NOVEDAD EN EL FRENTE

El sangriento e injustificado balance que había dejado el paro armado generó tanto rechazo de la opinión hacia la guerrilla que era difícil imaginar que pudiera producirse un nuevo hecho que lograra superar la indignación causada por la ofensiva de la semana anterior. Sin embargo la barbarie de la emboscada realizada por las Farc el lunes pasado a un contingente de soldados que regresaban de custodiar el oleoducto transandino en Puerres, Nariño, lo logró. Las escalofriantes imágenes de los cuerpos calcinados de los 31 soldados, dinamitados y luego rematados por 150 guerrilleros sin que tuvieran la más mínima oportunidad de defenderse, sumadas a los dramáticos testimonios de los 16 sobrevivientes, hicieron aún mayor el repudio generalizado por la crueldad de la guerrilla y dejaron en muchos colombianos la sensación de impotencia total frente a la atrocidad de la subversión.Ante la brutalidad de las Farc y la impresión de desamparo de la gente, el gobierno que ante la escalada terrorista había adoptado un controvertido mutismo finalmente reaccionó. Después de prolongar por 90 días más el estado de conmoción interior decretado tras el asesinato de Alvaro Gómez Hurtado, dictó un decreto para reglamentar la creación de zonas especiales de orden público en las cuales la situación lo requiera, con el fin de otorgar a las autoridades militares mayores facultades para contrarrestar la acción de los subversivos, y anunció el estudio de otras medidas complementarias como el llamamiento temporal de algunos contingentes de reservistas. Pero no se quedó ahí. Aprovechando que el ambiente estaba caldeado en contra de la guerrilla, el Ministerio de Defensa consideró que había llegado la hora de presentarle al país las propuestas que desde hace cinco meses venía preparando un grupo de congresistas, encabezado por el senador Germán Vargas Lleras, con el comando general de las Fuerzas Armadas y el propio Ministerio con el fin de reestructurar y fortalecer las fuerzas armadas en ciertas áreas que, en concepto de los proponentes, resultan trascendentales para mejorar la capacidad de los militares para enfrentar la subversión.Es así como el miércoles pasado el senador Vargas Lleras presentó en una rueda de prensa en el Ministerio de Defensa un paquete de cinco proyectos de ley _algunos de ellos firmados conjuntamente por los congresistas y el Ministro de Defensa_,donde propone la reforma del artículo 220 de la Constitución, la modificación del reglamento de las Fuerzas Militares, la redefinición y reorganización de la seguridad y defensa nacionales y la desvinculación de los servidores de la defensa nacional de la carrera administrativa.El síndrome de la ProcuraduríaEntre los proyectos, sin duda alguna, el que más polémica ha generado es el de reforma del artículo 220 de la Constitución, que busca que los miembros de la fuerza pública sólo puedan ser juzgados y sancionados disciplinariamente por los mismos militares o la Policía y no por la Procuraduría, tal y como se establece actualmente. El argumento que esgrimen los proponentes del proyecto, que no está firmado por el Ministro de Defensa, es que una de las razones por las cuales las Fuerzas Armadas se han vuelto menos operativas es por el llamado 'síndrome de la Procuraduría', es decir, el temor que tienen los miembros de las fuerzas militares y la Policía de que la Procuraduría los investigue por eventuales faltas o errores cometidos en servicio. Como explicó a SEMANA un oficial, "uno muchas veces prefiere quedarse quieto y no arriesgarse en un operativo por miedo a terminar empapelado. Es más seguro que dárselas de audaz y después resultar con una investigación dentro de la hoja de vida que le friegue a uno la carrera".Aunque hay sectores civiles que reconocen que efectivamente hay dentro de la Procuraduría una tendencia a prejuzgar a los policías y militares, dando por descontada su culpabilidad cuando son denunciados por supuestas faltas cometidas en servicio, la corriente de opinión que piensa que quitarle a las Fuerzas Armadas el control externo sería otorgarles patente de corso para actuar como quieran es bastante fuerte. Según Carlos Rodríguez, de la Comisión Colombiana de Juristas, "de aprobarse el proyecto de ley se estaría repitiendo en el terreno disciplinario la impunidad que hay en en la justicia penal militar. Todos queremos tener una fuerza pública eficaz, pero también una fuerza pública frente