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| 9/28/2015 4:00:00 PM

El sorpresivo caudal electoral de un pueblo

Sorprende que a Nueva Granada, un municipio donde la pobreza asciende al 80 %, hayan llegado miles de supuestos inmigrantes. El CNE anuló 2.000 de los 3.000 registros de cédula inscrita previa a estas elecciones.

Nueva Granada (Magdalena) es uno de esos tantos municipios de la región caribe colombiana donde la pobreza rampante contrasta con el voraz apetito electorero de ciertos sectores indeseables de la clase dirigente.

No se trata de una población que ofrezca muchos atractivos para desarrollar un proyecto de vida. Altos niveles de desocupación que azotan a sus 20.000 habitantes, el casi nulo acceso a servicios y la poca presencia de la empresa privada son sólo algunos de los dolores de cabeza que aquejan a los granadinos.

Sin muchas esperanzas para encontrar una ruta que eleve sus condiciones de vida, los pobladores de la olvidada municipalidad piden no seguir soportando la opresiva realidad de muchos de sus coterráneos del Caribe. No quieren seguir siendo víctimas de la miseria y al mismo tiempo terminar saciando el apetito voraz de tantos representantes de la clase política.

No fue casual que el Gobierno decretara allí una zona de calamidad pública por falta de acceso de la población a agua potable; tampoco cuentan con servicio de gas domiciliario, su cobertura de servicios telefónicos no supera el 3 % y sólo el 8 % de los hogares en la zona rural cuentan con servicio de energía eléctrica.

Más de 12.000 personas, es decir, casi el 61 % de sus habitantes, están afiliadas al régimen contributivo de salud. Eso significa que menos del 40 % de la población cuentan con un empleo formal. No es infundado que el propio portal oficial del municipio admita que los niveles de pobreza ascienden al 80 %.

Pero mientras los granadinos están cansados de la falta de oportunidades y tanta promesa sin cumplir, en otras poblaciones parecieran ver Nueva Granada como la tierra prometida. O así parecieran demostrarlo las cerca de 3.000 personas llegadas de otros rincones que solicitaron inscribir allí sus cédulas por su supuesto traslado a la golpeada población y que, por supuesto, estarían habilitadas para votar allí.

No por malpensados, sino por experiencias pasadas, miles de habitantes de la población sospechan que no se trataba de una repentina e inexplicable ola migratoria. Muchos de ellos están convencidos de que se trata de un episodio descarado de trashumancia, del que deben ocuparse las autoridades, para evitar que Nueva Granada, como otros municipios de Magdalena y de la región atlántica, siga siendo un fortín electorero del que los políticos sólo se ocupan en épocas de campaña.

Y los pobladores demostraron que ya no están dispuestos a seguir soportando más abusos. En sólo cuatro horas 2.799 granadinos –es decir, el 14% de la población– firmaron una solicitud para que el CNE, las autoridades disciplinarias y el Ministerio Público se ocupen de la situación, pues no quieren que los votos trasteados vuelvan a decidir sus destinos.

Para quienes apoyaron la suscripción de la  queja, sólo 500 de los titulares de esos documentos de identidad que se registraron en esa población han demostrado tener arraigo en ella, lo que pondría en evidencia cómo la voracidad de la clase política y no los programas de gobierno siguen siendo la nota predominante del debate electoral.

Al menos en parte, el CNE acaba de darles la razón. El viernes pasado, cuando se vencía el plazo para fijar el censo electoral en todos los municipios del país, se conoció una resolución en la que se excluyeron del registro casi 2.000 cédulas que habían sido inscritas en el municipio.

Corresponderá ahora a autoridades disciplinarias, y si es del caso las penales, determinar si esta estas 2.000 personas son aventureros que quieren ayudar a los granadinos a salir de la pobreza o si son otros de los tantos electores que, por necesidad o por inmoralidad, contribuyen a las fraudulentas maniobras de políticos inescrupulosos que se niegan a abandonar el poder.

Ya en la contienda electoral de hace cuatro años se comprobaron casos en los que personas que no vivían en el municipio terminaron votando en él. En esa oportunidad, el CNE anuló la inscripción de algunas cédulas, tras verificar que se trataba de casos de trashumancia. Los electores no quieren repetir esa historia.
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