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| 2/9/2017 11:33:00 AM

CNE: ¿otra ‘comisión de absoluciones’?

El organismo encargado de determinar si hubo financiación de Odebrecht en la campaña del presidente Juan Manuel Santos, lo integran nueve magistrados, cinco pertenecen a la Unidad Nacional.

“El país quiere respuestas y tendrá respuestas”. Las palabras son del magistrado Alexander Vega Rocha, presidente del Consejo Nacional Electoral –CNE-, el tribunal que tendrá la misión de resolver la pregunta que más inquieta a la clase política nacional y a la opinión pública en general: ¿entraron dineros de los sobornos de Odebrecht a las campañas políticas de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga?   

La duda quedó planteada desde el martes, cuando el fiscal general Néstor Humberto Martínez, el informar sobre los avances de la investigación del caso Odebrecht. Ese día compulsó copias al CNE para que determine si por lo menos un millón de dólares habría terminado en manos de Roberto Prieto, gerente de la campaña ‘Santos Presidente 2014’, insinuación que se desprende de las declaraciones del excongresista Otto Bula, uno de los primeros capturados por este escándalo, y quien prendió su ventilador.  

Contexto: En efectivo y en dos paquetes habría llegado el dinero al gerente de la campaña de Santos

Lo que sorprendió a muchos no solo fue el hecho de que el Fiscal General se hubiera atrevido a mencionar tan delicada hipótesis, aparentemente sin una prueba contundente, sino que haya trasladado la responsabilidad de esclarecerla a un organismo de origen político, como el CNE, que ha demostrado su histórica irrelevancia, no solo para atajar candidatos cuestionados, sino para descubrir irregularidades en la financiación de las campañas.

Con el traslado de la investigación a ese organismo Martínez enviaba un mensaje claro en el sentido de que considera que la situación no ha trascendido aún el derecho penal. Como bien aclaró en la rueda de prensa, en Colombia las infracciones electorales no son necesariamente delitos y es competencia de ese alto tribunal el análisis de los gastos de las campañas y no de la Fiscalía. Incluso, agregó que no podía tomar aún la investigación pues podría configurarse un prevaricato. 

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Sin embargo, no significa que el Fiscal general esté eludiendo la investigación, pues su petición está justificada en la propia Constitución, que le otorga la facultad de investigar la financiación de las campañas políticas, exclusivamente al organismo electoral. El fiscal no descartó que más adelante la Fiscalía pueda abrir procesos penales si se determina que hubo lavado de activos, falsedad de documento y enriquecimiento ilícito. 

Lo que resulta paradójico es que mientras el fiscal Martínez aseguró que ninguna de las decisiones adoptadas por la Fiscalía tienen “alcance político”, sea un organismo elegido por la clase política el que tenga que resolver tan complejo interrogante.  

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El CNE lo conforman nueve magistrados, elegidos por el Congreso en pleno (Senado y Cámara de Representantes), de planchas presentadas por las bancadas de los partidos políticos. Ese origen, para muchos analistas, hace imposible que los magistrados vigilen, controlen y sancionen a los propios partidos políticos que los eligieron, y a los cuales pertenecen. Durante la historia, el tribunal electoral siempre ha estado en manos de algunos excongresistas.

El actual Consejo Nacional Electoral fue elegido en virtud de las mayorías de la llamada Unidad Nacional, la coalición política que acompañó la reelección del presidente Santos. Lo integran dos magistrados que representan al Partido de la U (Alexander Vega y Bernardo Franco), dos del Partido Liberal (Emiliano Rivera y Héctor Helí Rojas), dos del Conservador (Ángela Hernández Sandoval y Carlos Camargo Assís), uno de Cambio Radical (Yolima Carrillo), uno del Centro Democrático (Felipe García) y uno de los Verdes (Armando Novoa).

Significa que una posible decisión de determinar alguna irregularidad en la campaña del presidente Santos necesita la mayoría de los nueve votos, seis de ellos pertenecen a la Unidad Nacional del presidente.

Es tanto el escepticismo frente a lo que pueda pasar en el CNE, que es inevitable la odiosa comparación con la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Un tribunal que tiene que investigar a presidentes y magistrados, y que en más de 60 años solo acusado a uno, el exmagistrado Jorge Pretelt. El caso que más se recuerda es la preclusión al presidente Ernesto Samper por los dineros del narcotráfico que financiaron su campaña presidencial en 1994. Desde aquel momento la célula investigativa del Congreso se ganó el remoquete de ‘Comisión de absoluciones’.

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¿Correrá la misma suerte el Consejo Nacional Electoral? El magistrado Armando Novoa es de los más escépticos. Aunque admite que el CNE tiene  las competencias constitucionales para investigar la financiación de las campañas electorales, en la práctica carece de herramientas para hacerlo: “sin apoyo y colaboración de las autoridades judiciales va a ser muy difícil cumplir adecuadamente con nuestras competencias”.

Hace dos años, Emiliano Rivera renunció a la presidencia del CNE argumentando razones tan similares como las que alimentan el escepticismo del magistrado Novoa. “Estoy agotado de manejar una bicicleta estática”, dijo Rivera, al referirse a la falta de autonomía para dirigir las riendas de la organización y a la falta de presupuesto para cumplir todas sus funciones. ¿Han cambiado las condiciones? Es probable que no.

Pero el actual presidente del CNE, Alexander Vega, desborda de optimismo. Este miércoles dio un mensaje de tranquilidad a la opinión pública: “el CNE tiene los medios reales y efectivos para investigar las presuntas faltas al régimen de financiación de campañas en el país”. Y contrario a lo que muchos advierten, el magistrado asegura que este proceso “no tendrá la complejidad de un proceso penal”.

Vega aseguró que tal como sucedió en el proceso del plebiscito, el CNE “ha demostrado equilibrio y transparencia”.

En manos de los conservadores

Como para pasar de las palabras a los hechos, doce horas después del anuncio del Fiscal general, el CNE se reunió en sala plena y repartió las copias compulsadas por la Fiscalía.

Se determinó abrir investigación a las campañas del presidente Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga (Centro Democrático) y de inmediato se hizo el reparto. Coincidencia o no, los dos procesos quedaron en manos de los magistrados conservadores. La magistrada Ángela Hernández será la encargada de revisar las cuentas de la campaña de Santos, mientras que Carlos Camargo Assís deberá rendir informe sobre la financiación de Zuluaga.

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Lo que tratará de determinar el CNE, en ambos casos, es si hubo omisión al reportar algún gasto de campaña, y determinar si se violó la prohibición expresa de recibir aportes de un gobierno, persona natural o jurídica del extranjero.

Las primeras diligencias se adelantarán la próxima semana, en Brasil. Hasta allí viajará el fiscal Néstor Humberto Martínez y los ponentes lo acompañarán en busca de pruebas. Los primeros vinculados serán los gerentes de campaña, Roberto Prieto (por la de Santos) y David Zuluaga (hijo de Óscar Iván Zuluaga).

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“El país quiere respuestas y tendrá respuestas”, asegura Vega. El país, sin embargo, es muy escéptico de los resultados de la investigación del CNE, donde cinco de nueve magistrados pertenecen a los partidos que apoyaron la reelección de Santos.

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