¡No se pudo!

Muy pocas empresas del Estado tienen a su cargo activos comparables con los de la petrolera BP Colombia, Carbones del Cerrejón o Postobón. La Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), con más de dos billones de pesos en bienes que se le han quitado a la mafia, es una de ellas. Con dos grandes diferencias: sólo tiene 41 funcionarios para estar al frente de ese capital disperso en más de 50.000 bienes, y está siendo mal administrada.

Para que su situación mejore y deje de ser el foco de corrupción en el que se ha convertido, no han valido escándalos -como los sucedidos bajo la administración del coronel (r) Alfonso Plazas-, ni las promesas de reestructuración que vinieron luego de su retiro.

Ni siquiera fue suficiente que el gobierno nombrara como director a una persona de su entraña, con experiencia política y en la administración pública. Éste fue el caso de Juan Carlos Vives, que esta semana deja su cargo y que anteriormente había sido gobernador de Magdalena, congresista, colaborador de la primera campaña presidencial de Álvaro Uribe y viceministro del Interior.

La situación es dramática. Nadie en la DNE sabe con certeza qué hay, dónde está y quién lo tiene. Además, cada día se acumulan más riesgos para las finanzas del Estado por el desgreño en la administración de las fortunas incautadas. Para tener una idea de lo que esto puede significar, sólo hay que mirar el monto de las demandas contra la DNE, que al inicio de la administración de Vives, en febrero de 2005, sumaban 352.000 millones de pesos y hoy van en 648.000 millones.

Por eso es que persiste la duda de por qué mientras el gobierno ha tenido la decisión y la capacidad de endurecer y aplicar la ley que les incauta y extingue los bienes a los narcos, lo mismo no ha ocurrido para transformar y respaldar la entidad que tiene a cargo su administración. .

"No es que nos haya quedado grande, dijo Juan Carlos Vives a SEMANA en tono optimista, sobre los resultados de su gestión. Acá lo que sucede es que se creció el enano". Considera que su paso por la DNE será recordado como el momento en el que se logró "dar rumbo a la institución", pues deja un instructivo que contiene el procedimiento de cómo se venderán los bienes que ya pasan definitivamente a manos del Estado, y que ya fue aprobado por el Consejo Nacional de Estupefacientes, que es la empresa rectora de la DNE. Pero quedan muchas dudas sobre lo que se hará con los bienes que están incautados y que jurídicamente aún son de los dueños originales.

"No me entregaron pedazos de cielo, sino la antesala del infierno", dice Vives refiriéndose a los problemas que aún persisten de otras administraciones. Hace énfasis en que cualquier evaluación de la DNE se debe hacer sin olvidar que por haber sido del narcotráfico estos son "bienes problema", ya que en muchos casos tienen encima líos de seguridad y jurídicos.

Si bien eso es cierto, esto no explica por qué aún no se resuelven aspectos esenciales: que exista un inventario confiable, que los bienes no continúen siendo administrados por las mafias a las que se les quitaron, y que se les dé un buen uso.

Con el inventario, son varios los esfuerzos que se han hecho, pero ninguno ha dado resultado hasta ahora. El primero fue por cuenta del gobierno de Estados Unidos, que destinó cerca de cinco millones de dólares incautados a 'El Mexicano' para diseñar un software capaz de almacenar la información de un inventario tan complejo como el de la DNE. Allí se consigna por igual la información de aviones, grandes haciendas, hoteles y caballos de paso, como obras de arte, teléfonos celulares y mobiliario. Pero el sistema nunca se alimentó oportunamente y mientras tanto sí creció el número de bienes incautados.

Quizá una de las situaciones que mejor ilustra el despelote es que en él figuran 605 bienes de todo tipo a nombre de Jaime Andrés Galán. Una persona que nadie sabe quién es, ni dónde se localiza. Según estos registros, tiene a su cargo centenares de fincas por todo el país, apartamentos, joyas y hasta hipopótamos de los que había en la mítica hacienda Nápoles de Pablo Escobar. Según explicaron funcionarios de la DNE, por un error en el traslado de información de un sistema a otro, los bienes que estaban a cargo de la entidad quedaron registrados a nombre del señor Galán, que "es un ser virtual". La realidad es que hoy no se sabe quién los tiene. Algo similar pasa con centenares de registros que figuran aún a nombre de la Fiscalía, tres años después de los operativos. Un ejemplo son las fincas del llamado 'Clan Henao' en el Valle del Cauca.

