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| 12/2/2006 12:00:00 AM

No va más

Con un tremendo regaño, el Tribunal Superior de Barranquilla respaldó la decisión del juez que había ordenado detener preventivamente al alcalde.

Barranquilla terminó 2006 de la misma forma como arrancó: con su Alcalde detenido por las irregularidades en la remodelación del edificio donde funciona la administración distrital. Han transcurrido 12 años desde cuando se denunciaron los sobrecostos en que incurrió la administración de Bernardo Hoyos Montoya en la remodelación del edificio del Banco de la República en el Paseo de Bolívar, donde funcionaría la Alcaldía Distrital. Inicialmente se habían presupuestado 1.490 millones de pesos y se terminaron pagando 3.500 millones. El actual alcalde, Guillermo Hoenigsberg, era para esa fecha el secretario de Hacienda.

Posteriormente, en 1998, en la segunda alcaldía de Hoyos, se ordenó una conciliación por 3.500 millones de pesos más. Entonces Hoenigsberg era secretario general. Hoy Hoenigsberg y su mentor Hoyos, quienes ya no son aliados políticos, deberán afrontar el juicio detenidos preventivamente. El Tribunal Superior respaldó la decisión del juez Jaffet Puello y consideró que efectivamente no es conveniente que el alcalde siga ejerciendo el cargo, pues se hace necesario practicar pruebas y, en su condición de primera autoridad, podría destruir documentos e influir sobre testigos, máxime si se tiene en cuenta que el juicio apenas comienza y los abogados han solicitado la práctica de pruebas en el despacho del alcalde. El Tribunal desestimó un argumento de la defensa que sostuvo que como los acusados ostentaban título profesional, eran incapaces del delito y por ello no es necesaria la detención preventiva. El Tribunal respondió que la criminalidad no es patrimonio de una clase social.

Este proceso estaría durmiendo el sueño de los justos si no se hubiera constituido como parte civil el actor popular Gaspar Hernández Caamaño.

De ahí se desprendió también el fallo en primera instancia del procurador regional, Miguel Ángel Parra, quien ordenó suspender del cargo de jefe de la oficina jurídica de la Alcaldía a Raymundo Francisco Marenco Boekhodt y también le decretó inhabilidad general por el término de 15 años. Marenco había sido nombrado por Hoenigsberg en 2004. Apenas asumió su cargo, sustituyó el poder que tenía el abogado de parte civil que representaba al Distrito en este proceso y en un oficio informó que, en adelante, él sería el representante de la defensa de los intereses distritales en esta causa. Luego, en otro oficio, señaló que el Distrito no había recibido ningún daño patrimonial con la remodelación del edificio.

La ley establece que cuando la víctima esté representada por el acusado, como en este caso, la parte civil debe ser asumida por la Contraloría Distrital o la General de la Nación. Marenco hizo caso omiso y la Procuraduría Regional, con base en la información publicada en SEMANA en junio 2 de 2006, donde se dejó expuesta esta situación, ordenó abrir investigación disciplinaria. Marenco tiene la posibilidad de presentar el recurso de apelación ante la Procuraduría General de la Nación.

El Tribunal consideró que los imputados no han ofrecido garantías suficientes para descartar el peligro de que intenten fugarse, si resultan culpables.

El Tribunal no paró ahí. Decidió que dada la gravedad de los delitos, el nivel de los protagonistas, y las circunstancias, era necesario dictar "detención preventiva efectiva". Es decir, el presidente Álvaro Uribe debe suspender al Alcalde y nombrar en su reemplazo de una terna enviada por el Movimiento Ciudadano. Consideró el Tribunal tan grave lo sucedido, que los acusados han debido estar presos desde hace tiempo.

Los magistrados pidieron que su fallo se cumpla "a pie juntillas, a fin de que este proceso que tantos avatares presenta sea terminado con diligencia, como corresponde a una justicia pronta y eficaz ante un hecho tan grave y de cuyo desenlace está pendiente toda la comunidad". Es de esperar que este fallo ejemplar prevenga irregularidades semejantes en el futuro.
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