Medidas extremas para proteger objeción de conciencia en el Ejército

Desde hace años, la Corte Constitucional viene insistiendo que quienes por convicciones filosóficas, culturales y religiosos riñan con el uso de las armas y con la vida militar, tienen que ser eximidas del servicio. Sin embargo, quienes alegan no estar obligados a poner el uniforme por objeción de conciencia siguen teniendo que acudir a la tutela para que se les respete su derecho.

Por eso la Corte Constitucional ordenó tomar medidas para ponerle fin a esa situación.  La Sala Plena del alto tribunal le ordenó a la Dirección del Ejército conformar una comisión de alto nivel que se ocupe de estudiar las solicitudes de exclusión de los objetores de conciencia. El objetivo es poner freno a esa ola de acciones de tutela.

La objeción de conciencia es el convencimiento que adquiere una persona de no estar obligada a cumplir un mandato oficial por razones éticas o religiosas. Frente a estos eventos, las autoridades están en la obligación de respetar esas convicciones al ciudadano y no someterlo a deberes como prestar el servicio militar o practicar abortos.

La Corte Constitucional reconoce que los varones tienen derecho a exhibir esa causa como factor para ser eximidos del servicio militar obligatorio. Sin embargo, todavía son centenares las demandas de tutela en las que los jueces se ven obligados a ordenar el el retiro de los reclutas porque las Fuerzas Militares no respetaron su objeción.

Para tratar de superar esa irregularidad, la corporación ordenó al organismo castrense crear un órgano interdisciplinario para examinar las solicitudes de muchos de ser eximidos del servicio militar a los objetores de conciencia. Según la decisión producida este jueves por el alto tribunal, los casos tendrán que ser resueltos en un plazo máximo de 15 días.

La Corte Constitucional espera que esta medida se haga efectiva para garantizar que los jóvenes colombianos por fin tengan la oportunidad de hacer exigible este derecho, pues ni lo llamados al Congreso han permitido que exista una normativa clara que impida que se sigan desconociendo las garantías de los objetores.