NUEVO RECORD

En materia de secuestros acaba de alcanzar un punto increible: 86 casos al mes. La luna de miel que parece estar viviendo el país en los dos últimos meses y ese compás de espera que la tregua con los narcotraficantes le ha dado a la guerra, parece ser sólo una ilusión, por lo menos en lo que a la industria del secuestro se refiere.
La retención de personas con fines extorsivos no sólo sigue golpeando prácticamente todas las zonas del país, sino que ha aumentado en una forma alarmante. El promedio de secuestros que en 1988 era de 44 al mes, subió a 56 en 1989 y en lo que va de este año entre enero y agosto ha subido hasta alcanzar la marca de 86 personas retenidas cada 30 días. Si se tiene en cuenta que, según las autoridades, solamente un 40 por ciento de los secuestros que se efectúan son denunciados a las autoridades, las cifras reales pueden alcanzar dimensiones verdaderamente impresionantes.
Pero si el aumento en las estadísticas resulta más que inquietante, lo que preocupa al país es el desmesurado aumento de la impunidad frente a este delito. Según los más recientes datos de este año, si bien el volumen de secuestros realizados por los grupos guerrilleros identificables ha disminuído, han aumentado en la misma proporción los secuestros efectuados por lo que las autoridades han dado en llamar "grupos de justicia privada al servicio del narcotráfico o de la delincuencia organizada" . (Ver Cuadro 1). Este rubro, sin embargo, no es nada más que el paquete estadístico a donde van a parar todos los secuestros cuyos autores las autoridades desconocen. Las dimensiones que alcanzan las acciones de estos grupos armados respondan a una ideología o a un deseo personal de lucro pueden verse claramente en las cifras. Según información obtenida por SEMANA, estos "grupos" cometieron en lo que va del año el 85 por ciento de los asesinatos a dirigentes y funcionarios, el 90 por ciento de los asesinatos de civiles y el 58.5 por ciento de los secuestros.
Pero lo grave no es tanto el crecimiento desaforado del número de secuestros en todo el país, como el hecho de que en los últimos años no se conoce de una investigación exitosa o de un caso juzgado que haga pensar que se empieza a poner freno a este fenómeno. La impunidad en que queda cada uno de estos delitos explica la proliferación de secuestros que está teniendo lugar en los últimos años. (Ver Cuadro 2).
Una de las razones que podría explicar el aumento de este delito en los últimos meses, apunta al desempleo sicarial que la tregua con el narcotráfico ha generado. Según informes de las autoridades de Medellín, por ejemplo, en las pasadas dos semanas se han cometido cerca de 80 secuestros profesionales en los que se pide entre 1 y 2 millones de pesos. Estos casos parecen responder a acciones aisladas de personas entrenadas quienes, desligadas de su grupo original, emprenden acciones individuales con ánimo de lucro. Se ha vuelto también común en las zonas rurales, el secuestro a personas que, asediadas por la violencia, han decidido vender su tierra y la cifra del rescate corresponde al monto de la venta.
Otra de las razones que hace difícil discernir entre los autores de los secuestros, es la compleja relación que parece existir entre los diferentes grupos que aplican esta modalidad, bien sea con miras propagandísticas o por motivaciones económicas. Las guerrillas, los narcotraficantes, los grupos paramilitares y la delincuencia común en muchos casos, parecen tener un sistema de "servicios cruzados" que se prestan unos a otros según necesidad. En los meses de febrero y marzo de este año se registró un considerable aumento de secuestros a funcionarios y dirigentes políticos que las autoridades consideran sirvieron objetivos propagandísticos ligados a las elecciones de mayo, pero cuyos autores no pudieron ser plenamente identificados. El promedio mensual de secuestros de dirigentes políticos pasó de 9.5 en 1989 a 16.5 en lo que va de este año. Sin embargo, los más afectados han sido los civiles secuestrados con fines económicos. Aquí las cifras aumentaron de un promedio de 46 secuestros mensuales el año pasado a 69 este año. Según las cifras del propio gobierno.
De cualquier manera el hecho es que los números confirman que en la misma medida en que crece este tipo de delito, aumenta la impotencia tanto de las autoridades como de los ciudadanos. La situación, inclusive, parece haber llegado a un punto en el cual las autoridades locales de algunas regiones se han convertido más bien en "consultores" de las familias afectadas sobre el manejo que debe dársele a la negociación. Esta falta de reacción efectiva frente al secuestro, además, hace que entre en acción otro factor que influye negativamente en el esclarecimiento de cada caso cerrando el círculo vicioso de la impunidad. Bien sea por el miedo a quiénes sean los autores, por el temor a un rescate fallido o porque confían en sus propios medios, una buena parte de las personas que han sufrido de este flagelo, no informa a las autoridades, negocia en silencio y cuando salen del asunto -bien o mal- prefieren callar y olvidar. Así, se pierde una información que sería valiosa en un proceso de investigación global sobre este fenómeno que hace ya tiempo hizo metástasis.
Lo cierto es que las dimensiones que está alcanzando el problema obliga a pensar en la necesidad de darle al tema del secuestro un tratamiento especial. En tanto esté amparado por una falta de respuesta de la justicia y continúe siendo un negocio más que lucrativo (se considera que sólo entre 1982 y 1988 se pagaron más de 17.700.000 millones de pesos en rescates), la industria del secuestro al contrario de disminuir está en constante expansión. Las cifras de este año sobre secuestros dan al traste con la efímera paz que tras la tregua anunciada por los narcotraficantes hace dos meses, sentía el país. Los habitantes de Medellín ya no despiertan sobresaltados con el fragor de las bombas pero conocen cada mañana de un nuevo caso de secuestro. Pero lo más preocupante es que ya no se trata de casos circunscritos a Antioquia. La práctica ha aumentado geométricamente y se ha generalizado a todo el país.
Lo ocurrido demuestra además que los problemas que tiene Colombia no se circunscriben a una sóla área. Cuando se empezó a ganar la guerra contra la mafia, los observadores indicaron que el siguiente problema era el de aumento de la inseguridad ante el desempleo sicarial. Algo similar había ocurrido en Barranquilla a finales de la década de los setenta cuando se presentó la destorcida de la bonanza marimbera y lo ocurrido en esta ocasión demuestra que, tristemente, en lo que tiene que ver con el secuestro, la historia se repite.