Martes, 30 de septiembre de 2014

| 2013/07/14 00:00

“Nosotros no aspiramos a legalización de las FARC”

El presidente de la UP, Ómer Calderón, llamó a otros sectores a crear una fuerza política que le de piso a los acuerdos de La Habana.

El presidente de La UP, Ómer Calderón. Foto: SEMANA.

Semana.Com: ¿Cómo recibió la noticia del Consejo Estado sobre devolverle la personería jurídica a La UP?

Ómer Calderón: Es positivo. El fallo significa un reconocimiento de parte del Consejo de Estado de que en Colombia se ha cometido un genocidio por razones políticas contra una agrupación de izquierda. El Consejo de Estado hizo un viraje en la interpretación y consideró que el Consejo Nacional Electoral no debió quitarle la Personería jurídica a la UP porque no estaba en condiciones de participar en el proceso electoral.

Semana.com: ¿Cómo fue la historia de participación política de La UP?

O.C.: En 1986 el gobierno de Barco cumplió la promesa de nombrar en las alcaldías a los partidos políticos que hubiesen ganado. Nosotros obtuvimos un total de 23 municipios de todo el país. En esas zonas estaba representada casi la mitad del PIB. Tuvimos 9 representantes y 5 senadores como parte de esa convergencia.

En 1987 comienza una mayor ofensiva. Asesinan a Jaime Pardo Leal, a José Antequera y a Bernardo Jaramillo, entre una larga estela de dirigentes. Nosotros solicitamos que retiraran nuestro nombre del tarjetón. Se produjo la votación y el número de votos disminuyó y ese fue el argumento legalista del CNE para quitarnos la personería jurídica.

Semana.com: ¿Qué significa para los upecistas el mensaje del Consejo de Estado?


O.C.: A la UP se le fue liquidando por razones políticas, por los éxitos electorales que obtuvo, por los buenos resultados de sus gestiones en las 23 alcaldías, por la buena tarea de sus congresistas. Por ningún motivo porque haya sido la combinación de votos y armas. Esto reafirma lo que ya sabíamos pero el país debe conocer: la UP nunca obtuvo su votación como resultado de la coerción armada. Por el contrario la UP significaba la búsqueda de una paz estable y duradera. En Colombia no se deben seguir usando las armas para liquidar a una fuerza política.

Semana.com:  El fallo no dice si la UP debe cumplir con el umbral en las próximas elecciones. ¿Cómo piensan mantener la personería jurídica?

O.C.: La personería jurídica debe tener vigencia independientemente de los resultados electorales hasta tanto la persecución y estigmatización sobre la UP y las fuerzas políticas democráticas y progresistas no cambie.

Semana.com: ¿Cómo así?

O.C.: Es que las condiciones para el ejercicio político en dos ejemplos dan cuenta de que la persecución no ha terminado: el caso de César Jerez, líder de los campesinos del Catatumbo y el alcalde de Bogotá. Al primero lo acusan con señalamientos poco serios, tanto, que no han procedido judicialmente. En el caso de la alcaldía de Bogotá hay una persecución política y sistemática de los órganos de control, no en razón de la buena o mala gestión que esté adelantando Petro sino por su agenda política.

SEMANA.COM: ¿Se presentarán a las urnas?

O.C.: Podemos tener un acercamiento de las fuerzas sociales y políticas en la perspectiva de crear una sólida base política para respaldar un tratado de paz duradero en Colombia. Debemos hacer los acercamientos y conversaciones con sectores del liberalismo, del conservatismo, de Progresistas, del Polo, del Congreso de los Pueblos, de Marcha Patriótica, entre otros con quienes nos identificamos en el propósito de darle una solución política al conflicto social y armado que vive el país.

Si continúa la dispersión en que está la izquierda y los sectores progresistas, entraríamos a considerar la posibilidad de no participar en las elecciones, porque la UP ha sido diezmada, y sigue la persecución, lo cual nos lleva a considerar que solos no podemos entrar en una contienda electoral.

SEMANA.COM: Ustedes han dicho que una reparación debe tener medidas de satisfacción, no repetición y restitución. ¿Eso qué significa?

O.C.: La personería jurídica solo es una pequeña parte del reclamo para que haya justicia y reparación. Le pedimos a la Fiscalía que considere como un caso emblemático y colectivo los crímenes sistemáticos a nuestros dirigentes y simpatizantes. La reparación implicaría tres tipos de medidas: el reconocimiento del Estado por acción y omisión; la difusión de la verdad en los medios de comunicación del mensaje de que la UP no fue una fuerza que haya utilizado armas como siguen sosteniendo para participar en la vida electoral y la enseñanza de una cátedra que cuente esta experiencia histórica en los colegios. También debe haber garantías de no repetición. Y en tercer lugar medidas de restitución, por ejemplo de las curules y recursos que se perdieron o se desviaron en las zonas donde tenía influencia la UP.

Semana.com: Se ha dicho que la UP podía recibir a los militantes de las FARC que dejen las armas y quieran entrar en la política. ¿Cómo ve esa posibilidad?

O.C.: Las FARC son una fuerza política en armas. Su participación política está en la mesa y las soluciones que promuevan serán propias y específicas de ellos. Nosotros no aspiramos y no es nuestro propósito servir como escenario de legalización de la participación de las FARC después de unos acuerdos. Lo que nosotros quisiéramos es un gran acuerdo de fuerzas que respalden un tratado de paz, entre las cuales podríamos incluir a la fuerza política que surja de los acuerdos de La Habana.

SEMANA.COM: ¿Qué viene ahora para La UP?

O.C.: Estamos actuando en dos perspectivas: el reclamo de los derechos conculcados ante el Consejo Nacional Electoral para que se resarzan los daños causados por la pérdida de la personería jurídica y la exigencia al Estado para que reconozca el genocidio y proceda a la reparación. Y en segundo lugar el escenario político. Estamos frente a un certamen electoral y la idea es construir una causa común por la paz de manera que logremos hacer una amplísima coalición que represente un tratado de paz duradero.

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