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| 10/30/2013 12:00:00 AM

Reforma a la justicia: ¿por qué ahora sí?

Tras no hacerlo en la legislatura anterior, Santos y el Congreso creen que ahora sí es el momento. ¿Temen una constituyente?

Dos de los grandes protagonistas del mayor escándalo político durante el actual gobierno, el orangután de la reforma a la justicia, salieron ante las cámaras de televisión a decir que tras ese fracaso, ahora sí es el momento para reformar la administración de la Rama Judicial.

El presidente Juan Manuel Santos, quien sólo se percató del esperpento del proyecto cuando la prensa y la oposición denunciaron los micos que el Congreso y el poder judicial le habían metido al texto y se la devolvió al parlamento para que la hundiera, parece haberse percatado apenas ahora que era necesario reformar el poder judicial.

El reciente escándalo que compromete al magistrado Henry Villarraga y las noticias sobre un cartel de jueces en Paloquemao, parecen ser el motivo que llevó al presidente a afirmar: “Sí hay que hacer una reforma de la justicia”.

El actual presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, no sólo respaldó la afirmación del presidente Santos sino que ofreció el Capitolio para iniciar de inmediato la discusión de la reforma. Incluso, que si el Gobierno quiere tramitar un proyecto de esa naturaleza, el parlamento estaría dispuesto a aprobarlo.

Las palabras del presidente Santos y del senador Cristo parecen un acto de contrición. Más a sabiendas que al Gobierno y al Congreso les queda materialmente imposible reformar la justicia.

Al actual Congreso, que culmina su período el 20 de junio del 2014, tan sólo le quedan cuatro meses y medio hábiles. Los congresistas salen de vacaciones el 16 de diciembre y regresan el 20 de marzo, tan solo ocho días después de las elecciones de Congreso, cuando se sabrá quién llega y quién sale del Capitolio. Para terminar el 20 de junio, cuando se clausura la legislatura del gobierno Santos.

Por tratarse de año electoral, a los congresistas se les ve poco por el Capitolio. Por eso cualquier iniciativa que se tramite tardará más de la cuenta.

Cristo dice que este Congreso ya no puede poner como excusa el tema electoral. Y dijo que su deber era en marzo iniciar el trámite del proyecto.

De ser así, apenas podría aspirar a cumplir cuatro debates, los otros le corresponderían al nuevo parlamento, que tendrá una mayor representación del uribismo, quien siempre ha dicho que la única manera de reforma r la justicia es mediante una asamblea nacional Constituyente.

Ya tuvieron la oportunidad

Una reforma a la Justicia como la que este Congreso alcanzó a tramitar necesita un año de discusión. Cuatro debates en la Cámara y cuatro en el Senado, que se deben tramitar en períodos separados. Los tiempos legislativos hacen imposible que Santos tramite esta reforma.

La reforma a la justicia, además, es la asignatura pendiente de todos los gobiernos de las últimas décadas. Quizás el más obsesionado con hacerlo fue Álvaro Uribe durante los ocho años de su gobierno. Sus ministros de interior, Fernando Londoño, Sabas Pretelt, Carlos Holguín Sardi y Fabio Valencia Cossio fracasaron en sus respectivos intentos.

Una de las razones por las que fracasaron fue por los impedimentos de los congresistas. En pleno destape del escándalo de la parapolítica, en el 2008, muchos parlamentarios no le dieron la cara al proyecto por tener investigaciones en la Corte Suprema de Justicia.

Tuvo que ser Germán Vargas Lleras, como ministro del Interior, el que despejó el camino. En el 2010 y el 2011, y casi en absoluto silencio, hizo que el Congreso tramitara un proyecto para que los congresistas no se declararan impedidos en las reformas a la Constitución.

Seis meses después Vargas pudo iniciar el trámite, y en marzo del 2023 se la dejó a los ministros Federico Renjifo y Juan Carlos Esguerra.

Al haber sido despojados de sus impedimentos, los congresistas aprovecharon para meterle mano a la reforma, intentaron quitar las causales de perdida de investidura, y hasta cambiaron su juzgamiento. En contraprestación, los magistrados de las altas Cortes se favorecían con el aumento en la edad de retiro forzoso y en la ampliación de sus períodos. Gabelas que se otorgaron en medio del silencio del Gobierno.

Por eso, cuando el Gobierno cantaba victoria por haber conseguido la aprobación de la reforma, el entonces ministro Esguerra afirmó que el Congreso le había enviado un mensaje al país de que sí se podía reformar la justicia sin recurrir a una Constituyente.

Dos semanas después, cuando el presidente Santos pidió archivar el proyecto, en un procedimiento que, para muchos, supuso una violación a la Constitución, Esguerra tuvo que renunciar y, por ende, dar a entender que sin Constituyente no habría manera de reformar la justicia.

Más aún cuando la Corte Constitucional tumbó la reforma de Vargas Lleras que lavantó los impedimentos. Lo cuál haría casi imposible su trámite en el legislativo.

Ahora el presidente Santos y el Congreso parecen pedir una última oportunidad para hacerlo. Quizás a sabiendas de que las falencias en la administración de justicia, cada vez más evidentes, sólo se podrán hacer mediante una Constituyente, un escenario al que Santos ya dijo no.
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