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| 10/15/2001 12:00:00 AM

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La ONG Pax Christi publicó un revelador informe para lanzar su campaña mundial contra el secuestro en Colombia.

Con el animo de obligar al debate en Colombia y en Europa, y poner sobre el tapete formas concretas de derrotar el secuestro en el país, la organización no gubernamental holandesa Pax Christi divulgó la semana pasada uno de los más completos informes conocidos sobre la magnitud, las prácticas, los actores y los dilemas de este negocio ilegal. Esta ONG, que causó controversia en los 90 por sus denuncias de vínculos entre miembros de las Fuerzas Armadas y el paramilitarismo, esta vez hace un retrato de cómo las Farc y el ELN han dejado atrás sus consideraciones morales e ideológicas y “se han lanzado a ejercer actividades criminales, como el narcotráfico, la extorsión y el secuestro”. Y cómo los grupos de autodefensa cada vez están extorsionando y secuestrando más. El informe de más 100 páginas, a cuya versión en inglés tuvo acceso SEMANA, se centra sobre todo en el secuestro económico, que abarca casi dos de cada tres casos. Revela que Colombia completó ya una década con el récord mundial de ese delito con más de la mitad de los casos del mundo (ver gráfico). Mas rescates, mas armas El estudio revela que en el planeta está aumentando el fenómeno como resultado, sobre todo, de la terminación de la Guerra Fría. Los grupos rebeldes se quedaron sin financiación de las superpotencias y tuvieron que buscar nuevas fuentes de recursos. Además, como cientos de expertos bélicos de la Guerra Fría se quedaron sin oficio, salieron a actividades criminales propias o se convirtieron en asesores de grupos ilegales. Según Pax Christi las guerrillas colombianas contactaron a muchos de ellos para “resolver su problema estructural de falta de recursos”. El secuestro se convirtió así en una de los principales fuentes de ingresos de la guerrilla. El estudio encontró gran disparidad en las cifras de los organismos oficiales o privados —en parte debido al secreto— pero todas coinciden en que se ha disparado a niveles insospechados. Entre 1997 y 2000 pasó de 1.677 a 3.706 casos (ocho al día, o uno cada tres horas) según País Libre, entidad que según el estudio tiene las cifras más confiables. Advierte Pax Christi que el secuestro deja cicatrices enormes pues “para la mayoría de las víctimas colombianas los rescates llevan a la quiebra de sus negocios o de sus familias o a deudas enormes con los bancos. Después de ser secuestrado un hombre de 76 años suspiró y dijo que una víctima paga dos veces: primero a la guerrilla y luego al banco”. Punto aparte merece la práctica de las “pescas milagrosas”. Revela que en muchas los guerrilleros llevan computadores portátiles, en los que chequean los nombres de las personas para saber si podrían pagar un rescate considerable. Al parecer esta modalidad se ha popularizado porque muchos de los secuestrables más ricos se han marchado; porque los extranjeros son muy cuidadosos en sus rutinas; porque una ‘pesca’ requiere menos guerrilleros y rinde mayores réditos; porque sirve a propósitos propagandísticos y porque las autoridades no dan abasto para proteger las vías. Los mayores responsables de secuestros son el ELN y las Farc, con el 70 por ciento de los del primer trimestre de 2001. Aunque las autodefensas lo hacen mucho menos —apenas al 4 ó 5 por ciento del total— en 1999 cometieron 203 plagios. El pago de rescates y vacunas alimenta la guerra. Los réditos que el secuestro le dejó a las Farc y al ELN entre 1991 y 1999, según el DAS, fueron de 1.500 millones de dólares. “A veces el vínculo entre compra de armas y el pago de rescate es demasiado claro”, dice el informe. “En su cautiverio, un europeo escuchó a sus secuestradores (de las Farc) en una conversación de radio en que estaban ordenando una compra de armas del Ecuador (robadas al ejército) sabiendo que contarían con el pago de su rescate”. Colombia, sin politica El estudio destaca que a pesar de que existen leyes severas contra el secuestro en Colombia en la práctica poco se cumplen. Que aunque la Corte Constitucional no avaló los artículos de la Ley Antisecuestro de 1993, que prohibían el pago de rescates por secuestros y la congelación de los bienes de la víctima, sí quedó intacto el espíritu de esa norma en cuanto es ilegal obtener beneficios económicos en la mediación. Luego explica que se prohibió en 1996 el pago de seguros contra el secuestro y las penas por el delito siguen siendo muy severas: no es negociable, no tiene excarcelación y es mínimo de 40 años de prisión. Pero afirma que los organismos estatales no están coordinados en una política conjunta y la oficina que intentó hacerlo, la del zar antisecuestro, fue desmontada y reducida a unos funcionarios del Ministerio de Justicia y los problemas de corrupción en los organismos en contra del secuestro no han sido atacados. De otra parte, el estudio muestra cómo el llamado de País Libre y de otros sectores a no pagar el rescate como una forma de combatir el secuestro se ha estrellado con el dilema humano. “Produce una urgencia irresistible entre los parientes”, dice Pax Christi. Y en momentos de gran angustia estos fuertes sentimientos personales casi siempre prevalecerán sobre la noción de que no pagar rescate sirve al interés común”. Este es uno de los debates que quiere promover la ONG. Las personas y empresas al pagar rescate —algo muy comprensible— contribuyen a financiar la maquinaria de guerra, que a su vez exigirá más y más rescates. Los extranjeros Es que, como señala la investigación, los extranjeros son la presa favorita. Son menos en número, unos 45 al año según País Libre, o máximo 81 según el DAS. Pero las guerrillas