Nuevo modelo con ahorro revolucionará la vivienda

La discusión sobre las medidas que se deben tomar para enfrentar la situación dentro de las cárceles generó un acalorado debate, que reflejó la urgencia con la que se debe actuar para garantizar los derechos de los internos y de los ciudadanos.

En el debate ‘El futuro de las cárceles: reforma penitenciaria y sistema penal colombiano’, la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, defendió la propuesta del gobierno con respecto a las alternativas para reducir el hacinamiento de los centros de reclusión, entre los que se encuentran la contratación directa para la construcción de nuevos centros penitenciarios, los beneficios en la ejecución de la pena, la prisión domiciliaría, la vigilancia electrónica y la libertad condicional para las condenas de menos de tres años de prisión.

“Este código lo que hace es tratar de hacer coherentes los derechos de las personas privadas de la libertad, para dar prelación a los derechos en seguridad y justicia de la ciudadanía”, dijo.

Sin embargo, para el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, aunque el espíritu de la propuesta es acertado, el problema radica en la grave crisis que atraviesa el sistema penal colombiano: “Se ha acudido al populismo punitivo, un derecho penal simbólico, con códigos de hierro y penas draconianas, con el fin de despertar percepciones de seguridad”, afirmó.

Por su parte el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, advirtió que las medidas improvisadas han ocasionado la violación del derecho a la libertad y al proceso justo. Para solucionarlo es necesario que se adopten medidas como la declaratoria de un estado de emergencia social, así como el nombramiento de jueces de ejecución de pena.

Finalmente se concluyó que se deben tramitar medidas que a corto y mediano plazo respondan a la actual crisis, pero también avanzar hacia la construcción de una reforma integral de la política criminal.