalía consideró indicio grave en su acusación.

N.L.: En diciembre de 1998, una filial del Banco Popular llamada Asandino había comprado cartera del Banco Andino en una operación autorizada por la superintendente bancaria Sara Ordóñez. Asandino operaba en las oficinas del banco y tenía los documentos legales y contables de esa cartera que estaba cobrando. La víspera de la intervención la gerente de Asandino, con legítimo derecho, retiró esos documentos. Me remito al informe de auditoría de la Superintendencia que dijo: "En la fecha de la toma de posesión, los módulos que son parte central de información del banco se encuentran debidamente soportados por todos los registros transaccionales contables, no existen diferencias materiales sin la debida justificación". ¿Cómo pudo haber entonces retiro doloso de documentos?

SEMANA: La acusación más grave es que hubo 72 transferencias de dineros del Banco Andino por 75 millones de dólares al Popular en Miami, y que eso prueba cómo salió el dinero hacia sus bolsillos.

N.L.: Eso es analizar el estado de una cuenta corriente mirando sólo los cheques girados y no las consignaciones. Maliciosamente omitieron los dineros que ingresaron al Andino. En la auditoría que contrató el Ecuador con Deloitte & Touche se estableció que las transacciones con el Andino fueron legítimas y que sí salieron 75 millones de dólares del Banco Andino, pero que volvieron a entrar 53 millones. La salida neta de 22 millones de dólares del Andino a su filial en Nassau se destinaron a pagar retiros de clientes colombianos allí.

SEMANA: En la demanda del gobierno colombiano en Miami, ¿cómo explica que la juez federal haya decidido intervenir su agencia filial en Miami y congelar las cuentas del Popular allí si no vio evidencias claras contra ustedes?

N.L.: Los abogados que contrató la Dian fueron capaces de obtener de la juez federal esa decisión inédita, después de solamente leer una demanda, en una audiencia de 20 minutos, en la que el Popular no tuvo la oportunidad de defenderse. Lo más sorprendente es que la única prueba que presentó la Dian era el simple listado de los 72 giros de fondos.

SEMANA: ¿Qué efectos tuvo para el Banco Popular esa decisión de la cual la juez se retracta un año más tarde?

N.L.: Catastróficos. Puso al banco en una situación de no poder cumplir con sus obligaciones. Además tuvo un impacto sicológico sobre la clientela del banco que al enterarse de que un juez en Estados Unidos, con toda la credibilidad que tiene, había tomado una decisión tan drástica, supuso que tenía que haber visto indicios fuertes de la existencia de un fraude. Eso motivó una corrida de depósitos en Ecuador y la consiguiente intervención del Banco por las autoridades ecuatorianas. Después, la superintendencia bancaria de la Florida rechazó y reclamó enérgicamente ante la juez por haber violado las normas pues la única entidad que puede intervenir un banco es la reguladora de la banca.

SEMANA: Hubiera sido más lógico haber pedido información a las superintendencias de Ecuador y de Florida, que habrían podido detectar un fraude.

N.L.: Si hubieran consultado a la Super de la Florida hubieran tenido como respuesta lo que dijo luego a la Corte su director jurídico, el señor Donelan, que no era posible que se hubiese realizado ese presunto fraude en la oficina del Popular en Miami porque estaba bajo su estricta vigilancia. La auditoría que contrató el gobierno del Ecuador dijo lo mismo: que todas las transacciones eran perfectamente correctas y lícitas. A pesar de eso Colombia persistió, presentó una nueva demanda en diciembre del 99 y la mantuvo por tres años hasta que finalmente perdió la apelación final en 2002 y el caso se archivó.

SEMANA: Uno pensaría que una prueba determinante estaría en los movimientos de sus cuentas personales, pero no se encuentra que las hayan rastreado.

N.L.: Mis cuentas en el Banco Popular de Ecuador quedaron en manos de las autoridades bancarias ecuatorianas cuando se estatizó el banco y jamás han dicho que hayan encontrado irregularidades allí. Las cuentas que yo tenía en el Popular de Miami fueron revisadas por los detectives de Kroll que contrató la Dian por 100.000 dólares y que si hubieran encontrado alguna prueba, la Dian la habría usado. Si no lo hizo es porque no encontró nada irregular.

SEMANA: Según documenta Donadío, los informes de la Superbancaria colombiana tampoco reportan indicio de fraude.

N.L.: El equipo interventor de la Superintendencia presentó su informe en enero de 2000, meses después de que se presentaron las denuncias penales. Encontró faltas administrativas e impuso algunas multas a los directivos. Pero en ninguna parte menciona que haya encontrado evidencias de dolo.

SEMANA: Si nadie encontró nada, cómo es que no se defendió públicamente cuando el ministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo y la directora de la Dian Fanny Kertzman le dijeron en debates en el Congreso que usted era un ladrón.