a cuyos abusos los ciudadanos no nos sintamos víctimas inermes".Hay también quienes piensan, como el ex consejero para la Seguridad Nacional Armando Borrero, que debe buscarse una propuesta intermedia. "El síndrome de la Procuraduría es una realidad. Pero también es cierto que los militares cometen de vez en cuando sus barbaridades. Se debe buscar una combinación de fuero militar con control externo que supere las deficiencias actuales de la Procuraduría o un cuerpo de justicia militar que no dependa de la línea de mando sino, por ejemplo, del Ministerio de Defensa".El mayor obstáculo para la aprobación de este proyecto es sin duda alguna que Colombia se encuentra en este momento en la mira de los organismos internacionales, precisamente por las violaciones a los derechos humanos atribuidas a las fuerzas militares (ver recuadro). Como comentó a SEMANA un alto funcionario del gobierno, "la presentación del proyecto de ley cuando estamos a punto de lograr que no prospere la propuesta del nombramiento de un relator de las Naciones Unidas para derechos humanos no podía ser más inoportuna".Soldados profesionalesOtro de los proyectos que ha llamado mucho la atención es el del Estatuto del Soldado Profesional, el cual tiene como fin fortalecer el actual cuerpo de soldados voluntarios del Ejército y duplicar en los próximos años el número de hombres que lo componen, que actualmente es de 19.000. El argumento de los proponentes es que es imposible pretender que el Ejército sea eficaz en la lucha contra la subversión con soldados poco entrenados que están en la institución sólo mientras prestan el servicio militar obligatorio y que cuando ya adquieren algo de entrenamiento se van.Es por esto que los congresistas plantean que se establezca un régimen para los soldados profesionales que les garantice unas condiciones económicas aceptables y unos beneficios que los motiven a actuar, incluyendo la posibilidad de que reciban las recompensas ofrecidas a los civiles cuando sean ellos quienes contribuyan a la captura de delincuentes intensamente buscados. A este cuerpo podrían ingresar, como lo hacen ahora, los soldados que después de haber prestado el servicio militar obligatorio quieran hacerlo, quienes pueden retirarse en el momento que lo deseen o permanecer en él hasta cumplir los 35 años, después de lo cual tienen la posibilidad de hacer curso para suboficiales u oficiales, si así lo desean, o tomar algunos de los cursos de capacitación que el Ejército estaría en obligación de ofrecerles durante los últimos dos años para que aprendan algún oficio antes de retirarse.Aunque en general los conocedores del tema están de acuerdo con que la profesionalización de los soldados que participan en la lucha contraguerrillera es conveniente y podría redundar realmente en una mayor efectividad, la propuesta de que puedan aceptar recompensas no es vista con buenos ojos. En opinión de Armando Borrero, "los agentes del Estado no pueden convertirse en unos cazarrecompensas como si fueran cualquier civil. Eso atenta contra la esencia misma de la fuerza pública, introduciendo una motivación privada para actuar que no es conveniente en quienes son armados por el Estado".En este caso, el mayor escollo para la aprobación del proyecto consiste en que conformar una fuerza de soldados profesionales como la que se propone cuesta alrededor de 50.000 millones de pesos al año, recursos que en este momento el gobierno no está en capacidad de asignar a las Fuerzas Armadas y que tampoco puede garantizar en un futuro próximo.Otro de los proyectos que va en la misma dirección de motivar a los miembros de las Fuerzas Armadas es el que propone modificar el reglamento interno de las fuerzas militares, estableciendo la posibilidad de sumar tiempos de servicio por acciones heroicas en la defensa del orden público y de ascender no sólo por antigüedad sino también por méritos. El mismo proyecto propone ampliar a cinco años el escalafón complementario, es decir darle a los coroneles que no asciendan a generales la posibilidad de permanecer en el Ejército por cinco años más y no sólo por dos como está establecido actualmente.El debatePara los militares, que participaron activamente en la elaboración de los proyectos, éstos reflejan muchas de sus necesidades más sentidas y sin duda contribuirían a mejorar la efectividad de la tropa. En opinión del general Ramón Eduardo Niebles, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, "mientras