han podido cobrar por ellos rescates más jugosos. El primer caso sonado fue el del secuestro de un ingeniero alemán y dos empleados colombianos de la Mannesmann en los 80. El informe revela que con este plagio el ELN obtuvo 20 millones de dólares más dos millones pagados por una subcontratista italiana. Según fuentes del estudio las guerrillas piden por lo general 10 millones de dólares por un funcionario de multinacional y las empresas terminan pagando alrededor del 10 por ciento. Pero asegura que en septiembre de 2001 se pagaron por dos extranjeros 9,5 millones de dólares y 7,5 millones de dólares. El informe subraya el silencio que rodea al secuestro. Las empresas extranjeras lo mantienen por temor a represalias de los secuestradores o a perder el permiso de funcionamiento en el país o, como en el caso de las petroleras, porque sus contratos con el Estado les prohíben pagar rescates. El silencio es alimentado también por las autoridades, que buscan que los extranjeros terminen sus obras y los incentivan a mantener bajo perfil. Algunas ONG y organizaciones religiosas a veces sirven de “gancho ciego”, como según el informe se dice en el argot, pues se les pide que reciban a un secuestrado por razones humanitarias cuando en realidad se ha pagado por él. Pax Christi contrató a una firma belga para que encuestara a 200 inversionistas europeos en Colombia sobre su experiencia. A pesar de las seguridades de confidencialidad apenas 43 empresas respondieron y sólo 14 revelaron sus vivencias. Y de éstas, la mitad dijo no tener problemas con el secuestro o no poder decirlo por seguridad. Las siete que respondieron dijeron que firman contratos con compañías privadas, toman seguro de secuestro y buscan el apoyo extraordinario de las fuerzas de seguridad local. Llamó la atención que la mayoría estaría de acuerdo con que se implantara un código de conducta para las empresas europeas en Colombia. Pax Christi propone que ello sea discutido para que se convierta en una herramienta concreta que ayude a desestimular el secuestro. Servicios privados El informe explica en detalle cómo operan las empresas especializadas en seguridad para secuestro. Estas ofrecen tres servicios: asesoría para disminuir el riesgo, seguro de secuestros y respuesta o manejo de las crisis. En seguros operan el Grupo Hiscox, de la Lloyd’s de Londres —que maneja el 50 por ciento del mercado de seguros contra secuestros en América Latina—. También están las estadounidenses AIG y Chubb. En Colombia se cobran pólizas que van de 18.000 a 30.000 dólares al año para familias y cubren hasta un millón de dólares de rescate. Seguros de 70.000 dólares al año cubren hasta cinco millones. Como la ley colombiana prohíbe vender pólizas de esa naturaleza las compañías lo hacen fuera del país. Según el informe, una de las empresas más exitosas, Seitlin & Company Insurance, funciona en Miami con “seguros especiales de indemnización”. También sostiene que la de Lloyd’s trabaja en el país como Nicholson Leslie Group Special Risks. Las compañías operan en confidencialidad e incluso algunas no aseguran a personas sino al cargo. Pero el informe dice que a veces se filtra a los grupos insurgentes esta información, lo que obviamente incentiva su secuestro. Con frecuencia los aseguradores venden paquetes antisecuestro, que incluyen el apoyo completo. El Grupo Hiscox usa los servicios del Grupo Control Risk (CRG), AIG contrata a Kroll y Chubb utiliza al Grupo Ackerman de Miami. El grupo PIA-Nassau Europe, a su turno, ofrece paquetes que incluyen a Corporate Risk International. Según la investigación Kroll no tiene oficinas en Colombia y envía a sus agentes cuando se requiere; CRG ha estado activo en Colombia desde los 80 y ha manejado 103 secuestros y 43 extorsiones. La firma del ex agente de la CIA Mike Ackerman también envía profesionales desde Miami para atender a los clientes de Chubb, a razón de 2.000 dólares diarios por agente y CRG factura algo similar más viáticos. Estas firmas aseguran que no violan la ley y que sólo ayudan a los afectados a manejar la crisis. La discusión sobre si estos seguros incentivan o no el secuestro es complicada. Para las empresas no tienen ningún efecto porque apenas el 5 por ciento de las víctimas potenciales están aseguradas. Además afirman que con sus servicios es más probable que la víctima salga con vida a menor costo. La argumentación contraria asegura que, al contar con seguros y asesorías, las empresas pagan más fácilmente; que se prestan para el autosecuestro, como uno que ya hubo en Santa Marta por cinco millones de dólares; que el negocio va contra la ley colombiana, que prohíbe ganar dinero en la intermediación; y que ONG o iglesias pueden dar asesoría sin cobrar un peso. La campaña Con este revelador informe Pax Christi ha comenzado su campaña mundial contra el secuestro en Colombia. Busca que se rompa el código del silencio y se conozca cómo opera este negocio. Así mismo pretende que el tema, muy poco señalado y debatido por la comunidad de derechos humanos en el mundo, ocupe un primer lugar en su agenda y presione para que la Corte Penal Internacional de La Haya, una vez empiece a actuar, tenga jurisdicción sobre el secuestro por grupos armados ilegales. También busca que una política humanitaria coherente del gobierno colombiano lleve a que se firme un pacto de respeto por el DIH en las negociaciones de paz que incluya el fin del secuestro. Además quiere impulsar el incipiente debate en Europa sobre la necesidad de definir una política que incluya del papel de los seguros contra el secuestro en el crecimiento del delito; el control del lavado de dinero de los grupos armados ilegales en Europa y el otorgamiento de visas a los miembros de estos que secuestran.
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