"No hay pruebas de que los paramilitares hayan violado los acuerdos"

Cuando el gobierno estableció la zona de encuentro de Santa Fe Ralito, para dialogar con las autodefensas, le aseguró al país que no sería un nuevo Caguán. Que la zona estaría vigilada y que habría una estricta verificación. Cuatro años después, se han conocido informes de inteligencia y testimonios que indican no sólo que los paramilitares tenían allí un verdadero relajo de parranda y sexo, sino que en ella estaban resguardados poderosos capos de la mafia, que usaron la zona como centro de envío de cocaína a Estados Unidos y Europa.

En la pasada edición, SEMANA publicó una entrevista con Fabio Ochoa Vasco, uno de los narcotraficantes más buscados del continente, quien fue testigo del negocio del narcotráfico de Salvatore Mancuso, ‘Jorge 40’ y ‘Diego Vecino’, de 2000 a 2005, y quien estuvo escondido durante 10 meses en una finca de Mancuso, ubicaba en Ralito, mientras se desarrollaban allí los diálogos de paz. Para entonces Ochoa Vasco ya tenía orden de extradición. Asegura que mientras estuvo allí Mancuso le envió dinero al alto comisionado Luis Carlos Restrepo para ayudar al trámite de la Ley de Justicia y Paz y que él mismo les habría advertido a los paramilitares hace dos años sobre la inminente captura de ‘Don Berna’. Quizá la más grave afirmación que hizo Ochoa Vasco es que los narcos estaban en Ralito a la espera de que el gobierno cumpliera la promesa de arreglarles “el asunto con la justicia de Estados Unidos”. Es decir, la extradición. El gobierno ha negado sistemáticamente que existiera un preacuerdo de este tipo. Restrepo atribuye estas persistentes versiones sobre la existencia de un acuerdo, a un “error de percepción de los jefes paramilitares”.

La confidencialidad y el secreto que han rodeado esta negociación han sembrado múltiples interrogantes alrededor de lo que se pactó y sobre por qué un gobierno de mano dura ha sido tan tolerante con los abusos que los jefes paramilitares han cometido a lo largo del proceso. Por eso los nuevos testimonios y pruebas, que demuestran que Ralito se pareció al Caguán mucho más de lo que el gobierno cree, hacen necesario que los responsables de esa situación le aclaren al país lo que realmente pasó. El Alto Comisionado dice que está dispuesto a abrir los archivos, y que se haga un relato completo de lo ocurrido durante esos años en Ralito. Mientras tanto, responde a las acusaciones hechas por Ochoa Vasco y a los interrogantes que han surgido después de que esta revista publicó comprometedoras grabaciones de Ralito y de la cárcel de Itagüí.

SEMANA: El narcotraficante Fabio Ochoa Vasco dice que cuando estaba escondido en Ralito escuchó a Mancuso ordenarle a uno de sus hombres que le pagara a usted dos millones de dólares para mover la Ley de Justicia y Paz.
LUIS CARLOS RESTREPO: Eso es una infamia. Quien tenga pruebas sobre un hecho como ese, que las presente. Porque si eso fuera cierto, yo tendría que estar en la cárcel. Todo el mundo sabe que a las autodefensas nunca les gustó la Ley de Justicia y Paz.

SEMANA: Para la fecha de la que habla Ochoa Vasco estaba sobre la mesa el proyecto de alternatividad penal que presentó usted.
L.C.R.: Peor todavía porque esa ley nunca fue discutida con las autodefensas. Sólo hablé de ella de manera pedagógica, pero nunca fue parte de la negociación.

SEMANA: ¿Usted sabía que Fabio Ochoa Vasco estaba escondido en Ralito?
L.C.R.: No sabía. Esta era una zona de 380 kilómetros cuadrados que funcionó con reglas del juego muy claras, que se cumplieron en términos generales. Había un anillo de protección, además teníamos el control de las cabeceras de corregimiento y de las vías interveredales. Había un mecanismo de inspección que recibía las quejas de la población. Pero era una zona con cantidad de caminos por donde era posible que un señor de estos pudiera entrar. Ahora, si cometió algún delito estando allí, hay que investigarlo de manera inmediata.

SEMANA: ¿No le parece suficiente delito el tráfico de 72 toneladas de cocaína?
L.C.R.: Eso hay que investigarlo.

