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| 3/10/2012 12:00:00 AM

“Nos quieren callar”

Los primos Nule rompen su silencio de los últimos meses para contarle a SEMANA lo que puede ser una estrategia jurídica que busca dar al traste con nuevas investigaciones y condenas en el carrusel de la contratación de Bogotá.

SEMANA: Se les ha visto muy molestos. ¿A qué se debe?

LOS NULE
: Estamos es muy preocupados porque la Fiscalía no nos ha cumplido lo acordado.

SEMANA: ¿Por qué Guido Nule dice que les están aplicando un Código Penal distinto?

L.N.:
Porque en el caso de los Nule todo es distinto. Por ejemplo, la pena para nosotros es mucho más alta que para otros en iguales condiciones. Y son personas que la Fiscalía ha podido investigar gracias a las pruebas que hemos entregado.

SEMANA: ¿Se refieren al contratista Julio Gómez que puede recibir tres años de condena excarcelable?

L.N.:
Sí. A él le imputaron más delitos que a nosotros y el acuerdo es más benigno. O el exsubdirector del IDU Inocencio Meléndez, a quien por el mismo delito que nos condenaron a nosotros le impusieron una pena menor, a pesar de que era servidor público. No estamos pidiendo más pena para nadie, estamos pidiendo que la Justicia no nos trate de manera desigual.

SEMANA: ¿Sienten que les pusieron conejo?

L.N.:
¡Claro que sí! El fiscal Guillermo Mendoza nos ofreció que si colaborábamos con la Justicia nos daba un principio de oportunidad total. Luego llegó la fiscal Morales y nos ofreció un principio de oportunidad parcial. Y nosotros hemos seguido colaborando pero, un año y tres meses después, no hemos recibido ese beneficio. Al contrario, el castigo ha sido peor. Ha habido linchamiento mediático contra nosotros por haber destapado la corrupción en Bogotá. Tan cierto es que nos hicieron conejo, que nos ofrecieron el principio de oportunidad por el único delito por el que nos estaban investigando que era el de peculado, y resultamos condenados no por uno, sino por tres peculados y con una cantidad de investigaciones más.

SEMANA: Sí, pero son delitos que pudieron haber cometido…

L.N.:
Pero el problema es que las investigaciones las están abriendo con nuestras propias declaraciones, lo que viola el derecho a la no autoincriminación. Si no hubiéramos abierto la boca, tal vez estaríamos en nuestra casa tranquilos.

SEMANA: ¿Qué les prometieron a ustedes los fiscales?

L.N.:
El principio de oportunidad y que el castigo que recibiríamos por el delito que aceptamos sería inferior al que recibirían los demás procesados por el carrusel de la contratación. La idea era que nos premiarían por haber sido los primeros en destapar la corrupción y ha sido exactamente lo contrario.

SEMANA: ¿Cree que hay un doble estándar del trato a ustedes y a otros implicados como el exalcalde Samuel Moreno?

L.N.:
Indiscutiblemente es así. Los otros contratistas, Julio Gómez y Emilio Tapia, están gozando de la libertad o a la espera de unas penas mucho más bajas que las nuestras. Y los señores Moreno están en condiciones de reclusión diametralmente mejores que nosotros. También es extraño que nos hayan iniciado acciones de extinción de dominio y a los demás no. Embargaron bienes de nuestros padres, de nuestras tías, de nuestras hermanas, que nada tienen que ver con este proceso. A nuestras familias, que viven fuera del país por razones de seguridad y solamente pueden venir una o dos semanas cada semestre, les restringieron la visita solo al fin de semana.

SEMANA: ¿Y quién estaría detrás de ese doble estándar?

L.N.:
Personas interesadas en que no seamos testigos de la Fiscalía y en que la Justicia no conozca la verdad.

SEMANA: ¿Y quiénes son?

L.N.:
Los verdaderos responsables, que son los funcionarios de la Alcaldía.

SEMANA: ¿Es decir Samuel Moreno?

L.N.:
Sí. Y todos los demás. El país no parece conocer el poder de ellos. ¿O qué explicación puede tener que nuestra situación sea peor que la de todos ellos cuando los que realmente hemos colaborado somos nosotros? Contra nosotros hay una verdadera persecución. Hace unos días capturaron a Miguel Ángel Nule, el papá de Miguel y de Manuel, por un proceso en el que la Fiscalía ya lo había absuelto. También hace poco embargaron unas acciones de Ecopetrol de una hermana que las compró con un crédito de un banco. Le embargaron al papá de Guido unos bienes que tiene hace más de 20 años. Y el director del Inpec, el general Ricaurte, también la ha emprendido contra nosotros. No nos deja autoabastecernos, como lo ordenó la Fiscalía. A la señora que nos preparaba los alimentos aquí en la cárcel le preguntaron cuánto cobraba por envenenarnos y eso lo denunciamos hace unos tres meses. Es que a nosotros nos quieren callar.

