Nuevos roces entre magistrados del CSJ

Fue a él a quien la Contraloría le abrió una investigación por un presunto detrimento patrimonial por la presunta celebración irregular de 20 contratos con un monto superior a 12.000 millones de pesos para la reparación y la construcción de los palacios de Justicia en Mocoa, Cali y Manizales.

Así lo informó El Espectador el 3 de febrero del 2012, pero nunca se supo del resultado de las investigaciones. Como si fuera poco, un compañero suyo, el magistrado Henry Villarraga, denunció, por esa misma época, que Correa habría utilizado los recursos de la Rama para promover un libro de su autoría. Tampoco se supo qué ocurrió con ese tema.

Ahora el magistrado de origen paisa vuelve a estar en el ojo del huracán. Algunos de sus colegas de Corporación que hablaron con Semana.com están dispuestos a denunciar a Correa por la presunta destinación irregular de 1.365 millones de pesos dirigidos al concurso de empleados de la rama judicial en actividades distintas que, para algunos en esa entidad, fueron irregulares.

El 23 de julio del 2012 la Sala Administrativa del CSJ, integrada por los magistrados Jorge Antonio Rugeles, Ricardo Monroy, Néstor Raúl Correa, Édgar Sanabria y José Agustín Suárez, aprobaron el gasto de los recursos para la contratación de actividades previas a la realización del denominado curso-concurso ‘Taller de formación de formadores, adecuación Aula Virtual, registro académico y diseño de módulos de formación’, según se precisa en el acta.

En dicha sala -que por cierto estuvo muy caldeada- se discutieron otros puntos en el orden del día, como asuntos de ejecución presupuestal, distribución de recursos y traslado del presupuesto para la capacitación de funcionarios de carrera judicial en la Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de víctimas y restitución de tierras.

Por lo importante del tema, los cinco magistrados que dieron la discusión fijaron como prioridad la aprobación de 1.919 millones de pesos para capacitar a los funcionarios de carrera judicial. Tras esta aprobación y con el visto bueno de todos los magistrados, el presidente de la Sala, magistrado Néstor Raúl Correa, aprobó la destinación de esos recursos de la siguiente forma:

• 280 millones de pesos fueron empleados para contratar servicios de alojamiento, alimentación auditorios y ayudas audiovisuales que se requirieran para el conversatorio nacional y los cursos de formación de formadores.

• 187 millones de pesos fueron empleados para contratar los servicios de transporte aéreo para el desarrollo de la capacitación y del concurso especial sobre la restitución de tierras.

• 42 millones de pesos fueron empleados para contratar expertos para que ofrecieran las capacitaciones. Otros 42 millones de pesos fueron empleados para la elaboración de un módulo que explicara la temática del concurso.

Nueve meses después, es decir, la semana pasada, los cinco magistrados del CSJ aprovecharon una de sus salas para revisar el desarrollo del proyecto del concurso de empleados.

Allí hallaron algo que no estaba ajustado a lo planteado inicialmente: 1.365 millones de pesos fueron utilizados para contratar "la formación intercultural y de Derecho propio para mejorar la Coordinación con el Sistema Judicial Nacional, en los grupos étnicos”. Es decir, para capacitar comunidades indígenas.

Los magistrados Pedro Munar, Francisco Ricaurte,  Ricardo Monroy, Édgar Sanabria y José Agustín Suárez quedaron perplejos al ver que gran parte del presupuesto destinado a capacitaciones de empleados de carrera fue utilizado para capacitar comunidades indígenas, cosa que no tenía relación con el asunto.

Los magistrados no encontraron ajustadas las razones de semejante gasto y decidieron elaborar una denuncia penal contra su colega Correa que, según dijo uno de ellos, será presentada la próxima semana ante la Comisión de Acusación de la Cámara por presunto peculado. Hasta ahora nadie sabe, a ciencia cierta, cómo se ejecutaron los recursos.

Semana.com habló con el magistrado Néstor Raúl Correa, quien indicó que la responsabilidad del gasto del dinero no es sólo suya, sino de los magistrados que integraron la Sala. Para él, todos consintieron el gasto de los recursos en la formación de comunidades étnicas.

Precisó que esta denuncia en su contra es una nueva realización de sus compañeros de sala porque él ha demostrado ser uno de los abanderados en combatir la corrupción en su sala. Dijo que, últimamente, la Sala Administrativa se parecía a un ring de boxeo “donde la hostilidad y el mal humor reinaban”.

De hecho, el ahora cuestionado magistrado contó una anécdota. Dijo que todo esto se produjo a raíz de una discusión que tuvo con los magistrados Francisco Javier Ricaurte y Pedro Munar por la elección de los candidatos para reemplazar el cargo que dejó el magistrado Julio Enrique Socha Salamanca en la Corte Suprema de Justicia.

Reveló que Ricaurte no estuvo en las audiencias para escuchar a los candidatos y “mágicamente apareció para la votación”. Correa  le recriminó ese hecho, se opuso a que votara de esa manera y, según él, hubo palmoteos, gritos y regaños. Por último dijo que sus colegas se aliaron en su contra a pesar de su radical posición.

El tema no es menor. Más allá de los tires y aflojes y las disputas eternas entre los miembros de esta Sala, lo cierto es que por ahora lo que más importa es que se aclare a dónde fueron a parar cerca de 1.365 millones de pesos.

Correa Henao es el mismo magistrado auxiliar de la Corte Constitucional que en 1995 se vio obligado a renunciar cuando se conoció que se hospedó en el Hotel Intercontinental de Cali por cuenta de Inversiones Ara Ltda. Dicha empresa fue objeto de investigaciones de la Fiscalía por sus nexos con los narcotraficantes Rodríguez Orejuela.

En ese entonces, Correa escribió en su carta de renuncia que viajó a la capital de Valle para presentar un libro, invitado por el Colegio de Abogados Penalistas de Cali, y que nunca supo quién había pagado su estadía.