SEMANA: Usted dijo que detrás de la entrevista de Ochoa hay algo más de fondo ¿qué es?
L.C.R.: No me refería a la tarea de los medios sino a que una vez desmovilizados los grupos de las autodefensas, aparecieron otros del narcotráfico. En ese momento es cuando coge vuelo Fabio Ochoa Vasco. Él intenta retomar el control de esas zonas para su estructura de droga que pasa por Centroamérica y México. Él pasa mucho tiempo en México y me dicen que tiene acento mexicano.

SEMANA: ¿Quién le ha dicho eso?
L.C.R.: Oigo cosas y se las transmito a las autoridades porque es mi obligación como ciudadano. Es evidente que el señor Ochoa Vasco está molesto porque pasó de tener bajo perfil a estar entre las 12 personas más buscadas. Eso lo hicimos desde el gobierno.

SEMANA: ¿Es cierto que cuando ‘Don Berna’ iba a ser capturado en mayo de 2005, algún miembro de la Iglesia visitó al Presidente y le advirtió que el jefe paramilitar volaría medio Medellín si lo sacaban del proceso de paz?
L.C.R.: Eso es falso. Esa reunión nunca existió. ‘Berna’ no es un hombre que amenace. Es un hombre de pocas palabras, aunque, en mi opinión, uno de los más duros de la mesa.

SEMANA: Ochoa Vasco dice que él estaba junto a Mancuso cuando éste recibió una llamada suya para advertirle sobre la captura de ‘Berna’.
L.C.R.: Eso es una infamia. En su momento, el mismo Mancuso dijo que eso se había filtrado a través de la Fuerza Pública.

SEMANA: ¿De la Policía?
L.C.R.: A mí no me consta. Lo cierto es que cuando se llegó por ‘Don Berna’, él ya no estaba en la zona y durante los dos días siguientes no pudo ser capturado. El Presidente me dio autorización para buscar una fórmula en la que, curiosamente, nos ayudó mucho el señor Carlos Mario Jiménez ‘Macaco’.

SEMANA: ¿En qué consistió la ayuda de ‘Macaco’ y cuál era la fórmula?
L.C.R.: ‘Macaco’ le dio orden a Julián Bolívar de no hacer resistencia armada, porque ahí hubo un conato de resistencia. Y le dio orden a Ernesto Báez de ayudar a buscar una fórmula que finalmente consistió en que Berna se entregara en condición de desmovilizado, sin perder los beneficios, pero tenía que desmovilizar dos bloques que seguían en armas.

SEMANA: Cuando la zona de Ralito estaba funcionando se hicieron denuncias sobre entrada de prostitutas. Ahora que se está probando que eran ciertas ¿qué piensa?
L.C.R.: Jamás tuvimos denuncias de delitos sexuales cometidos por ellos, ni las autoridades nos dijeron que tuvieran grabaciones en este sentido.

SEMANA: ¿Y sobre los narcos escondidos en Ralito?
L.C.R.: También tiene que ser investigado. Que los jefes siguieran delinquiendo antes de desmovilizarse es lo comprensible porque estaban al margen de la ley.

SEMANA: Allá estuvieron conocidos narcos como el ‘Tuso’ Sierra y Gabriel Puerta. También ‘Gordolindo’ y ‘Los Mellizos’ ¿Por qué el gobierno no le dijo al país que estaba negociando con la mafia?
L.C.R.: Nosotros negociamos con las personas que el 7 de agosto de 2002 aparecían en los documentos de inteligencia como jefes de autodefensas. ‘Gordolindo’ aparecía vinculado a una estructura en el Pacífico, ‘Los Mellizos’ en Arauca y Pablo Sevillano al Bloque Central Bolívar. Por eso ingresaron a la mesa. Los señores Diego Montoya, Gabriel Puerta y otros estaban presionando para meterse al proceso, pero no aparecían como parte de las AUC y por eso nunca entraron.

SEMANA: ¿Salvatore Mancuso le ha hablado a usted de la cocaína que tenía en Ralito 15 días antes de desmovilizarse, o de las armas que le llegaron de México después de la desmovilización?
L.C.R.: Recientemente no he hablado con Mancuso. Además, no creo que esos temas deba indagarlos yo, sino la autoridad judicial competente. Yo me atengo a mi tarea: sacar de la clandestinidad un grupo ilegal que nadie conocía, recoger las armas, poner a los jefes a disposición de la justicia y llevar la institucionalidad a las áreas donde ellos estaban.