SEMANA: Ustedes dicen que los quieren callar. Por otro lado, Julio Gómez y Emilio Tapia van a lograr unas condenas bajas y ya no se verán obligados a confesar ni a dar testimonio contra nadie. Y la investigación de otro personaje clave, Álvaro Dávila, no avanza. ¿Creen que hay una estrategia orquestada para que eso pase?

L.N.:
Los hechos hablan por sí mismos.

SEMANA: Ustedes se muestran como víctimas, pero a mucha gente le parece que siete años de cárcel, que podrían reducirse a cuatro, es poco para el daño que los retrasos de las obras le están causando a Bogotá…

L.N.:
Si usted le pregunta a cualquier penalista que cuánto se debe imponer por peculado a un particular que acepta cargos, que reintegra el dinero y que colabora con la Justicia, le diría que la pena no puede ser mayor de cuatro años. Todo el mundo cree que nos robamos un dinero del Distrito cuando la verdad es que al IDU se le devolvió más dinero del monto del peculado: se le devolvieron 69.000 millones de pesos, cuando el peculado que imputó la Fiscalía es por 44.000 millones.

SEMANA: ¿Pero eso lo devolvió Segurexpo?

L.N.:
Sí, pero por una póliza que adquirimos con ellos y que costó cerca de 9.000 millones de pesos. Hoy la compañía de seguros está reconocida como acreedor de la liquidación en la Superintendencia de Sociedades y muy seguramente va a recuperar ese dinero.

SEMANA: Pero, ¿hay otros dos peculados por los dos contratos de la malla vial?

L.N.:
La Fiscalía nos obligó a aceptar esos dos peculados para otorgarnos el principio de oportunidad. Pero el IDU nos certificó en una carta del 20 de septiembre de 2011 que en esos dos contratos no se ha perdido plata. Volviendo al contrato de TransMilenio, esa fase tres tenía cinco contratos distintos de los cuales los Nule solo participaron en uno. Los atrasos se han producido en los cinco contratos, no solo en el de los Nule, y hoy no se ha concluido ninguno. Esto prueba que los atrasos son por mala planeación y falta de diseño de la Alcaldía.

SEMANA: Mejor dicho, ahora nadie robó nada…

L.N.:
No, lo contrario. Nosotros aceptamos el delito. Pero lo que no es justo es que todo el peso de la ley caiga sobre nosotros, a los demás les pase poco o nada e intenten callarnos para que las conductas de los verdaderos responsables queden impunes. Cualquier explicación que nosotros demos, cualquier acto de defensa, es objeto de burla. Porque si se trata de lapidarnos, no importa cómo se haga, simplemente debe hacerse.

SEMANA: Pero es que el descalabro de Bogotá no se produjo por obra y gracia del Espíritu Santo...

L.N.:
¿Será que los atrasos de todos los contratos de Bogotá, que son bastantes, son responsabilidad nuestra? Le recuerdo que desde 2009 no tenemos ningún contrato ni construimos nada.

SEMANA: El Inpec encontró en el sitio de reclusión iPhones, iPads, computadores, camas más cómodas. Contrario a la persecución de la que hablan, parecían presos de primera clase…

L.N.:
Teníamos lo autorizado por el Inpec. Tenemos la prueba documental que le estamos entregando de que todo estaba autorizado -desde el televisor hasta el colchón- y es lo mismo que tienen los del patio R Sur y otros patios. Lo que resulta muy raro es que el general Ricaurte decida maltratarnos justo cuando el fiscal del caso empieza a venir a La Picota para coordinar los testimonios que debemos rendir en las audiencias.

SEMANA: ¿Es decir que el general Ricaurte también está interesado en que ustedes no hablen?

L.N.:
Preferimos no responder. Lo único que le podemos decir es que la Corte Suprema, el procurador y el Consejo de Estado han certificado nuestra colaboración eficaz con la Justicia. Eso en cualquier país del mundo implica que debiéramos ser tratados con la dignidad que amerita un testigo.

SEMANA: ¿Por qué ustedes ya no quieren ir a las audiencias?

L.N.:
Eso no es cierto. De acuerdo con la ley, basta con que nuestros abogados nos representen en la audiencia. Pero el juez 36 se empeña en seguir a como dé lugar ese proceso, a sabiendas que son esos delitos los que serán objeto del principio de oportunidad. El fiscal le ha dicho tres veces al juez que está en curso el principio de oportunidad y él hace caso omiso.

SEMANA: ¿La Fiscalía les ha explicado por qué no les ha dado el principio de oportunidad?

L.N.:
Esa es una buena pregunta para la Fiscalía.
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