Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2010/06/21 00:00

Obstáculos en la recta final

Dos nuevos escollos que surgieron a última hora complican la adjudicación del tercer canal de televisión durante el mes que queda de este gobierno.

Obstáculos en la recta final

La adjudicación del tercer canal de televisión sigue siendo noticia hasta los últimos días del actual gobierno. Tanto despliegue no deja de llamar la atención, pues se trata de un episodio que financieramente no representa mayor cosa para las arcas del Estado -unos 103.000 millones de pesos-, frente a otros negocios, como la Ruta del Sol, que involucra recursos realmente cuantiosos superiores a los 2.500 millones de dólares.

Lo que realmente hace de esta adjudicación un tema de inusitado interés es el hecho de involucrar medios de comunicación que tienen la capacidad de magnificar el asunto y hacerlo parecer como un suceso de impacto nacional.

En esta licitación los protagonistas tienen un interés particular. Unos buscan, vía prórroga, arreglar su situación financiera para poder participar en mejores condiciones. Otros juegan con el tiempo para tratar de conseguir socios y algunos para sacar ventaja económica, por un periodo más, de la menor competencia.

En medio de este escenario de intereses encontrados, el gobierno había tomado la decisión de adjudicar el tercer canal de televisión antes del 7 de agosto, cuando llega el nuevo Presidente a la Casa de Nariño.

La determinación del gobierno, sin embargo, podría truncarse pues acaban de surgir dos elementos que parecen revestir mayor gravedad que todas las protestas anteriores que se han dado en este proceso. Uno tiene que ver con el concepto del Consejo de Estado que el ministro de Comunicaciones, Daniel Medina, engavetó durante cuatro meses y que apenas conoció el jueves pasado la junta directiva de la Comisión de Televisión. En este concepto, el tribunal afirma que con un solo proponente no puede haber subasta. En este momento el único que sigue es el Grupo Planeta, pues la semana pasada se retiraron Prisa y Cisneros.

Los comisionados están molestos porque si bien entienden que el concepto fue solicitado a mutuo propio por el gobierno, dada la trascendencia del mismo, debió compartirlo con ellos.

En este punto, la Cntv se enfrenta al dilema de si acoge o no el concepto del Consejo de Estado que si bien tiene peso, no obliga. En un principio los comisionados han considerado que este se refirió a los pliegos del proceso de licitación anterior, Pero prefirieron tomarse unos días, hasta el miércoles, para analizar su alcance.

El otro problema, tal vez el más grave de todos y que podría ser el más determinante en la adjudicación, es el que tiene que ver con la reciprocidad en el caso de la inversión española. El artículo 25 de la ley española 7 del 31 de marzo de 2010 determinó que para las sociedades licenciatarias de televisión "la participación individual de una persona física o jurídica nacional de países que no sean miembros del Espacio Económico Europeo no podrá superar directa o indirectamente el 25 por ciento del capital social. Así mismo, el total de las participaciones en una misma persona jurídica de diversas personas físicas o jurídicas de nacionales de países que no sean miembros del Espacio Económico Europeo deberá ser inferior al 50 por ciento del capital social".

Esto contrasta con el tope del 40 por ciento establecido por la ley colombiana para una inversión extranjera en este sector. Algunos comisionados consideran que debe haber simetría entre los dos países, con lo cual el tope de inversión extranjera sería del 25 por ciento. Esto no ha sido decretado aún por la Cntv.

El simple hecho de pasar del 40 por ciento de participación del inversionista español, como se conformaron los equipos cuando arrancó el proceso, a un 25 por ciento, significa un cambio tremendo. De hecho, el Grupo Prisa anunció su retiro porque no tiene tiempo para ajustarse. En un negocio que demanda inversiones por 300 millones de dólares, significa que se requiere un socio que ponga un 15 por ciento para cumplir la norma, es decir, que llegue con 45 millones de dólares bajo el brazo. Este monto es imposible de improvisar en cuestión de días.

Según Sergio Michelsen, del Grupo Prisa, los ajustes realizados en la normatividad española podrían impedir a los tres interesados cumplir, y planteó la necesidad de contar con un periodo adicional para reestructurar las participaciones accionariales. En esta medida solicitaron un aplazamiento, pero la Cntv no aceptó.

Ante esta falta de claridad, es preferible resolver primero los dos puntos que aparecieron a última hora, antes de seguir con el proceso. Un poco más de tiempo permitiría que se puedan presentar más proponentes, lo que es mejor para todos. Además, se ajustaría al espíritu del concepto del Procurador de propiciar un mayor beneficio económico para el Estado.

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