Nuevo 'round' entre el procurador y el fiscal

Como si fueran pocas las diferencias entre Eduardo Montealegre y Alejandro Ordóñez en conceptos, pensamiento, ideología, entre otras, ahora surge una nueva generada por una simple solicitud. El procurador desde hace más de un mes le ha venido solicitando al fiscal, en innumerables oficios, que le entregue las pruebas que tiene contra los 19 concejales ‘salpicados’ en el carrusel de contratos. El jefe del ente acusador ha dicho no.

Semana.com tiene en exclusiva el más reciente oficio remitido por parte del procurador general Ordóñez al fiscal. En este le pide expresamente que le suministre la información que tiene en su poder en el proceso en curso contra 19 concejales de Bogotá por sus presuntos vínculos con el carrusel de contratos.

El documento de cinco páginas, fechado el 25 de abril de presente año, deja sentada la posición de Ordóñez. Manifiesta que “acudo a su despacho con el propósito de solicitar el traslado de los elementos materiales probatorios, evidencia física e información que obren en todas las actuaciones penales que se adelantan sobre la contratación del Distrito Capital específicamente la relacionada con concejales y exconcejales”. Así se lee en el documento en su primera página.

Para Ordóñez es claro que Monteaegre tiene que darle las pruebas que solicita con el propósito de avanzar paralelamente en las investigaciones y para fomentar la “colaboración armónica entre las entidades”. Por lo cual argumenta su solicitud en la Ley 734. Esta indica que “cuando la Procuraduría necesite información acerca de una investigación penal en curso o requiera trasladar a la actuación disciplinaria elementos que no hayan sido descubiertos, así se lo solicitará al fiscal general de la Nación".

Es tanta la angustia del procurador por las pruebas, que ha manifestado que las investigaciones que se llevan en el Ministerio Público están frenadas por la no entrega de la información que el fiscal tiene en su despacho.

La Procuraduría en el oficio solicita la información de Antonio Sanguino, Édgar Torrado, Efraín Torrado (sí se relaciona con el proceso penal), Fernando Cepeda (si tiene proceso penal), Fernando López, Henry Castro, Hipólito Moreno, Isaacs Moreno (si tiene proceso penal), Javier Palacio, Jorge Durán, Jorge Ernesto Salamanca, José Fernando Rojas, José Juan Rodríguez, Julio César Acosta, Omar Mejía, Orlando Parada, Rafael Escrucería, Andrés Camacho Casado, Severo Correa y Wilson Duarte.

Igualmente solicita la Procuraduría interrogatorios, entrevistas y documentos relacionados con los testigos ‘estrella’ del carrusel de contratos, como los contratistas Julio Gómez y Emilio Tapia. Declaraciones incluso del mismo alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, así como las hojas de vida de los concejales que se encuentran activos con una investigación en su contra.

En la última página de la solicitud Ordóñez le deja claro a Montealegre que: “Agradezco de antemano su apoyo, el que redundará en el cumplimiento de los fines constitucionales de las instituciones que representamos”. Esto es que espera que todo el material sea trasladado para darles celeridad a los procesos en el Ministerio Público.

Fuentes de la Fiscalía le indicaron a Semana.com que la solicitud del procurador tuvo aval en el fiscal que lleva el proceso, Juan Vicente Valbuena, a quien es inicialmente remitido el requerimiento, pero la única persona que puede dar el sí definitivo es el fiscal Eduardo Montealegre.

Es claro que así aparece una nueva arista en las diferencias Ordóñez-Montelagre, que radica en la velocidad de cada uno para avanzar en los procesos. La Fiscalía no ha dado por terminado ninguno de los procesos contra las cabezas del carrusel como Samuel Moreno, los Nule y el excontralor Miguel Ángel Moralesrussi, mientras la Procuraduría ya culminó efectivamente dichos procesos. Al término de este articulo Montealegre tiene el oficio en su despacho y no lo ha firmado.