Jueves, 23 de octubre de 2014

| 2013/05/25 07:00

"No participarás en política"

La Procuraduría exhorta a los alcaldes a que no se ‘inmiscuyan’ en las revocatorias.

El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, calificó el llamado de la Procuraduría como censura y le preguntó al procurador,

Nadie se imagina al alcalde de Bogotá Gustavo Petro callado mientras avanza la revocatoria de su mandato. Tampoco parece lógico que no pueda defender su gestión. No obstante, la Procuraduría le dio un campanazo que podría conminarlo al silencio: le pidió que no participe en política, en un momento en el que sus opositores enfilan armas en su contra. 


Aunque la exhortación tiene algo de lógica, pues pretende proteger el erario y el derecho de los ciudadanos a usar los mecanismos de participación, es exagerada. 


El llamado proviene de una carta que les envió el procurador delegado para la descentralización y las entidades territoriales, Carlos Augusto Mesa, a los alcaldes de Angostura (Antioquia), Achí (Bolívar), Campoalegre (Huila), Florencia (Caquetá) y al de Bogotá. 


Los cinco comparten el infortunio de que una parte de los habitantes de los municipios que representan adelanta procesos de revocatoria en su contra. La carta enviada a Petro dice que los servidores públicos del Distrito, debido a su función, “tienen limitaciones constitucionales y legales para inmiscuirse en asuntos relacionados con el actual proceso de participación ciudadana que se adelanta”. Y agrega que desconocer esos límites acarrea sanciones disciplinarias. 


¿Qué  significa inmiscuirse en asuntos relacionados con la revocatoria? No está claro. Más confuso aún fue el comunicado oficial en el que se anunció la medida, pues dice que la Procuraduría formuló una recomendación para que los mandatarios “se abstengan de participar en pro o en contra de estos procesos”. 


El anuncio de la Procuraduría no tiene antecedentes, como tampoco lo tiene el avance de una revocatoria en contra de un mandatario de la capital. Además, la jurisprudencia sobre la participación en política de funcionarios públicos es escasa. 


El procurador, Alejandro Ordóñez,  sancionó con inhabilidad al exalcalde de Medellín Alonso Salazar, porque denunció públicamente la influencia de la mafia en la campaña de un candidato de un grupo político contrario. Y en 2010 Ordóñez  inhabilitó al exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, tras comprobar que en una reunión política instó a votar por un precandidato presidencial. 


Sin embargo, las reglas de juego en un proceso de revocatoria no están claras. El procurador tiene un margen amplio para interpretar las leyes y las propias directrices de su despacho. “Lo difícil es trazar una línea divisoria entre lo que es defender un programa de gobierno y lo que es participación en política en un evento que no es propiamente electoral, sino de participación ciudadana”, dijo a SEMANA el constitucionalista Juan Manuel Charry. En su criterio, el alcalde tiene derecho a defender su programa, pero no a usar recursos públicos y, desde luego, tampoco a usar su cargo para interferir en decisiones de las autoridades. 


El alcalde Petro ha acusado a los promotores de la revocatoria de mafiosos, ha cuestionado los recursos con los que se financió la iniciativa y la propia legitimidad de las firmas que la respaldan. De hecho, el exzar anticorrupción Óscar Ortiz le pidió a la Procuraduría que revise si el acceso de Petro a las planillas que contienen las firmas radicadas en la Registraduría pudo haber violado el principio de protección de datos. 


En ese sentido, el campanazo de la Procuraduría puede tener algo de razón. “Los mayores obstáculos que tiene un proceso de revocatoria son el poder del gobernante y los requisitos”, recordó el profesor de Derecho Constitucional del Externado, José Fernando Flórez. 


Pero hay una diferencia entre el uso legítimo del poder y el derecho de los gobernantes a defender su gestión, a interferir abusivamente en una campaña. ¿Quién define el límite? La legislación debe ser precisa, de lo contrario, cualquier control tiene tufo de decisión política y no jurídica.  

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