SEMANA: Si los organismos de inteligencia sabían lo que estaba pasando en Ralito y en Itagüí ¿Por qué no le contaron al gobierno?
L.C.R.: Esa es la pregunta del millón. Sobre esos hechos nosotros no tenemos hasta hoy ningún informe, a pesar de que los solicitamos permanentemente. Cuando SEMANA publicó las grabaciones de Itagüí, yo mismo fui hasta la cárcel y grabé la voz de las personas que eran mencionadas en ese artículo para cotejarlas con las grabaciones. Pero cuando me di cuenta, el Ejecutivo no tenía esas grabaciones. ¿Por qué? A lo mejor es porque los informes no son lo suficientemente consistentes.

SEMANA: ¿Por qué los jefes paramilitares estaban confiados en que el gobierno les iba a resolver el problema de la extradición?
L.C.R.: No conozco ninguna fuente confiable que hable de eso. Supongo que ellos esperaban conseguir una amnistía total y un indulto. Pero eso es un error de percepción de su parte y no un cambio en las reglas de juego.

SEMANA: ¿Entonces cómo lograron en menos de tres meses de gobierno sentarlos a negociar?
L.C.R.: La Iglesia venía haciendo un trabajo muy importante que se lo había encomendado el presidente Andrés Pastrana. Los obispos Julio César Vidal, Germán García y Flavio Calle habían adelantado los contactos con estos señores e informaron que estaban dispuestos a iniciar un diálogo.

SEMANA: Pero el senador Miguel de la Espriella dice que él actuó como emisario en algún momento ¿Pudo crearles expectativas que ellos entendieron como compromisos?
L.C.R.: Si las hubo, no las conocí. Siempre me disgustó que algunos parlamentarios estuvieran tan metidos en Ralito. Sé que De la Espriella alguna vez intercedió por ellos y que el Presidente le dijo lo mismo que había dicho públicamente: si ellos cumplen con el cese de hostilidades y el desarme, yo les cumplo también manteniéndolos en el proceso.

SEMANA: ¿Hubo compromisos de Uribe como candidato con ellos?
L.C.R.: Imposible porque antes no había canales de comunicación. Si hubiesen tenido algo acordado, lo habrían reivindicado en la mesa.

SEMANA: Si no había un compromiso ¿por qué apoyaron tanto la candidatura de Álvaro Uribe?
L.C.R.: A Carlos Castaño le escuché el primero de mayo de 2003 que a él no le había gustado Uribe como candidato porque era muy duro, pero que en la avalancha que se generó en el país, sus bases apoyaban a Uribe y que ellos tenían que aceptar eso como un hecho. En la campaña jamás tuvimos noticias de que los jefes paramilitares estuvieran participando en lo electoral.

SEMANA: Ochoa Vasco dice que tiene copias de documentos que prueban que algunos jefes paras están negociando con la DEA.
L.C.R.: Nosotros tenemos confirmación de la embajada norteamericana de que eso no es así. Pero partamos de algo sencillo: para que esa negociación sea efectiva, si es que existe, el gobierno colombiano tendría que saberlo para poder entregarlos. Ahora, eso no quiere decir que no haya contactos. En una ocasión Mancuso me dijo que funcionarios de Estados Unidos querían hablar con él. La embajada negó cualquier contacto. Me dijeron que posiblemente se trataba de alguien que quería suplantarlos.

SEMANA: ¿Por qué el gobierno no ha querido usar el garrote de la extradición y la pérdida de beneficios?
L.C.R.: Nadie ha demostrado que ellos hayan violado ningún acuerdo ni cometido delitos después de la desmovilización. Lo que yo creo es que aquí se ha simplificado al extremo el asunto del garrote. Este proceso no se dio sólo por temor a la extradición. Este proceso tiene muchas variables y una de esas es que la justicia colombiana pueda esclarecer los hechos como lo está haciendo.

SEMANA: ¿Usted está dispuesto a entregar todos los archivos del proceso y de lo que pasó en Ralito?
L.C.R.: Yo sí quiero hacerlo pero con las autodefensas. Que ellos entreguen las grabaciones que me hicieron clandestinamente. Ellos dicen que se les ha incumplido. Yo quiero aclarar esa duda frente a ciertos sectores. Que sea un debate frente al país.