Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 2004/05/30 00:00

Objetivo: mutilar

En las Farc los fusiles pasaron a un segundo plano. Las minas de todo tipo se han convertido en el arma principal para enfrentarse al Ejército y causarle daño a la población civil. Muy poco se puede hacer contra ellas.

El 28 de enero Antonio Córdoba pisó una mina que destrozó su pierna izquierda. Es uno de los 95 soldados que han resultado mutilados en campos minados instalados por la guerrilla. La cifra está creciendo por las intensas operaciones del Plan Patriota. Ellos son los grandes perdedores de la guerra.

La cifra es horrorosa: 43 soldados muertos y 95 heridos por minas en los primeros cuatro meses del año. Más de un mutilado cada día. En voz baja, los generales reconocen que los casos han aumentado y que las últimas semanas han sido las peores. Un médico del hospital militar dice que nunca había visto algo así. A quienes combaten en el Plan Patriota les está quedando claro que las Farc no están peleando con sus fusiles. Han minado el territorio y podrían convertir la mayor ofensiva militar de este gobierno en una pesadilla para civiles y militares. Desde 2002 hasta la fecha los soldados que han caído en campos minados son tantos, que con ellos se podrían crear dos batallones completos. Representan el 60 por ciento de las víctimas. El otro 40 son campesinos. La mitad de ellos, niños.

"Un elemento clave de la guerra es la tecnología. El Estado se modernizó con aviones; las Farc entendieron que su respuesta tenía que ser los explosivos", dice un vocero del movimiento bolivariano. Y su despliegue de perversa creatividad en lo que a explosivos se refiere no tiene límites. Los más conocidos, como el R1 y el anfo, son de fabricación casera. La materia prima son fertilizantes que mezclados con otras sustancias terminan siendo explosivos. Lo más agresivo de la mina es la metralla. Pequeños fragmentos de metal que en el momento de la explosión multiplican el daño de tal manera que sólo un artefacto pueden mutilar a varios soldados. Es el caso de Tito, soldado profesional que aunque no pisó la mina, perdió su brazo derecho porque se le incrustaron seis grapas de las que usan los campesinos para alambrar, y de la cabeza le sacaron dos puntillas.

A León, un soldado con más de 10 años de experiencia, le sacaron una tijera pequeña que le quedó enterrada en el hombro. Pequeños fragmentos le destruyeron también una pierna, un brazo y un ojo. Esa es la metralla. Y el mecanismo para activar estas armas letales es tan sencillo como echar un poco de ácido sulfúrico en una jeringa. Cuando alguien pisa el émbolo de la jeringa, el ácido hace contacto con el anfo y todo vuela. Esta es una de las más sencillas, pero hay decenas de variables con materiales que van desde los tubos de pvc hasta las latas de cerveza y las canecas de leche. Detectarlas es muy difícil. Para evitar que el metal sea detectado las envuelven en plástico, y para que los perros antiexplosivos no las huelan, les mezclan café o boñiga.

"Las minas son el soldado perfecto: su instalación cuesta en promedio tres dólares, dura hasta 20 años y sus efectos son letales", dice un experto del Ministerio de Defensa.

A tal punto ha llegado el escalofriante ingenio de las Farc en el uso de explosivos, que hacen cohetes artesanales con los cilindros donde se almacena oxígeno en los hospitales para usarlos contra las aeronaves. Con ellos han averiado por los menos una docena de helicópteros del Ejército.

Las Farc tienen su propio 'batallón de ingenieros', que instruye en cada frente a los combatientes en el uso de explosivos. "Cada uno de nosotros cargaba seis o siete cazabobos. Los poníamos por donde sabíamos que iba a pasar el Ejército: en los caminos y en los cerros", cuenta Milton, un desmovilizado del frente 49 de las Farc.

El efecto sobre la tropa es devastador: detienen su movimiento, obligan a que el helicóptero baje a evacuar los heridos, lo que les da otro blanco, y generan un impacto sicológico impresionante. En una guerra, los heridos son una carga más grande que los muertos.

