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| 9/6/2014 12:00:00 AM

Nombrados los nuevos poderosos del Estado

En manos de estos seis funcionarios recaen las grandes decisiones sobre el desarrollo del país. ¿Porqué los directores de las agencias del Estado son tan importantes?

Los directores de diez agencias adscritas a los ministerios, tienen bajo su responsabilidad la toma de trascendentales decisiones para el desarrollo del país.

Estas entidades fueron creadas en la última década y han cobrado gran importancia en los años recientes. Sus directores se encargan de ejecutar las políticas en las materias minero energética, medio ambiente, infraestructura, contratación pública y pobreza, entre otras.

Si bien no tienen la misma visibilidad de los ministros, estos funcionarios se han convertido en un gran poder en la sombra. Disponen de presupuesto propio, cuentan con grandes equipos técnicos y tienen independencia administrativa y financiera.

Las más grandes son la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Agencia Nacional de Minería (ANM), la Agencia Nacional del Espectro (ANE), la Autoridad de Licencias Ambientales (Anla), la Agencia Jurídica de Defensa del Estado, la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente-, la Agencia para la Reintegración y la Agencia para la Superación de la Pobreza.

La pionera fue la ANH que se creó en 2003, en momentos en que las reservas petroleras del país se estaban agotando –llegaban a los 1.400 millones de barriles–. Ese año se dio un vuelco a Ecopetrol que se dedicó a buscar y extraer crudo y trasladó sus políticas de promoción de inversión y de asignación de campos a la ANH.

Al frente de esta entidad está el abogado barranquillero Javier Betancourt, quien dice que su principal reto es subir las reservas petroleras, que alcanzan para menos de siete años. La meta para este año es explorar 130 nuevos pozos. La ANH está en la búsqueda permanente de inversión nacional y extranjera para el sector. En ese propósito hace unas semanas lanzó la Ronda Colombia 2014 en la que 26 compañías, entre ellas varias multinacionales, anunciaron su interés de invertir en el país.“Nosotros no somos una rueda suelta. Tenemos que rendir cuentas a todo el mundo y presentar buenos resultados”, dice Betancourt.

Otra que ha cobrado gran relevancia es la Agencia Nacional de Minería, encargada de fiscalizar todos los títulos mineros –hay más de 9.000-. Natalia Gutiérrez, administradora de negocios de Eafit, y quien se posesionará en el cargo en los próximos días, es su nueva directora. Fue viceministra de Minas y Energía y ahora trabajará en llave con el ministro Tomás González. La funcionaria tendrá que dar líneas claras sobre los procesos de solicitud de títulos en zonas de páramo o de reserva que están en proceso de definición, como el Páramo de Santurbán, donde operan pequeños mineros pero también multinacionales.

En esta decisión trabajará de manera coordinada con el Ministerio del Medio Ambiente y con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), una de las entidades más importantes y poderosas del país porque de la aprobación de licencias depende el avance de proyectos en los campos de petróleo, minería e infraestructura. Su directora es Nubia Orozco, una ingeniera catastral de la Universidad Distrital que este año suspendió algunas operaciones de transporte de crudo y le hizo frente a los problemas de sequía en Casanare.

Al frente de las grandes obras está la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) que tiene el reto de sacar adelante la cuarta generación de concesiones. Este es el proyecto vial más ambicioso del país, con inversiones por 47 billones de pesos.

Su presidente, Luis Fernando Andrade, reconoce que para la buena marcha de la entidad depende en gran parte de la Agencia Nacional de Defensa del Estado. Afirma que durante los ocho años en que operó el Instituto Nacional de Concesiones (Inco) no ganó un solo pleito mientras la ANI en su corta vida no ha perdido ninguno.

Y es que la Agencia de Defensa del Estado se ha convertido en una entidad vital para hacerle frente a las millonarias demandas que pierde el Estado por los errores de muchos funcionarios, por acciones u omisiones. Las pretensiones económicas por demandas contra el Estado superan los 190 billones de pesos, una cifra astronómica.

La abogada Adriana Guillén, su directora, reconoce que estas demandas se han convertido en una vena rota para el Estado. Ese es el caso de las detenciones arbitrarias. El año pasado el gobierno pagó por toda clase de demandas 1,19 billones de pesos, siendo los ministerios de Trabajo y Defensa los más demandados.

Guillén expedirá un decreto para unificar los procedimientos de pago por parte del Estado con el fin de lograr ahorros cercanos a los 100.000 millones de pesos anualmente. Además, trabajará en solucionar los problemas relacionados con la privatización injusta de la libertad, ya que esta es la segunda causa con mayor impacto fiscal con 18.565 procesos por 23 billones de pesos en pretensiones. En enero del año entrante la agencia aplicará las primeras pruebas pilotos en las 20 entidades más demandadas del Estado para mejorar el modelo de defensa.

Otra de las entidades que lleva a cabo una ardua gestión para mejorar la transparencia en el Estado es la Agencia de Contratación Pública- Colombia Compra Eficiente. Su directora María Margarita Zuleta dice que las compras públicas son un asunto estratégico para el funcionamiento del Estado a tal punto que representan el 15 por ciento del PIB. Estas van desde las grandes obras de infraestructura hasta el desayuno que da el ICBF a los niños, pasando por las tabletas del Mintic y la dotación de uniformes para el Ejército, entre otros. Con el fin de que el proceso sea más transparente la entidad alista el Secop 2 (Sistema Electrónico de Contratación Pública) para hacer procesos de contratación en línea.

El campo de acción de las agencias es grande y abarca toda clase de áreas como el de las telecomunicaciones. En ese sector la Agencia Nacional del Espectro se convirtió en un actor clave porque es la entidad encargada de promover la competencia con la adjudicación del espectro radioeléctrico para telefonía e internet móvil.

De la actuación de estas entidades depende que muchos de los grandes proyectos del país salgan adelante.
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