más herramientas tengamos, más corta va a ser esta lucha, bien sea porque la ganemos o porque logremos que cuando los guerrilleros se sienten a dialogar lo hagan verdaderamente pensando en la paz".Sin embargo, más allá del contenido mismo de los proyectos, hay quienes consideran que lo que se está configurando en este momento es la recuperación por parte de los militares de la autonomía en el manejo del orden público que habían perdido con el nombramiento de ministros de Defensa civiles, lo que polarizaría aún más la confrontación armada. "Reformas como las propuestas no van a ayudar a solucionar el conflicto. Por el contrario, contribuyen a radicalizar aún más a sus protagonistas y a alejar cualquier posibilidad de solución porque alimentan la espiral de la violencia", dijo a SEMANA el experto en asuntos militares Francisco Leal, quien piensa además que lo vivido en las dos últimas semanas es apenas el comienzo de lo que puede ser una gran ofensiva guerrillera cuyo fin es aprovechar la debilidad política del gobierno y la ineficacia del Ejército para recuperar la iniciativa.Para los autores del proyecto, en las actuales circunstancias, el debate no puede seguir circunscribiéndose a si las fuerzas armadas colombianas sirven o no. "El hecho _explica el senador Vargas Lleras_ es que no tenemos a quién más acudir para enfrentar la situación de orden público. Así que si queremos que las fuerzas militares pasen de la defensiva a la ofensiva hay que darles los instrumentos para que puedan hacerlo y confiar en ellas. Si abusan o no de esta confianza, sólo el tiempo lo dirá".Independientemente de las razones que los distintos sectores argumentan para atacar o defender los proyectos, la realidad es que las soluciones al conflicto se ven cada vez más distantes. Al finalizar la semana se esfumó una de las pocas esperanzas de negociación que existía, al anunciar el grupo Jaime Bateman Cayón su retiro de las conversaciones que había iniciado con el gobierno, lo cual dejó prácticamente en el aire la política de paz de la administración Samper, que por ahora tendrá que limitarse a tratar de detener como sea la ofensiva desatada por la guerrilla para evitar que continúen los actos de salvajismo como el perpetrado contra los 47 soldados en Nariño. Los derechos humanos en 1995 egún el informe anual que publica el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre los derechos humanos en Colombia, el número de violaciones contra éstos cometido por las fuerzas de seguridad del gobierno disminuyó en 1995 pero la situación general en el país continuó siendo crítica, con instituciones como la Policía y las Fuerzas Militares cometiendo abusos, como muertes políticas y extrajudiciales, secuestros, torturas y otros maltratos físicos.El reporte de 1995 precisa que durante el primer semestre de ese año, el número de asesinatos en Colombia aumentó de 78 homicidios por cada 100.000 habitantes, que había sido el promedio de los cinco años anteriores, a 83,71 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto quiere decir que, en cifras, en los primeros seis meses de 1995 se cometieron 19.450 asesinatos y al finalizar el año el número de homicidios pasó de 30.000.Según la organización no gubernamental Justicia y Paz, entre enero y junio de 1995 hubo en Colombia 1.288 asesinatos políticos. De los responsables identificados, 45 por ciento resultaron ser miembros de grupos paramilitares, 27,5 por ciento pertenecían a la guerrilla y 24 por ciento a las Fuerzas Armadas u organismos de seguridad del Estado.Durante el año se reportaron aproximadamente 1.200 casos de secuestro, aunque las autoridades creen que la cifra es aún más alta, pues muchas familias no los reportan para proteger las negociaciones tendientes al rescate. La Defensoría del Pueblo, por su parte, recibió entre enero y junio 98 reportes de desapariciones forzadas atribuidas al crimen organizado, la Policía, las Fuerzas Militares, los paramilitares y la guerrilla.Según el informe, durante 1995 continuaron reportándose torturas a detenidos por parte de la Policía y las Fuerzas Militares y también casos de torturas perpetradas por grupos paramilitares. En mayo del año pasado la Procuraduría General elevó cargos contra siete miembros del Ejército, 17 de la Policía Nacional y tres detectives del Departamento Administrativo de Seguridad _DAS_ por su presunta participación en incidentes de tortura en todo el país.