N.L.: Había en los medios colombianos una aceptación casi uniforme de que el supuesto robo era comprobado. No había mayor interés en escuchar la otra cara. Me pareció que estas acusaciones tenían que enfrentarse con una decisión judicial en Estados Unidos que dejase constancia de que eran falsas. Lamentablemente, esa contrademanda no fue exitosa porque existe una prohibición a particulares de demandar a gobiernos extranjeros en Estados Unidos.

SEMANA: Usted por su familia política tuvo cercanía al gobierno Pastrana, con el propio presidente y con el embajador Luis Alberto Moreno. ¿Por qué no acudió a ellos que lo conocían hacía años?

N.L.: Efectivamente, por vínculos de amistad de muchos años de mi suegro Luis Fernando Echavarría con las familias Pastrana y Moreno, yo desarrollé una amistad con ellos. Justamente por esa cercanía, incluso hice una contribución a las campañas presidenciales de Pastrana en 1994 y 1998. Pero no pido favores políticos por principio.

SEMANA: En Ecuador también fue liquidado el Banco Popular y no se les quedó debiendo a los depositantes. ¿Por qué enfrenta allí varias demandas penales?

N.L.: El Popular pagó todo a los depositantes y lo que le debía al Banco Central del Ecuador. Hoy debe 25 millones de dólares a tenedores de bonos del Banco. De los siete juicios penales que enfrenté, ya salí sobreseído de dos y las otras son acusaciones generales de peculado. Cuando el gobierno ecuatoriano pidió mi extradición a Estados Unidos el Departamento de Justicia examinó los cargos y encontró que no tenían sustento. Cito lo que dijo: "La petición no tiene conexión sustancial entre Landes y el delito del que se le acusa y no hay detalles sobre su supuesto involucramiento en este caso".

SEMANA: Tanto Donadío como D'Artagnan afirman que la acusación en contra suya pudo ser una cortina de humo para encubrir lo sucedido en el Banco Pacífico, conectado con varias figuras del gobierno. ¿Usted cree lo mismo?

N.L.: No se puede explicar de otra manera que, estando los dos bancos en situaciones similares, la actuación del gobierno Pastrana fuera tan diferente en un caso y en otro. A mí y a los demás directivos se nos pusieron todas las demandas y acusaciones posibles. Contra los del Pacífico se presentó a la Fiscalía apenas una demanda en averiguación que no prosperó. Es más dramática la diferencia de trato hoy que se sabe que el Andino ha devuelto el 80 por ciento de la plata y el Pacífico apenas el 47 por ciento.

SEMANA: Pero el Popular era tan poderoso en Ecuador como el Pacífico.

N.L.: El Popular era un banco de profesionales que ascendían por meritocracia, que prestaba dinero dentro del estricto negocio, sin hacer favores políticos. El Pacífico, en cambio, tenía toda suerte de conexiones políticas en Ecuador y en Colombia. Para mencionar algunos en Ecuador, cinco altos directivos del banco luego ocuparon los más altos cargos oficiales en el Ministerio de Finanzas y las entidades de regulación bancaria. En Colombia, se sabe que varios altos funcionarios de los gobiernos Pastrana y Uribe fueron directores o accionistas del Pacífico en ambos países. Es evidente el poder político del Pacífico y por tanto había intereses personales de mucho peso en juego cuando se cerró.

SEMANA: Pero los accionistas del Pacífico también perdieron su plata, de nada les sirvió el poder.

N.L.: Esa fue la explicación de los funcionarios colombianos citados a un debate en el Congreso. Pero omitieron decir que en vísperas de la estatización del Banco Pacífico en Ecuador, una asamblea de accionistas resolvió traspasar parte de la cartera del banco por un valor aproximado de 78 millones de dólares a un fideicomiso en beneficio de ellos mismos. No se sabe cuánto dinero, fruto de esa cartera, alcanzaron a recuperar. Luego, un fiscal ecuatoriano ordenó que se deshiciera el fideicomiso y acusó penalmente al entonces presidente del Pacífico.

SEMANA: ¿En qué se equivocó usted?

N.L.: Pequé de ingenuidad. Creí que se podían conducir los negocios bancarios sin protección política y la aplicación justa de la ley. Ese error puso en duda mi honra y la de los administradores del Banco Andino y llevó a que los 2.000 accionistas del Popular y sus empleados perdieran su inversión y su trabajo por acusaciones motivadas políticamente.

SEMANA: ¿Si el juez lo declara culpable qué haría, y qué si decide que es inocente?

N.L.: Seguiré con mi defensa judicial en Colombia y Ecuador, apelando a la opinión para que conozca la verdad de los hechos. Si me declaran inocente, por mi propio nombre y el de todos los afectados creo que los responsables deberían rendir cuentas por hacer acusaciones falsas.
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