Nuevo dolor de cabeza para ejecutivos de InterBolsa

El escándalo de la comisionista Interbolsa no para y ahora tiene un nuevo elemento. Este jueves Jaime Granados, representante del Fondo Premium Capital Appreciation Fund, que representa a 1.260 inversionistas que perdieron cerca de 149 millones de dólares, amplió su denuncia contra los empresarios Juan Carlos Ortiz Zárate, Tomás Jaramillo Botero y Víctor Maldonado Rodríguez, porque considera que ellos cometieron dos delitos más de los ya anunciados.

Granados, en un extenso documento, prueba en mano, le dice a la fiscal Alexandra Ladino Pinzón, quien lidera el grupo que investiga a los exdirectivos de Interbolsa, que Ortíz, Jaramillo y Maldonado no sólo cometieron los delitos de estafa, abuso de confianza, operaciones no autorizadas con accionistas y asociados, manipulación fraudulenta de acciones y concierto para delinquir, sino captación masiva de dineros, que deriva en la obligación de devolver los dineros recibidos.

Es decir, el abogado considera que la Fiscalía debe investigar ahora a estos personajes por haber creado algo más que una ‘pirámide’, igual quizá, a la controvertida DMG.

La nueva denuncia va más allá. Pide que en la investigación se vincule formalmente a Álvaro Tirado Quintero, expresidente de Interbolsa, y a John Muñoz, exrepresentante legal de la sociedad Valores Incorporados, así como el encargado de la tesorería de la sociedad Rentafolio Bursátil y Financieros S. A. S. También pide que a ese expediente se vincule a Alessandro Corridori, quien enfrenta otro proceso por su participación en el descalabro de Interbolsa.

Entre las pruebas están incluidas aquellas que indican que los comisionistas, distinto a lo que se creía, recibían los dineros de los 1.260 inversionistas en Colombia y hacían creer que los recursos llegaban a Curazao, donde estaba la sede el Fondo Premium. Los abogados encontraron además millonarias transacciones en Colombia con ese dinero sin que los inversionistas lo supieran.

Uno de esos movimientos fue un crédito otorgado a la firma Ecocafé, una supuesta exportadora del grano que el 11 de marzo fue intervenida por la Superintendencia de Sociedades por considerarla una pirámide.

Entre los registros se encontró que Ortíz, Maldonado y compañía le hicieron un crédito a Ecocafé por 53.000 millones de pesos el 18 de agosto del 2010, aun cuando ya esa firma estaba intervenida y no podía cumplir su objeto social. El dinero salió de los ahorros de los 1.260 inversionistas. De ese crédito se perdieron, según se ha establecido, tres millones de dólares.

Los investigadores ahondan en las pesquisas para establecer si parte del dinero del Fondo que supuestamente salió hacia Curazao fue regitrado ante las autoridades oficiales o, como se piensa, se quedó en Colombia y sirvió como base para las irregularidades.

La Fiscalía también está advertida de que Ortíz y Maldonado no han entregado ni un solo peso para resarcir el daño a estas personas que confiaron en la supuesta buena fe de los empresarios.