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| 10/18/2014 10:00:00 PM

No más cárcel antes de la condena

La propuesta se basa en endurecer los requisitos para detener a quienes no están condenados.

El ministro de Justicia, Yesid Reyes, está decidido a acabar con el dicho de que “un carcelazo no se le niega a nadie”. Su cartera presentará un proyecto de ley que busca ‘racionalizar’ la detención preventiva. Esto no es otra cosa que restringir la posibilidad de que las personas puedan ir a la cárcel antes de ser condenadas. De ser aprobada, la norma cambiaría radicalmente el sistema judicial colombiano.

Los expedientes judiciales están llenos de ejemplos de eventuales injusticias. Sigifredo López es quizás el símbolo de este problema. Fue presentado como el cerebro del secuestro de sus compañeros y encarcelado hasta que se descubrió que era víctima de un cartel de testigos. La expresidenta del Congreso Nancy Patricia Gutiérrez estuvo detenida más de un año hasta que la Corte Suprema la absolvió. Lo mismo le sucedió al contraalmirante (r) Gabriel Arango Bacci, quien estuvo preso 16 meses hasta que fue declarado inocente.

Miles de colombianos viven esa misma situación. Según el ministro Reyes, la mitad de quienes están detenidos preventivamente luego son absueltos. La magnitud de ese problema es tal que de los 130.000 presos del país, 42.000 no tienen condena. La libertad de muchos de ellos es lógica en una democracia que se fundamenta en el principio de la presunción de inocencia. Pero, además, aliviaría el grave hacinamiento carcelario y le ahorraría al Estado una fortuna. Hoy se estima que se necesitan 400.000 millones de pesos para construir nuevas cárceles. Sin embargo, el monto de las 18.000 demandas por detenciones injustas suma cerca de 23 billones de pesos.

“Colombia es un país carcelero”, dijo el vicefiscal José Fernando Perdomo. Su afirmación tiene una explicación en una tesis que se conoce como el ‘populismo punitivo’. Esta es la creencia de que para todos los problemas, la solución es la cárcel. Hace poco, por ejemplo, se propuso allí llevar a prisión a quienes condujeran borrachos. El fiscal, Eduardo Montealegre, tuvo que salir a explicar no solo que la medida era inconveniente sino imposible de cumplir porque no había suficientes jueces ni cárceles.

A eso se suma que muchas leyes han obligado a los jueces a imponer medidas de aseguramiento pues han establecido que quienes son acusados de algunos delitos constituyen un peligro para la sociedad. Ese es el caso de la Ley de Convivencia y Seguridad Ciudadana, el Estatuto de Seguridad Ciudadana, el Estatuto Anticorrupción y el Código del Menor. Así, hoy se puede imponer una medida de aseguramiento a una persona por robarse un caldo de gallina, no pagar el IVA o cometer un error en un libro de contabilidad.

Otra explicación es el sistema penal acusatorio. El país no estaba acostumbrado al modelo norteamericano que permite negociar las penas y darles beneficios a quienes colaboran. Y por otro lado, la posibilidad de televisar los juicios, que antes no existía pues todo se hacía por escrito, ha convertido los procesos penales en un espectáculo que exige resultados.

Ahora, solo hay tres razones por las cuales una persona puede ser privada de su libertad antes de ser condenada: ser un peligro para la sociedad, intentar fugarse o manipular el proceso. Lo que propone el gobierno es volver más estricta la posibilidad de usar estas causales pues hay otras 11 medidas como la vigilancia con brazalete electrónico o la suspensión del pasaporte que podrían usarse. El ministerio también propone restringir a un año el tiempo máximo que una persona puede estar presa esperando su sentencia. Esta semana fue noticia que el juicio contra el exalcalde Samuel Moreno había cumplido tres años sin solución. Su abogado Mauricio Alarcón simplemente dijo: “La medida de aseguramiento se está convirtiendo en una cadena perpetua”.
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