Domingo, 4 de diciembre de 2016

| 2016/03/19 00:00

Clamor por un nuevo código policial

Cada día que pasa es más evidente la necesidad de aprobar un nueva reglamentación para los desafíos de la seguridad urbana. El Congreso, por fin, discute un proyecto.

El código, que no se revisa hace 46 años, daría herramientas para prevenir y castigar actividades como colarse en el transporte masivo o comercializar celulares robados.

El 10 de noviembre de 2013, Hernando Hernández asesinó a machetazos a su esposa, a dos de sus hijos y a su sobrina en su casa del barrio Bosa San Diego en Bogotá. Alertados por los vecinos que oían los gritos, varios policías llegaron al lugar y desde la calle oyeron el minuto a minuto de la dolorosa masacre. Pero no pudieron hacer nada. La razón: no tenían una orden judicial que les permitiera entrar a la casa para salvar a la mujer y los menores.

Situaciones como esta, en las que por cuenta de un formalismo la Policía no puede cumplir su función de garantizar la convivencia, se presentan a diario en todo el país. No en vano, y a pesar de ser testigo de uno de cada diez casos de violencia intrafamiliar que se dan en Colombia, la Policía nada puede hacer.

Los problemas de convivencia suelen cambiar con el tiempo, lo cual obliga a renovar las normas que permiten a las autoridades proteger a los ciudadanos. En el caso colombiano, eso no ha sucedido desde agosto de 1970, última fecha en que se actualizó el Código de Policía.

Debido a ese rezago normativo, hoy en día alcaldes, inspectores y policías no tienen cómo actuar preventivamente o contrarrestar transgresiones que no se presentaban hace 46 años en el país o que no eran vistas como afrentas a la convivencia. Entre ellas, las violaciones a las normas de uso del suelo, el funcionamiento de colegios y universidades piratas, el maltrato animal, la ocupación ilegal de humedales o zonas protegidas o la comercialización informal de tarjetas sim card y celulares.

“A comienzos de los setenta, Bogotá enfrentaba otros problemas”, dice Daniel Mejía, secretario de Seguridad de la capital, al tiempo que le pide al Congreso sacar adelante el nuevo código para prevenir situaciones como las ‘colatones’ y los bloqueos de TransMilenio o sancionar a quienes las generen.

Es el caso del caos que ocurrió el pasado 13 de febrero cuando en varias zonas de la ciudad más de 120 personas tiraron piedras y palos a los buses articulados, y menos de 20 quedaron vinculadas a un proceso judicial. Si bien no es de la órbita del Código de Policía determinar castigos, tipificar delitos o determinar procesos para penalizarlos, sus herramientas deben servir para desestimular y sancionar actos que afectan la convivencia y la calidad de vida.

En lo que se refiere a las ‘colatones’ y los daños a bienes públicos, como los buses de TransMilenio, el nuevo código plantea que quienes atenten contra el sistema podrán ser llevados de inmediato por un policía a tomar un curso pedagógico sobre comportamiento social. Este curso servirá para redimir parte de una multa que se impondrá y que, en caso de no ser pagada, implicará que el responsable de la contravención será reportado en una central de riesgo crediticio. Si la persona se resiste a ir al curso, podrá ser acusada de desacato judicial.

El alcalde de Cali, Maurice Armitage, y el de Barranquilla, Alejandro Char, se han sumado al clamor que la administración de Bogotá le ha hecho al Congreso para sacar adelante el código. Aunque el peso de las contravenciones suele variar de ciudad en ciudad, hay algunas que afectan a todo el territorio. Es el caso de la venta de celulares robados en establecimientos comerciales. Hoy en día, si un policía encuentra un celular robado en un almacén, este puede ser decomisado y el almacén puede seguir funcionando. Si el nuevo código logra convertirse en realidad, las autoridades locales podrían suspender el funcionamiento del establecimiento y cerrarlo definitivamente en caso de reincidencia.

Medidas como esa ayudarían a que el gobierno nacional pudiera sacar adelante estrategias como la que busca atacar el mercado de celulares robados, y que hoy mueve en el país más de 830.000 millones de pesos al año. No obstante, para que sean realidad, se requiere mayor voluntad política de la que ha habido hasta el momento.

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, le dijo a SEMANA que en el primer consejo de ministros de 2016 el trámite del código se definió como prioritario y que, por tanto, le solicitó al Congreso agendar su discusión la semana pasada, comenzando las sesiones ordinarias. A pesar de esta solicitud, los ponentes, entre los que se encuentran los senadores Germán Varón y Claudia López, sienten que al gobierno le ha faltado coordinación e impulso. Y es que si bien los temas que toca el código son de interés de todos los ministerios por tener que ver con el medioambiente, las comunicaciones, la salud, y la educación, entre otros, el impulso del gobierno a su trámite ha sido débil.

Con el argumento de que necesita socializarlo, desde 2011 el gobierno ha realizado más de 100 jornadas de redacción del código con el Ministerio de Defensa, la Alta Consejería para la Seguridad y Convivencia y la Policía; siete foros regionales con autoridades locales y gremiales; cuatro sesiones de trabajo con el equipo jurídico de todos los ministerios; una ronda de reuniones individuales con los ministros y dos audiencias públicas en el Concejo de Bogotá. Después de todas estas reuniones, radicó una iniciativa en el Congreso, la cual ya surtió uno de los cuatro debates que se necesitan para que sea aprobado.

En el Legislativo, los opositores al proyecto del código han insistido en la necesidad de evaluar cuáles de sus disposiciones podrían limitar la actividad económica y afectar el derecho a la intimidad, como podría ocurrir con algunas facultades a la Policía para entrar a residencias sin orden judicial. También han señalado que la norma, de ser aprobada, estaría priorizando la seguridad sobre las libertades representando una visión derechista de la sociedad.

Pero la seguridad y la convivencia no se pueden encasillar en la dicotomía izquierda y derecha. En últimas, los mapas de concentración del delito y de resolución violenta de conflictos se ubican en los territorios donde habitan las personas de menores ingresos. Desde 1995, se han presentado al Congreso ocho versiones del Código de Policía. Si la que se discute ahora no es aprobada por el Senado y la Cámara antes del 20 de junio, la iniciativa morirá de nuevo.

De que esto no suceda, dependerá la posibilidad de que todos los municipios cuenten con un instrumento necesario para mejorar la convivencia que exigirá el posconflicto.

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