¿No más?

Un anuncio histórico quedó ahogado, como es costumbre en la vorágine noticiosa de Colombia, por la crisis de la fiscal: las Farc dicen que van a poner fin al secuestro extorsivo. No solo prometen liberar a los diez policías y soldados que mantienen en su poder, sino que dejarán de secuestrar a los ciudadanos del común, ricos y pobres. "A partir de la fecha proscribimos la práctica" de las que llaman "retenciones con fines financieros", dice el Secretariado en su comunicado del pasado 26 de febrero, en el que, además, llama al diálogo: "no caben más largas a la posibilidad de entablar conversaciones", declara.

Si hay algo que podría llegar a ser visto en el futuro como el momento en el que la guerra cambió en Colombia para abrir paso a un final del conflicto armado de 48 años, sería esta decisión de los mayores perpetradores del crimen que más ha traumatizado a Colombia. Cuántas marchas multitudinarias, cuántas familias destrozadas, cuántos muertos en cautiverio, cuántos colombianos pidiendo 'no más secuestros', 'no más Farc'. Así como las Farc se convirtieron en enemigo número uno de Colombia, el secuestro se convirtió en el símbolo de nuestra barbarie.

Por eso, el solo anuncio es histórico. Al mismo tiempo es, por ahora, solo eso: un anuncio. Para que se convierta en la cuota inicial de un proceso que lleve a deshacer el nudo gordiano del conflicto, las Farc deben refrendarlo -sin tardanza, pues el tiempo es una variable de primer orden en las actuales condiciones- con tres pasos concretos: la liberación de los diez uniformados, la de todos los civiles y la entrega a los familiares de los restos, o las coordenadas de las tumbas, de los que nunca volvieron. Con el gobierno de Brasil ya a bordo, la de los primeros se anuncia que tomará cerca de un mes. La clave, pues, son los secuestrados civiles. Su liberación y la aclaración de la suerte de los que están muertos pueden cambiar la percepción del país sobre la voluntad de las Farc a poner fin a la guerra y dar al gobierno el margen de maniobra necesario para avanzar en ese sentido.

El secuestro envenenó como una enfermedad maligna el tejido social. Si los paramilitares se distinguieron por las masacres, las Farc lo hicieron por el secuestro que afectó a todos los estratos y clases sociales. Hubo años en los que llegó a haber casi 2.000 secuestrados. Un récord estremecedor en el que ninguna nación en el mundo rivaliza, ni de lejos, con Colombia y sus guerrillas. De allí, también, el impacto del anuncio. Por la desmesurada importancia que este delito ha cobrado para la sociedad, que lleva dos generaciones clamando por su eliminación, se trata de uno de los temas más sensibles del conflicto y una de las llaves que podría abrir la puerta hacia la paz.

El escepticismo de la gente, y el bajo perfil que le dieron los líderes de opinión, no es infundado. El expresidente Álvaro Uribe lo llamó un "anuncio engañoso" y se hizo eco de la justificada desconfianza que muchos sienten, aquí y en el exterior, ante las promesas fallidas de las Farc. El académico español y experto en seguridad Román Ortiz fue quien mejor sintetizó las razones para el escepticismo en su blog de La Silla Vacía. Dijo que la promesa será imposible de verificar; que obedece a que el secuestro es para las Farc un negocio en declive; que la renuncia al secuestro extorsivo no es completa, pues deja abierta la puerta al de uniformados o políticos 'canjeables'; que el comunicado no habla de los secuestrados civiles de los que hace años nada se sabe, y que no es la primera vez que las Farc prometen dejar de secuestrar (ya lo hicieron en los acuerdos de La Uribe, en marzo de 1984, con el gobierno de Belisario Betancur). Otros han dicho que se trata hasta ahora tan solo de un "anuncio". Alfredo Rangel, que ha documentado las fallas en seguridad de este gobierno, llamó a la "cautela". Y muchos señalan que las Farc siguen protagonizando ataques, atentados y muertes de soldados y policías: un día después del comunicado, atacaron a Caldono, en el Cauca, donde murieron tres militares; en una emboscada mataron a cuatro soldados en Putumayo; una bomba que explotó en el parque de El Tarra, en el Catatumbo, hirió a seis civiles, y atacaron tres cascos urbanos del Cauca y paralizaron el transporte terrestre y fluvial en Quibdó y diez municipios del Atrato la semana pasada. Aún más, en su comunicado dejan la puerta abierta a "la necesidad de recurrir a otras formas de financiación o presión política". Si eso significa que persistirán en el secuestro de civiles 'canjeables' estarían borrando con el codo lo que escriben con la mano.

No se trata solo de visiones de sectores de derecha, que siempre estarán en contra de todo final negociado. Varios de estos argumentos interpretan a una opinión pública que ve con escepticismo todo anuncio de una guerrilla desprestigiada, y temerosa de que las Farc aprovechen cualquier oportunidad de diálogo para tomar aire y fortalecerse militarmente. Sin embargo, nada de esto debe impedir que se aprecie en su justa medida el significado estratégico de la decisión de las Farc de poner fin a una política que es eje central de su actividad y sus finanzas hace 30 años.

Que las Farc continúen minando, reclutando menores, haciendo atentados que matan civiles y negociando con coca es parte de la horrenda lógica de la guerra. Como dijo Todd Howland, representante de la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU en Colombia, "cuando hay conflicto hay contradicciones". Lo nuevo, lo "histórico", como lo han calificado varios, es que esa guerrilla acepte unilateralmente (no como parte de un acuerdo de paz con el gobierno, como en 1984) ante la sociedad renunciar a la más perversa de esas acciones, el secuestro extorsivo. Aun si es incompleto, si no es el primero o si deja la puerta abierta a otras acciones, el solo anuncio es un hecho político de gran magnitud.

