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| Foto: Presidencia de la República

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“Este acuerdo no volverá a La Habana. Está cerrado”

El presidente Juan Manuel Santos y los partidos políticos coinciden en que la forma más efectiva de refrendar e implementar el acuerdo definitivo con las FARC será por la vía del Congreso.

15 de noviembre de 2016

Voces de felicitación a los negociadores del Gobierno, y apoyo total e irrestricto al nuevo acuerdo de paz, alcanzado el pasado fin de semana con las FARC en La Habana, se registraron este martes en la Casa de Nariño cuando el presidente Juan Manuel Santos presentó a los voceros de los partidos políticos los alcances del nuevo documento de 310 páginas con las que se pondrá punto final, ahora sí, al conflicto armado con el mencionado grupo insurgente.

Para los congresistas, el nuevo acuerdo sí incluye cambios sustanciales, es un buen pacto de paz y tiene carácter definitivo. “Este acuerdo no volverá a La Habana. Está cerrado”, aclaró el presidente de la U, senador Armando Benedetti, a lo mejor como mensaje tácito al Centro Democrático, que aún se encuentra en una especie de “asamblea permanente” analizando el contenido de lo renegociado. Para los uribistas, el nuevo documento no incluye cambios sustanciales y a diferencia de lo que piensa el Gobierno, aún admite modificaciones.

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Pero más allá de las bondades del nuevo acuerdo, lo que ocupó la atención del mandatario, sus ministros y los congresistas fue el paso a seguir. El acuerdo de paz con sus modificaciones debe ser refrendado e implementado, y aún siguen vigentes varias alternativas para hacerlo. Pero la que se advierte más viable es que ambos mecanismos se hagan de forma simultánea en el Congreso.

El representante Hernán Penagos, ponente del acto legislativo para la paz y uno de los asistentes a la reunión de la Casa de Nariño, le explicó a Semana.com que para refrendar este nuevo acuerdo existen otras alternativas como un nuevo plebiscito, los cabildos abiertos y una ley de refrendación en el Congreso colombiano.

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“La refrendación por el Congreso es más rápida por una sencilla razón, la refrendación sólo tiene efectos políticos, mientras que los verdaderos efectos jurídicos los tiene la implementación de los acuerdos. Después de la firma del acuerdo de paz, habrá que expedir actos legislativos y leyes que permitan sacar adelante los 5 puntos de la agenda de acuerdos. La idea más útil es llevar al Congreso los proyectos de implementación y que se adelanten a la mayor brevedad”.

Mauricio Lizcano, presidente del Senado, también testigo de la conversación en el palacio presidencial, dijo con seguridad que el escenario de un nuevo plebiscito está totalmente descartado, entre otras por la inconveniencia política de someter a los colombianos nuevamente a una confrontación en las urnas.

Benedetti, en cambio, es de los que creen que el nuevo acuerdo no necesita refrendación. Su tesis es que el resultado del plebiscito fue un 50-50, y ahora, luego de que se incluyeron “las mejores y el mayor número de observaciones del No”, las cargas están 70-30. “No creo que se necesite ningún tipo de refrendación si ya se resolvieron las observaciones del No”.

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Por eso, Benedetti considera que el presidente de la República tiene vigentes las facultades para llevar este nuevo acuerdo de paz y someterlo a consideración del Congreso.

Las mismas facultades que Santos tenía con el primer acuerdo, pero desde el inicio del proceso de paz el mandatario se comprometió a que el pueblo colombiano tendría la última palabra, y sólo se implementaría en el caso de que, por la vía del voto popular, fuera aprobado. Esto significa que el nuevo acuerdo no pasaría por el escrutinio popular, sino que directamente llegaría al Congreso.

La decisión se debe adoptar y anunciar en los próximos días. El Gobierno espera una determinación de la Corte Constitucional frente al acto legislativo por la paz, para que habilite el procedimiento legislativo ‘fast-track’ que estaba condicionado a la refrendación popular de los acuerdos.

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El escenario ideal para el Gobierno en materia de implementación sería que la Corte habilitara este procedimiento abreviado para que las reformas a la Constitución y los proyectos de ley para traducir los acuerdos de paz se aprueben en los próximos seis meses. De lo contrario, la implementación en el Congreso deberá ser por el procedimiento ordinario, que contempla hasta ocho debates para las reformas constitucionales, con lo que se dilataría la implementación.

Por una vía o por la otra, el único camino que se advierte para salir del estado de limbo jurídico tras el plebiscito pasa por el Congreso. Allí ya se preparan para sesionar hasta en sesiones extraordinarias y extender las sesiones hasta el 22 de diciembre.

Este miércoles, en el Senado, habrá un cónclave entre los partidos políticos para preparar el procedimiento ante el inminente aterrizaje del nuevo acuerdo de paz. En esa reunión a puerta cerrada el único movimiento político ausente será el Centro Democrático, al que parece no convencer lo renegociado en La Habana.