No más discriminación para los hijos de policías dentro de la institución

Aunque la ley y la administración pública han permitido a las instituciones educativas a cargo de la Policía y las Fuerzas Militares tener un régimen especial que da lugar a que los hijos de los mandos inferiores de esas instituciones no puedan compartir aula con los hijos de oficiales, el Consejo de Estado falló una tutela que pone fin a esa discriminación.
 
Y es que los rigores de esa jerarquización de la institución castrense victimizaron a la pequeña hija de un subintendente, a quien se le negó el acceso al colegio San Luis, con el pretexto de que el reglamento sólo permitía que se inscribieran a los hijos de los oficiales de la Policía.
 
Ni siquiera las evidentes dificultades que tenía para atender a su hija conmovieron a las autoridades de esa institución educativa, que se amparaban en el manual de convivencia para impedir que hijos de suboficiciales, agentes y personal no uniformado de la institución compartieran salón de clases con los hijos de los oficiales.

Según la providencia proyectada por la magistrada Sandra Lisset Ibarra, la jerarquización de los organismos castrenses sólo es razonable y válida dentro de esas instituciones, pero no se puede extender también a sus hijos menores de edad.
 
El trato desigual que sufran los infantes debe ser considerado un acto de discriminación, según la tesis del Consejo de Estado, que considera que “todos los niños deben estar en igualdad de condiciones frente al acceso a la educación, independientemente del cargo ostentado por sus padres”.
 
Además, subrayó que las autoridades sí pueden ejercer ciertos niveles de intervención en la elaboración de los manuales de convivencia, cuando, como en este caso, promuevan la discriminación de sujetos de especial protección como lo son los niños.
 
Así, las autoridades del colegio San Luis no sólo deben permitir la inscripción de la hija del subintendente en su plantel, sino que no pueden impedírsela a los hijos de los demás integrantes de la Policía.

Además, el fallo obliga a que las modificaciones que se implementen en el manual de convivencia tendientes a evitar nuevos episodios de discriminación sean socializadas con la comunidad educativa, a fin de prevenir “conductas de acoso escolar tanto de los alumnos como de los padres y docentes”.