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| 12/5/2013 12:00:00 AM

Aceptan otra demanda contra Marco Jurídico para la Paz

Corte Constitucional fijaría su posición respecto a delitos transnacionales como el narcotráfico y terrorismo.

En teoría la Corte Constitucional meses atrás había declarado exequible (ajustado a la constitución) el polémico Marco Jurídico para la Paz, herramienta del Gobierno para afrontar en materia judicial y política la dejación de las armas por parte de los miembros de las FARC en un eventual acuerdo de Paz. Pero la realidad es otra.

Hace pocas semanas fue aceptada por parte de la Corte Constitucional una nueva demanda enfocada directamente a las eventuales condenas que podrían tener los miembros de las FARC condenados por delitos como narcotráfico y los actos de terrorismo, los cuales coincidencialmente son objeto de estudio del tercer punto de la agenda entre el Gobierno y la guerrilla.

Semana.com tiene en primicia el auto de aceptación de la demanda interpuesta por Rafael Guarín la cual inadmitida en un primer momento pero ahora mediante un recurso de súplica fue aceptada en su totalidad. Esta demanda busca tumbar la posibilidad de que responsables de delitos conexos a la pertenencia y financiación de grupos armados ilegales puedan participar en política (narcotráfico y terrorismo).

Según el auto, con ponencia del magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, “la demanda hace referencia a conductas que deben ser castigadas penalmente de forma ordinaria, so pena de sustituirse dichos elementos estructurales, particularmente los delitos de terrorismo y narcotráfico” precisa el auto.

Por lo cual la Corte indica al aceptar la demanda que “es necesario que el alto tribunal adelante un estudio sobre el particular el cual, por sus particularidades y complejidad, excede el ámbito de la admisibilidad y debe ser decidido mediante sentencia de mérito, precedida de la participación ciudadana y del Procurador General de la Nación”, expresa el auto.

La demanda pide tumbar el artículo 67 transitorio de la Constitución, que fue incorporado a través del Marco Jurídico para la Paz, y que establece la posibilidad de que a través de una ley estatutaria se consagren aquellos delitos que pueden tener conexidad con el delito político.

Es decir que mediante una ley el Congreso de la República –con excepción de los crímenes de lesa humanidad y de genocidio- podría permitir que el resto de atrocidades cometidas por las FARC, incluido el delito del narcotráfico, se declaren conexos con el delito político, con el fin de que los individuos incursos en ellos puedan participar en política.

El próximo año se definirá si está demanda tiene futuro para llevarla a la Sala Plena de la Corte Constitucional y poner en aprietos nuevamente al Gobierno.
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