Las minas dejan secuelas de largo plazo no sólo en las personas sino en los territorios. En la economía los efectos también son enormes. Según el tercer informe de transparencia que el Ministerio de Defensa presentó ante la Convención de Ottawa, que regula el uso de minas antipersonales por parte de los gobiernos, en los últimos años el Estado colombiano pagó 51.000 millones de pesos en indemnizaciones a soldados lisiados. El 40 por ciento de estos casos fueron víctimas de minas.

Los costos de atención médica son altísimos. El traslado de cada herido en helicóptero cuesta seis millones de pesos. Mientras un herido de bala requiere en promedio dos cirugías, un herido por explosivos requiere en promedio cuatro, y el doble del tiempo de hospitalización. En sólo cuatro años el Hospital Militar gastó en atención a estos heridos 4.000 millones de pesos.

Los costos para el país por causa de las minas son incalculables. El Departamento de Planeación Nacional estableció, por ejemplo, que sólo en el año 2002 los costos directos de atención a las víctimas (civiles y militares) fueron de 8.600 millones de pesos. El estudio va más allá y calcula que en ese año las minas produjeron una pérdida de capital humano cercana de los 450.000 millones de pesos y la pérdida de productividad de las tierras minadas llega a los 90.000 millones.

Pero el costo más alto es que cientos de hombres que no sobrepasan los 25 años, algunos casi adolescentes, están siendo pensionados para el resto de sus vidas, mientras aprenden algún oficio que los vuelva útiles, y cada noche pelean con los fantasmas del campo de batalla. Los mutilados son la imagen de la derrota que lleva intrínseca toda guerra.

En el Estado colombiano, en cumplimiento de su compromiso con la Convención de Ottawa, ya se han destruido 2.000 minas fabricadas por Indumil y que han instalado las Fuerzas Armadas como protección a sus guarniciones y sitios estratégicos como torres de energía y comunicaciones. En octubre se habrá cumplido con la meta de destruir 15.000 artefactos explosivos. Pero en Colombia el mayor problema no son las minas que han sembrado las Fuerzas Armadas sino las que instala la guerrilla. Por eso el gobierno está buscando con urgencia recursos de cooperación internacional para iniciar el desminado humanitario, es decir, desenterrar los explosivos que día a día ponen los grupos insurgentes.

Para hacerlo se enfrenta a dos enormes problemas. El primero es la información sobre campos minados. Hasta ahora se están levantando mapas sobre las regiones más afectadas, pero desafortunadamente la información surge de los incidentes. Es decir, un campo se detecta porque ya ha explotado una mina. Sólo en 2004 han ocurrido 328 episodios, y en la tercera parte de ellos hubo una o más víctimas.

Para hacer un desminado preventivo es vital la información de los desmovilizados que por lo menos pueden contribuir a que se desentierren las que ellos sembraron. Ese es uno de los proyectos que tiene el Ministerio de Defensa para que los ex guerrilleros trabajen y contribuyan con la reparación. "Me gustaría mucho trabajar en eso", dice Milton, con un halo de expiación en su mirada.

El otro gran problema es que mientras el conflicto arrecie es absurdo desminar, pues allí donde se quite una mina, con costos altísimos, la guerrilla seguirá sembrándolas. En el mundo entero las experiencias de desminados se han realizado en medio o después de los pactos de paz. No obstante la Campaña Colombiana contra las Minas, que es una iniciativa civil e independiente de varias ONG, está intentando que los grupos armados ilegales se comprometan a no sembrar minas antipersonales. O por lo menos a señalizar los campos minados. Hasta ahora no ha habido respuesta.

Por eso muchos de los esfuerzos se han orientado en esta etapa del conflicto hacia la sensibilización de la población, buscando que los mismos campesinos den información sobre campos minados y prevengan que sus familias y vecinos caigan en ellos.

Según cálculos de expertos, en Colombia hay por lo menos 100.000 minas sembradas, pero con esta euforia de la guerra el número puede duplicarse, con consecuencias tremendas para el país.

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