Corregir estas inconsistencias era uno de los principales retos de la administración Vives, que contrató una firma privada por 3.958 millones de pesos. Los trabajos sólo comenzaron a inicios de este año y se espera que estén listos a comienzos de 2007. "Con esto tendremos el 50 por ciento de las cosas resueltas", dice Vives. Sin embargo, para la Contraloría General de la República, eso está por verse. En un informe de auditoría sobre la DNE, cuestiona que los alcances del proyecto son vagos y que por la forma en que se está llevando a cabo, al terminar el contrato el sistema va a estar nuevamente desactualizado. Además, señala que los recursos eran para construir un sistema en red con la Fiscalía, que por ser la entidad que incauta, permitiría mantener al día la información. Pero esto no se incluyó en el contrato.

El otro punto que sigue sin resolverse es la escogencia de los administradores de esos bienes, llamados depositarios. Al llegar, Vives anunció que esto se haría por concurso, pero la idea no prosperó. De ahí que los nombramientos en muchos casos dependieron de la discrecionalidad de Vives, o del subdirector de Bienes, Antonio Fernández de Castro. "Uno busca personas conocidas, o referidas por todo el país y se les investigan sus antecedentes", explica Vives. Escogencias de depositarios similares, sin parámetro y a dedo, fueron en gran medida el centro de la discusión que le costó la cabeza al coronel Plazas.

Los riesgos de irregularidades en esta selección son enormes. En esas 'referencias' de personas se puede colar más de un testaferro de los mismos narcos a los que se les quitó el bien. Tampoco se descarta que en esa discrecionalidad se cuele el pago de favores políticos. Además, quedan dudas de que las personas designadas por esta vía sean las más idóneas para administrar esas empresas o propiedades. También han sido polémicos los nombramientos de los depositarios de los bienes más rentables, donde las autoridades tienen inquietud de que pueda ser un espacio para la corrupción.

Una fórmula de Vives para buscar atajar estos problemas fue hacer convenios con las Lonjas de Finca Raíz para que se encargaran de administrar los inmuebles urbanos. Por esta vía, los ingresos a la DNE por concepto de arrendamientos pasaron de un año a otro de 10.000 millones de pesos a 17.000 millones.

Pero persiste la duda de si todos los inmuebles se arriendan al precio que es y si detrás de algunas inmobiliarias hay otros intereses. Por ejemplo, llama la atención el caso de una inmobiliaria en Santa Marta que con tan sólo seis meses de creada, se le asignaron cientos de bienes en esta ciudad.

El otro gran dolor de cabeza son los inmuebles rurales. Según Vives, por ley debía trasladar al Incoder aquellos que tuvieran vocación agrícola para que se destinaran para reforma agraria. Esto se hizo de un momento a otro y se le entregaron bienes por todo el país, que suman más de 200.000 hectáreas. Sin embargo, la entidad agraria no tiene la capacidad administrativa para atender tal volumen y hubo denuncias de irregularidades con el destino final de algunas de esas tierras. Y además, muchas fincas fueron trasladadas sin resolverse sus líos jurídicos y en el peor de los casos, con gente de la mafia aún dentro de ellas. "Fue irresponsable que nos hubieran entregado esos bienes, y también fue irresponsable haberlos recibido", dice el ministro de Agricultura, Andrés Arias, al respecto. Asegura que está buscando la forma de devolvérselos a la DNE.

A esta variedad de problemas, se suma el ganado, los vehículos, las joyas y obras de arte incautadas entre cientos de bienes más que aún no aparecen. O las fallas en la administración de sociedades como lo que ha sucedido con la organización Grajales, que desde que la tiene la DNE, acumula deudas en impuestos de IVA y retención en la fuente superiores a los 1.000 millones de pesos. Es ilegal. También hubo controversia por la negociación de uno de los bienes de esta sociedad que hizo de forma irregular uno de los más cercanos asesores de Vives, Oswaldo Pérez. Luego de que la prensa lo hizo público, el funcionario se retiró de la DNE y aún la Fiscalía no ha establecido si hubo responsabilidad penal.

"Esto ha seguido igual o peor que cuando estaba Plazas", dice, por su parte, el senador Javier Cáceres, una de las personas que más seguimiento le han hecho a esta entidad, y que anuncia un debate en el Congreso las próximas semanas para discutir su reforma.

En su carta de renuncia al Presidente, Vives le dice que "si en algún momento metí la patas, como dicen popularmente, jamás fue por meter mis manos". Por ahora, deja un mal sabor que una entidad con la complejidad de la Dirección Nacional de Estupefacientes sea asumida como un puesto temporal, y se abandone poco tiempo después de haberse aceptado. Empresas con activos tan grandes no improvisan con la escogencia de sus gerentes. Esto es lo primero que debe tener en cuenta el gobierno para comenzar, de una vez por todas, los cambios que tanta falta le hacen a esta entidad.