Nuevos asesinatos y desapariciones en Buenaventura

Grupos sucesores del paramilitarismo son actualmente responsables de secuestros, desapariciones y desmembramientos de habitantes del puerto de Buenaventura, cuya población está integrada mayoritariamente por afrocolombianos, a pesar de las medidas anunciadas hace un año por el Gobierno para detener la violencia, señaló este jueves Human Rights Watch.
 
Hace un año luego de que la Policía informó haber identificado en Buenaventura varios “sitios de pique” donde se habían desmembrado víctimas, el presidente Juan Manuel Santos anunció una “intervención especial” para mejorar la seguridad pública y desarticular los grupos sucesores del paramilitarismo con presencia allí.

Sin embargo, una nueva investigación de Human Rights Watch alerta sobre niveles alarmantes de abusos cometidos por estos grupos desde que comenzó la intervención del Gobierno, incluidas desapariciones, violencia sexual y reclutamiento de niños. Los grupos han llevado a que al menos 6.900 residentes debieran desplazarse de sus hogares desde el anuncio del presidente Santos, y el municipio aún presenta el índice más elevado de desplazamiento forzado de Colombia.

“Ha transcurrido un año desde cuando el Gobierno anunció que iba a adoptar medidas en Buenaventura, sin embargo, poderosas organizaciones criminales continúan sembrando el terror entre la población”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Si bien las medidas ordenadas por las autoridades han contribuido a reducir la violencia, el brutal control que ejercen estas bandas en muchos de los barrios permanece en gran medida intacto”.

HRW visitó Buenaventura en mayo y noviembre del 2014 y en febrero del 2015, y entrevistó a más de 70 personas, incluidas víctimas de abusos, familiares de estas, y funcionarios.

Las autoridades incrementaron la cantidad de policías, infantes de marina, fiscales e investigadores judiciales en Buenaventura y lograron algunos resultados que merecen ser destacados. El año pasado fueron detenidos más de 280 presuntos miembros de los Urabeños, la Empresa y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), los tres principales grupos sucesores del paramilitarismo en Buenaventura. Entre abril y diciembre, se registraron oficialmente 96 homicidios, lo cual constituye un descenso comparados con los más de 150 homicidios registrados en el mismo período durante el 2013, según señalaron autoridades de medicina legal.

No obstante, siguen siendo generalizadas las extorsiones por parte de grupos sucesores del paramilitarismo, los cuales surgieron tras un proceso oficial de desmovilización de organizaciones paramilitares de derecha implementado hace una década, que presentó graves falencias. Los habitantes siguen expuestos al riesgo de sufrir ataques si cruzan “fronteras invisibles” que separan los barrios disputados entre distintas bandas rivales. Los niños viven sujetos a la amenaza de ser reclutados y de sufrir violencia sexual, miles de personas han sido desplazadas y continúan ocurriendo secuestros y desapariciones con impunidad.

La Fiscalía ha iniciado investigaciones en al menos 39 nuevos casos de presuntas desapariciones en Buenaventura desde cuando el Gobierno anunció la intervención en marzo pasado, y esto eleva el total a 88 desde el 2013. Sin embargo, muchos casos nunca se denuncian por el temor a represalias y la desconfianza en las autoridades judiciales.

Desde marzo, se han encontrado en la ciudad los restos desmembrados de 16 personas, de las cuales al menos 12 aparentemente habrían sido asesinadas en un momento posterior al anuncio de la intervención del Gobierno. Esto incrementa a 32 la cantidad de cuerpos desmembrados encontrados allí desde el 2013, si bien es probable que más personas hayan tenido este destino en los dos últimos años.

Una práctica habitual de los grupos sucesores del paramilitarismo en Buenaventura ha sido arrojar los restos desmembrados al mar o enterrarlos en fosas clandestinas. En un año las autoridades han desenterrado 18 cuerpos que estaban en fosas clandestinas, de los cuales al menos 12 habían sido desmembrados.

Hace poco más de tres meses investigadores exhumaron una fosa que contenía los restos desmembrados de Jhon Eder Cerón, de 28 años, cuyo paradero se desconocía desde hacía una semana. La autopsia indicó que había recibido un impacto en el rostro con un objeto con las características de un machete y que había sido desmembrado mientras aún estaba con vida.

El 22 de diciembre, al día siguiente de que dos hombres desaparecieran en el barrio El Progreso, investigadores judiciales registraron en la zona una vivienda abandonada, dentro de la cual hallaron tres machetes y sangre en los muros y el piso. Tres semanas después, las autoridades encontraron fosas clandestinas en el barrio y exhumaron cuerpos desmembrados que, según cree la Fiscalía, serían los de los dos hombres.

En Buenaventura, las bandas criminales atormentan a familiares de víctimas de desapariciones, diciéndoles que sus seres queridos fueron “picados” y los amenazan para que no denuncien lo sucedido. Human Rights Watch documentó tres desapariciones en las cuales los familiares de las víctimas huyeron de Buenaventura debido a que temían por sus vidas.

Entre abril y septiembre del año pasado, el último mes sobre el cual se conocen estadísticas, las amenazas y la violencia en Buenaventura obligaron a 13.682 residentes a abandonar sus hogares, según datos oficiales. Más de 6.900 de estas personas indicaron haber sido desplazadas forzadamente por bandas criminales. Por otro lado, más de 2.300 personas señalaron que fueron víctimas de desplazamiento por parte de grupos guerrilleros; otro grupo significativo de víctimas se abstuvo de identificar el grupo que les desplazó. La guerrilla de las FARC tiene presencia en zonas rurales de Buenaventura menos pobladas.

“La Fiscalía ha adoptado medidas importantes para impulsar investigaciones en Buenaventura, pero evidentemente estas no han sido suficientes para asegurar que haya justicia por las desapariciones y otros graves abusos”, observó Vivanco.

La Fiscalía ha adoptado múltiples medidas para poner fin a la impunidad en Buenaventura, como asignar ocho fiscales nuevos a la ciudad, además de designar investigadores que viajan al puerto para buscar los restos de personas desaparecidas. Esto ha permitido avances importantes, como detenciones en relación con dos casos de desmembramientos cometidos en abril del 2014, y el descubrimiento de múltiples fosas clandestinas desde noviembre.

No obstante, únicamente una fiscal de los 23 que están en Buenaventura está dedicada exclusivamente a la investigación de desapariciones. Tiene a su cargo más de 400 casos de este tipo, algunos incluso que ocurrieron desde hace más de una década. Hasta febrero del 2015, la fiscal había obtenido órdenes de detención en apenas cinco de los más de 400 casos. Los demás se encuentran en la etapa preliminar, lo cual implica que ninguna persona ha sido acusada formalmente, ni mucho menos condenada. Aun cuando la fiscal trabaja con un alto grado de compromiso, el volumen de casos impide que pueda haber avances sustanciales en las investigaciones.

La impunidad también continúa siendo habitual frente a otros delitos graves que ocurren en Buenaventura, como homicidios, violencia sexual y desplazamiento forzado.

Diversos residentes de algunas zonas de la ciudad indicaron que la presencia policial en sus barrios era errática, lo cual los exponía al riesgo de abusos. Numerosas personas afirmaron que todavía desconfían de la Policía, y creen que algunos miembros tienen vínculos con las bandas criminales.