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| 5/23/2015 10:00:00 PM

“Nuestra lucha es por la igualdad”

La defensa de Claudia López y Angélica Lozano ante el Consejo de Estado mostró el avance en derechos de la comunidad LGBTI, pero también lo mucho que falta.

“Soy mujer, bisexual y pongo la cara por quienes están en el clóset. Busco que esta sociedad cambie”. Así comenzó Angélica Lozano su intervención en el Consejo de Estado. El alto tribunal citó a la representante y a la senadora Claudia López por cuenta de una demanda que interpuso contra ellas un pastor cristiano. Este asegura que ambas deben perder su curul porque se lanzaron al Congreso estando inhabilitadas por ser pareja.

La escena era algo macondiana: dos de las congresistas más críticas del país sentadas frente a una decena de magistrados con sus togas, en el marco de una de las peores peleas entre el Capitolio y el Palacio de Justicia. Un pastor que fue senador por cuenta de que en su partido, Colombia Viva, condenaron por parapolítica a los que habían ganado y que lleva a la audiencia dos revistas Jet-set como la prueba reina para demostrar que ellas sostienen una “relación estable”. Una alta funcionaria de la ultraconservadora Procuraduría que pide protegerlas, pero por las razones contrarias: el organismo que representa considera que los gais no tienen los mismos derechos que los heterosexuales.

Como aseguraron las dos parlamentarias en la audiencia, la demanda tiene algo de absurdo. En el país, las parejas con una orientación sexual diferente no formalizan sus relaciones no porque no quieran, sino porque muchas veces no pueden. La misma senadora López reconoció que era imposible “probar lo que no existe” pues es soltera por convicción porque “no tengo las garantías jurídicas para proteger esa que sería la decisión personal y familiar más importante de mi vida. No pienso exponerme a ser tratada como una ciudadana de segunda”.

Proteger esa decisión de la que habla López no es solo importante para la comunidad LGBTI, sino para el Estado. Tanto que es uno de los debates más profundos en la Corte Constitucional que revisa actualmente unas tutelas en las que la Procuraduría pide anular los pocos matrimonios que se han realizado. El alto tribunal decidió el jueves pasado que la discusión era tan de fondo que había que hacer una audiencia pública para escuchar todos los puntos de vista.

El proceso contra Claudia López y Angélica Lozano probablemente no prosperará. Legalmente las inhabilidades se configuran cuando existe un matrimonio o una unión marital de hecho que requiere mínimo dos años de convivencia. Y López, quien se ganó una beca Fulbright para hacer un doctorado en Chicago, solo regresó al país el año pasado meses antes de ser elegida senadora. En la audiencia, ninguna de las dos negó el noviazgo que tienen, pero aclararon que equipararlo legalmente a un matrimonio –algo que no se ha hecho con las parejas heterosexuales– es otra forma de discriminación, en parte con el propósito de someterlas al escarnio público. Por eso dijeron que su lucha no es por los gais, sino por la igualdad de comunidades históricamente excluidas. “Estarían aquí una pareja de novios, hombre y mujer congresistas, o es porque somos mujeres”, concluyó Lozano en su intervención en la alta corte.

En todo caso, que esta demanda sea estudiada por la sala plena del Consejo de Estado y que dos congresistas hablen abiertamente de su orientación sexual muestra dos realidades: lo mucho que ha cambiado Colombia y lo mucho que aún le falta por recorrer. Hace algunas décadas las declaraciones que han dado López y Lozano eran impensables. Hasta 1980 el Código Penal castigaba con tres años de cárcel a los hombres que sostuvieran relaciones sexuales entre sí. El tema era un tabú y quienes tenían la valentía de salir del clóset eran tratados como enfermos o anormales.

La Constitución de 1991 y la creación de la corte que la resguarda cambiaron ese panorama. Mientras el Congreso archivaba todos los proyectos y le hacía el quite a esa discusión, en la justicia los gais coronaron grandes y pequeñas victorias. En 1993 ganaron el derecho a cambiarse a un nombre del otro sexo; en 1996 a no ser despedidos del trabajo por su orientación sexual; en 2003 a visitar a sus parejas en la cárcel; en 2007 a heredar; en 2008 a recibir alimentos y la pensión de sobreviviente; en 2013 les reconocieron que sus uniones constituyen familia; en 2012 pudieron adoptar como solteros; en 2014 adoptar a los hijos biológicos de su pareja.

“¿Quiénes van a celebrar a una EPS, llenar una afiliación y radicar un formulario? Nosotros, los homosexuales que no teníamos derecho a hacer eso hasta el 2007. Han sido más de 70 fallos de la Corte Constitucional protegiendo nuestros derechos. Los hemos celebrado todos”, les dijo Angélica Lozano a los magistrados en la audiencia. La congresista agregó que en esas 70 sentencias hay todo un catálogo de derechos, pero faltan dos para garantizar la igualdad total: el matrimonio y la adopción.

Ambas discusiones serán definidas por la Corte Constitucional en los próximos meses, y si llegan a ser aprobadas el 2015 podrá ser el año de los LGBTI en Colombia. No es descartable que esto suceda. Hasta hace algunos meses la Corte Constitucional estaba dividida en un número exacto de magistrados conservadores y liberales. La sentencia que analizó la adopción por parte de parejas del mismo sexo quedó en tablas con una votación de 4-4. Fue así como la decisión terminó hace unos meses en manos de un conjuez, el expresidente de la Corte Suprema José Roberto Herrera. Su voto inclinó el asunto hacia una vía intermedia que fue aprobar solamente la adopción de los hijos biológicos como lo hace hoy Alemania, Finlandia y Austria.

Pero el balance de la corte cambió completamente hace dos semanas cuando el Consejo de Estado restituyó a Alberto Rojas como magistrado. Este había sido apartado del cargo por un tema procesal pues su elección había sido pública contrario al reglamento. Con su llegada los conservadores pierden un voto, el de Martha Sáchica, la secretaria general de la corte que estaba en encargo.Como Rojas es un liberal, algunos anticipan que la sentencia que estudia la validez de los matrimonios puede quedar 5-4 y la que analiza otra demanda sobre adopción podría quedar 6-3. Esto último porque en ese proceso fue llamado como conjuez  Jaime Cordoba Triviño, otro liberal reconocido.

Lo que se decide en esas dos sentencias no es solamente la figura de la adopción o del matrimonio, sino la posibilidad de las múltiples y diferentes formas de vivir en familia. Como recordó la senadora López en un foro hace unos días, en Colombia desde hace muchos años la foto de los colombianos dejó de ser únicamente la de un papá y una mamá. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de Profamilia, el 32  por ciento de los menores vive solo con la madre; el 3 por ciento, solo con el padre, y el 7 por ciento con ninguno de los dos. Eso sin mencionar a los cerca de 11.000 niños que podrían ser adoptados y cuya familia hoy es un hogar del ICBF.

A ese foro organizado por Colombia Diversa y la Fundación Buen Gobierno asistió Evan Wolfson, fundador y director de Freedom to Marry,  quien tambien lidera una lucha similar para que la Corte Suprema de los Estados Unidos apruebe el matrimonio gay. El experto terminó su conferencia diciendo que “al mismo nivel de la conquista de la libertad y de la igualdad está poder lograr que todos los seres humanos tengan la libertad de amar”. Algo similar dijo la congresista Claudia López cuando salió de la audiencia en el Consejo de Estado. A los pocos minutos publicó un tuit: “Soy mujer, feliz, soltera y felizmente enamorada de un ser maravilloso como Angélica Lozano. Ni lo niego ni me avergüenzo ni es ilegal amar!”.
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