Miércoles, 26 de noviembre de 2014

| 2013/06/28 00:00

“No se quiere estigmatizar al movimiento campesino”

El ministro Fernando Carrillo le dijo a Semana.com cómo va la negociación en el Catatumbo.

El ministro del Interior, Fernando Carrillo (centro), junto con el consejero para el Diálogo Social, Luis Eduardo Garzón (izq.); y el padre jesuita Francisco de Roux (der). Foto: Ministerio del Interior

La situación continúa tirante en la zona del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, tras casi 20 días de protestas campesinas que dejan un saldo de cuatro muertos y decenas de heridos.

El movimiento reclama que se suspenda la erradicación de cultivos ilícitos y se pongan en marcha proyectos productivos, así como la creación de una Zona de Reserva Campesina (ZRC), el respeto a los Derechos Humanos en la región y hasta el fin de la minería y la agroindustria.

Desde Tibú, el ministro del Interior, Fernando Carrillo, señaló a Semana.com que este viernes se presentó una propuesta por parte del Gobierno Nacional: un paquete por 120.000 millones de pesos que incluye planes de desarrollo rural e infraestructura y acompañamiento a las familias rurales, a cambio de que el paro se levante de inmediato.

“Es un esfuerzo grande que hace el Gobierno”, dijo Carrillo a la vez que expuso que se ofreció también agilizar inversiones millonarias contempladas en el Conpes de Catatumbo para proyectos productivos y de desarrollo alternativo.

Sin embargo, la jornada no fue fructífera, pese a los oficios de los garantes: el consejero para el Diálogo Social, Luis Eduardo Garzón; el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, y el padre Francisco de Roux. Los cuatro representantes de los manifestantes dedicaron el tiempo a exponer una serie de condicionamientos metodológicos y logísticos para dar luz verde a las negociaciones.

“Lo que vi hoy fue una gran inflexibilidad, así como poca voluntad de negociación”. El ministro fue enfático en señalar que lleva el mandato de la Casa de Nariño “para llegar a un acuerdo” y manifestó que pese a las acusaciones de infiltración de la protesta por parte integrantes de grupos armados ilegales, que pululan en la región, expresó que el gobierno “no quiere estigmatizar al movimiento campesino”.

Entre las pretensiones de los labriegos está que se declare de manera inmediata la ZRC, a lo que se opone el Gobierno mientras no se cumplan los requisitos consagrados en la ley. Ese proceso ya se inició ante el Incoder, pero debe cumplir con trámites como la consulta previa con las comunidades del sector.

Como ingrediente adicional a este polvorín, para el domingo está programada una marcha de los manifestantes que promete elevar los insoportables niveles de tensión que se viven en la zona y hay quien dice que se trata de una estrategia para darle, además, visibilidad internacional al movimiento.

De ahí que Carrillo pida “responsabilidad” a los dirigentes de la movilización campesina. Así mismo aseguró que la Policía investiga las muertes, de las que aún no hay claridad y afirmó que en este momento el “balón se encuentra en su cancha” y espera que puedan volver a reunión entre las próximas 24 y 48 horas.

Denuncian uso de "fuerza excesiva"

Amnistía Internacional (AI) denunció este viernes que las fuerzas de seguridad han utilizado una "fuerza desproporcionada y excesiva" para reprimir las protestas campesinas, informó la agencia EFE.

"Existen temores fundados de que las fuerzas de seguridad han utilizado una fuerza desproporcionada y excesiva, en particular después de las acusaciones del Gobierno de que las fuerzas guerrilleras se han infiltrado en las manifestaciones", denunció en un comunicado el investigador de AI en Colombia, Marcelo Pollack.

Pollack enfatizó que "el empleo de este tipo de acusaciones por parte del Gobierno no es algo nuevo", ya que cuando hay una protesta ciudadana "las autoridades colombianas tienden a decir que es parte de un plan de la guerrilla, en lugar de examinar y afrontar la causa" de ese malestar.

En este sentido, AI denunció que las cuatro muertes se produjeron justo después de que distintas autoridades, entre ellos el presidente Juan Manuel Santos y el director de la Policía, José Roberto León Riaño, afirmaran que las manifestaciones estaban alimentadas por infiltrados por las FARC.

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