¿Hay cálculos pragmáticos y no una simple voluntad de paz tras esta decisión? Ciertamente. ¿La derrota estratégica en la que las ha puesto la ofensiva estatal puede estar llevando a las Farc a buscar el respiro de gestos políticos como esta declaración? Probablemente. Pese al ruido de los atentados, militar y políticamente las Farc de hoy son apenas una sombra de las del Caguán. El secuestro ha perdido peso para ellas como fuente de ingresos: aunque han aumentado levemente desde 2009, hoy se cometen alrededor del 10 por ciento de los secuestros extorsivos de 2002. Bajo la constante presión de las Fuerzas Militares, mantener uniformados cautivos en la selva es un lastre logístico cada vez más pesado para la guerrilla. Perdidos los 'notables', como Íngrid Betancourt o los contratistas estadounidenses, la política de canje y despeje perdió sentido para esa guerrilla.

Razones tácticas de peso. Pero no bastan para explicar un anuncio que es estratégico. Más allá de las especulaciones sobre eventuales diferencias entre el nuevo comandante, Timochenko, y personajes como Iván Márquez, es un hecho que, por primera vez en su historia, el Secretariado ha renunciado unilateralmente a una política y va al encuentro de una exigencia de la sociedad. Hay indicios de que se trata de una decisión que empezó a discutirse desde que Alfonso Cano tomó el mando. No pocos la ven como un intento de las Farc de retomar la política y una señal de que algo de fondo está cambiando en su interior. Se insinúa, además, "un giro", como lo llamó el representante a la Cámara del Polo Democrático Iván Cepeda, en materia de derecho internacional humanitario: después de décadas de considerar las convenciones de Ginebra que regulan la guerra como una "fabricación burguesa", el comunicado propone también una "regularización de la confrontación" como primer paso de acuerdo.

La respuesta del gobierno fue doble. Quienes vieron en el anuncio de las Farc el "gesto" que el gobierno les venía pidiendo para sacarse del bolsillo su famosa "llave de la paz" criticaron como insuficiente el mensaje presidencial que calificó el anuncio de las Farc como "un paso necesario, pero no suficiente, en la dirección correcta". Hubo, sin embargo, otra decisión oficial de trascendencia: la autorización que dio el ministro de Justicia a la comisión encabezada por Piedad Córdoba y Marleny Orjuela de visitar a los presos de las Farc en las cárceles. "Ese gesto (del gobierno)también se va a leer en la comandancia de la insurgencia", dijo a SEMANA una persona que conoce a esa guerrilla por dentro. A esto habría que añadir pasos de fondo dados por esta administración con la Ley de Víctimas y el reconocimiento del conflicto armado.

Así las cosas, ¿qué sigue ahora? Estratégicamente, desenredar la madeja de la guerra en Colombia hacia una salida pactada no será nada fácil. Pocos dudan de que Juan Manuel Santos va a reelegirse (la reelección no se inventó para que los presidentes renuncien a repetir, sino para todo lo contrario) y de que su aspiración máxima es pasar a la historia como el presidente que puso fin al conflicto armado. Así como pensar en la claudicación militar total de las Farc es una utopía, considerar la posibilidad de una salida negociada con la actual coyuntura política y de opinión no parece nada fácil.

Amplios sectores siguen asociando toda idea de diálogo con el fantasma del Caguán, y si a eso se le suma el uribismo respirándole en la nuca, el gobierno no tiene mucho margen de maniobra. Para completar, el presidente viene siendo castigado en las encuestas en materia de seguridad. Según Gallup, la desaprobación por el manejo que le ha dado a la guerrilla saltó de 18 a 55 por ciento en lo que va de mandato y el descontento por su tratamiento a la inseguridad casi se duplicó de 36 a 68 por ciento. Aunque la misma Gallup indica que una leve mayoría de los encuestados (53 por ciento frente a 45 por ciento) prefiere una solución dialogada a una militar, todo gesto de paz corre todavía el riesgo de verse como una señal de debilidad.

De allí la importancia de los pasos inmediatos que den (o no) las Farc luego de su trascendental anuncio. La confrontación se va a recrudecer, como de hecho ya está ocurriendo. Pero, si las Farc liberan a los diez uniformados que siguen en su poder, si devuelven a los civiles que mantienen cautivos (nadie sabe si son 100 o 300) y facilitan a las familias recuperar los restos de los que murieron en sus manos, el tablero podría sufrir un cambio radical. Estas medidas le mostrarían al país que esa guerrilla está hablando en serio y sacudirían el escepticismo imperante frente a las posibilidades de un final negociado del conflicto armado. Así, la renuncia al secuestro, refrendada con hechos concretos y verificables, podría convertirse en la variable que podría cambiar la ecuación de la guerra y la paz en Colombia. En ese momento, el balón estaría en terreno del gobierno y lo que haga (o deje de hacer) el presidente será decisivo.

El factor tiempo es ahora la clave. La declaración de las Farc abre una ventana de oportunidad, pero si esas liberaciones no tienen lugar rápidamente, llegará la campaña electoral y se corre el riesgo de que todo se congele hasta 2015 o que la negociación se vuelva moneda electoral. Por eso, al anuncio de terminar con la funesta práctica del secuestro deben seguir, lo antes posible, las liberaciones de todos los secuestrados en manos de las Farc. El país empezaría a creerles y estaría en un escenario muy distinto para pensar en el final negociado del conflicto.