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Francisco Rojas Birry fue imputado con nuevos cargos. | Foto: Guillermo Torres

JUDICIAL

Los pecados del exconstituyente Rojas Birry

Pagaba una condena por haber recibido dineros de DMG. Ahora aceptó su culpa participar en el ‘carrusel de la contratación.

21 de febrero de 2014

La vida de Francisco Rojas Birry, ha sido de contrastes. Tuvo el privilegio, hace 23 años, de haber representado no solo a su comunidad Embera en la Asamblea Nacional Constituyente, sino a los colombianos que vieron en él, a un joven abogado honrado, que apunta de sacrificio había logrado sacar su carrera de abogado adelante. Hoy es uno de los señalados de haber contribuido con el desfalco de las finanzas distritales.

Rojas Birry nació en 1960 en el Alto Baudó, una de las zonas más selváticas del país. Realizó, con mucho esfuerzo su carrera profesional gracias a una beca de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín. En su desarrollo como líder indígena creó diferentes organizaciones que agrupaban y defendían los derechos de los suyos.

Su arribo al Congreso de la República siempre causó admiración, pues se había ganado a pulso un espacio político. Poco a poco dejaba atrás sus costumbres y se convirtió en un importante representante del Polo Democrático. Fue concejal, senador y personero de Bogotá.

Pero su imagen se desmoronó el 20 de abril del 2009, cuando ante el juzgado 32 municipal de Bogotá, la Fiscalía le imputó cargos por enriquecimiento ilícito, dentro de una investigación que lo vinculaba con la captadora ilegal DMG cuyo creador era David Murcia Guzmán.

En mayo del 2012 ese proceso terminó con una condena en su contra de ocho años de cárcel. El pecado, fue haber recibido 200.000 millones de pesos de parte de DMG, para pagar deudas y financiar la campaña a la Personería. Desde entonces el expersonero permanece en prisión.

Su historia y sus problemas judiciales no terminarían allí. Ya en la cárcel la Fiscalía anunció que le imputaría el delito de cohecho propio. La razón: como personero recibió 500 millones de pesos a cambio de no investigar las irregularidades de la contratación en Bogotá durante la administración del alcalde Samuel Moreno. Rojas, aquel indígena reconocido, entraba a hacer parte del listado de funcionarios distritales que sucumbieron al denominado ‘carrusel de la contratación.

Este jueves 20 de febrero en una sala de audiencias del centro judicial de Paloquemao, el expersonero, exsenador y exconstituyente pidió a gritos tres veces perdón. "Pido perdón, perdón y perdón. Por no haber ejercido el control público. Por no haber hecho mi labor", dijo al tiempo que reconoció haber recibido 150 millones de pesos por parte del excontratista Julio Gómez, a cambio de no vigilar y ejercer control, sobre los contratos en la ciudad.

El político además es vinculado con las irregularidades del contrato 1229 de las ambulancias en Bogotá, desarrollado en el 2009 que le costó a la ciudad 67.000 millones de pesos y que hoy tiene a más de un exfuncionario en apuros con la justicia.

La historia de Rojas Birry es la de muchos líderes políticos que un día juraron servir a la comunidad pero que, con el paso del tiempo, se confundieron con el poder.