“No quiero poner palos en la rueda al proyecto de regalías, pero tengo mis reservas”

Los senadores de La U Jorge Eduardo Géchem, Jorge Ballesteros y Maritza Martínez apelaron a la objeción de conciencia para no votar el proyecto de Acto Legislativo que busca reformar el régimen de regalías.

Los tres se declararon en desobediencia, pues consideran que la iniciativa es contraria al sector de la ciudadanía que representan. El senador Ballesteros, no obstante, esgrimió otro argumento: “el proyecto no consultó a las poblaciones indígenas, lo cual se podría considerar inconstitucional según la jurisprudencia vigente”. Y es que la Corte Constitucional ha derogado varias leyes por considerar que éstas afectan a las poblaciones indígenas y no fueron consultadas con ellas.

La objeción de conciencia es una figura que les permite a los congresistas apartarse de la Ley de bancadas cuando consideran que un proyecto va contra sus convicciones éticas, morales o religiosas. En este caso, la objeción de conciencia avocada por los congresistas ha sido cuestionada por analistas como el ex alcalde de Bogotá Jaime Castro, quien en una entrevista con La Fm adujo que ellos debían asumir el “costo político de ser legislador”.

No obstante, la bancada de La U aprobó las objeciones y permitirá que los congresistas no voten a favor del proyecto de reforma a la Constitución que pretende instaurar un nuevo sistema de regalías y cambiar las reglas en el manejo de esos recursos.

Ballesteros representa a la población wayúu del departamento de La Guajira, y aunque reconoce que no se opone a una reforma al manejo de las regalías, considera que la propuesta del Gobierno debe “hacer una consulta propia con las comunidades indígenas”.

La rebelión de Ballesteros, como la de sus otros dos compañeros, es la muestra de que en el Senado la aprobación de la reforma al régimen de regalías que propuso el Gobierno no está asegurada. Y si la resistencia en el Senado es grande, en la Cámara de Representantes será mucho mayor. Muestra de ello es el hecho de que los representantes de la Comisión Quinta desde ya se preparan para la discusión del proyecto, sin que éste haya llegado a esta célula legislativa, haciendo sesiones de socialización con las comunidades.

El temor de los congresistas es que la reforma al régimen de regalías les quite a las entidades territoriales (alcaldías y gobernaciones) recursos que hoy pueden administrar con un buen grado de autonomía, y su administración pase a manos del gobierno central.

En entrevista con Semana.com, el senador Ballesteros explicó las bases jurídicas de su petición de consultar a las comunidades indígenas, y por qué votará en contra del proyecto.

Semana.com: ¿Por qué usted dice que la reforma a las regalías podría ser declarada inconstitucional?

Jorge Ballesteros: La Ley 756 de 2002 tiene un artículo que establece la participación específica de los resguardos indígenas en la administración de las regalías. Dice que cuando “en un resguardo indígena o en un punto ubicado a no más de cinco kilómetros de la zona del resguardo indígena se exploten recursos naturales no renovables, el 5 por ciento del valor de las regalías correspondientes al departamento por esa explotación, y el 20 por de los correspondientes al municipio, se asignarán a inversión en las zonas donde estén asentadas las comunidades indígenas”. Este un articulo muy específico sobre el derecho de los resguardos a las regalías.

Lo que vemos es que el Gobierno busca cambiar el régimen, pero no consultó a los pueblos indígenas. Y por esta misma razón la Corte Constitucional declaró inexequible la Ley forestal y el Estatuto de Desarrollo Rural.

Semana.com: Pero ¿invocar la consulta previa a los pueblos indígenas en este tema no es exagerado?

J.B.: Si se aprueba la propuesta del Gobierno, habría una redistribución de los recursos por concepto de regalías. El convenio 169 de la OIT obliga a los Estados que lo suscribieron a proteger los derechos a participación, utilización, administración y conservación de los recursos naturales que están en las tierras de los pueblos indígenas.

La sentencia de la Corte Constitucional C-702 de 2010 también hace énfasis en la consulta previa. Esa sentencia declaró inconstitucional un artículo de la Reforma Política del 2009 que creaba una nueva circunscripción de minorías étnicas, por no consultar previamente a las comunidades. Y la jurisprudencia vigente aplica tanto para las leyes ordinarias como los actos legislativos.

Semana.com: En ese sentido, la consulta previa, ¿también aplica para la Ley de víctimas?

J.B.: De acuerdo con toda la jurisprudencia vigente, cualquier proyecto que afecte a una minoría tiene que ser concertado. Por eso el Gobierno propuso hacer una consulta previa para concertar la Ley de víctimas.

Semana.com: Usted se apartó de la decisión de votar la reforma a las regalías en el partido de La U. ¿Cuál fue su argumento?

J.B.: En el caso particular de La Guajira el 44,9 por ciento de población es indígena, la más grande de un departamento. Yo tuve 40.000 votos, de los cuales 27.000 son de ese departamento. En la medida en que se afectan los intereses de los pueblos indígenas, yo tengo que ser solidario. Invoqué los principios incluidos en el reglamento del partido que dicen que la organización es pluralista y respetuosa de las comunidades. Por eso mi justificación de la objeción de conciencia es de orden moral.

Semana.com: En su región, ¿en qué se han invertido las regalías?

J.B.: Allá en La Guajira se ha hecho un proceso de concertación entre las autoridades locales y las autoridades indígenas para invertirlas en saneamiento básico, electricidad y educación. La inversión en esos aspectos es lo que establece la Ley.

Semana.com: Uno de los argumentos para reformar las regalías es que las autoridades locales las han despilfarrado y que hay corrupción. ¿Usted qué piensa sobre ese argumento?

J.B.: Lo que uno quisiera es que los organismos de control actúen contra la corrupción y el despilfarro. En una audiencia pública en el Congreso, el gobernador de Santander, Horacio Serpa, se preguntó: ¿Cuántas condenas hay por el mal uso de las regalías? La respuesta fue que sólo había siete personas sancionadas. Yo no defiendo la corrupción; pido que actúen los organismos de control. En eso también tiene responsabilidad el gobierno nacional.

Semana.com: Este proyecto de reforma a las regalías dice que le entregará los recursos a las “regiones”, no a las alcaldías, ni a las gobernaciones. ¿Usted qué piensa de eso?

J.B.: Una de las críticas al proyecto es precisamente que habla de regiones, y en Colombia no hay regiones todavía, sino alcaldías y gobernaciones. Eso le genera a uno reservas. Para que haya regiones se tendría que aprobar la Ley de Ordenamiento Territorial que recientemente radicó el Gobierno. Pero tendría que estar aprobada primero para que el proyecto de regalías se armonice.

Semana.com: ¿Emprenderá una acción legal en caso de que la iniciativa sea aprobada?

J.B.: Considero que hay que hacer una consulta previa para concertar los niveles de participación de las comunidades indígenas. Es que el proyecto dice que habrá una redistribución, pero no sabemos cuál será. El proyecto establece un nuevo sistema de regalías, pero no sabemos qué tanto nos va a afectar.

No estoy en la actitud de poner palos en la rueda a un proyecto que tiene un propósito loable como el ahorro, la redistribución y la equidad de las regalías, pero particularmente tengo mis reservas.

Semana.com: Pero, las comunidades indígenas sí lo harán…

J.B.: Seguramente eso va a suceder, que las comunidades indígenas lo demanden.